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6 Apr 2022 - 8:11 p. m.

El Consejo de Estado pide pruebas para evaluar destitución del registrador Vega

Estos son los detalles del expediente judicial que cursa en contra de Alexander Vega, quien no solo tiene en contra un debate de control político, sino un par de demandas de nulidad.
Registraduría durante sorteo de posiciones en el tarjetón electoral para el Congreso.
Registraduría durante sorteo de posiciones en el tarjetón electoral para el Congreso.
Foto: EFE - Carlos Ortega

El registrador nacional Alexander Vega aún no se repone de los golpes continuos que ha tenido desde que se registraron las elecciones al Congreso. Este martes estaba citado a un debate de control político, pero no dio la cara y eso llevó a que varios parlamentarios pidieran que se apartara de su cargo. Y por si fuese poco, el Consejo de Estado desempolvó el proceso que reposa en el despacho del magistrado Luis Alberto Álvarez, quien decretó una serie de pruebas en el expediente que busca que el funcionario abandone su cargo.

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Son dos demandas de nulidad a su elección que llegaron al alto tribunal en 2019. Los documentos exponen una serie de irregularidades respecto de lo que fueron las entrevistas que presentaron los aspirantes a ese cargo. Desde poner en duda la experiencia de Vega por encima de otros candidatos, hasta los lineamientos que se siguieron para recolectar esos testimonios, es lo que reposa en los recursos que salieron a la luz este miércoles en el marco de una audiencia de práctica de pruebas.

Aunque es costumbre que los aspirantes al cargo de registrador asistan al Palacio de Justicia para presentar su folio profesional y resolver una serie de preguntas que hacen los presidentes de las altas cortes, en esa ocasión las diligencias se llevaron a cabo en el Centro de Oficiales de la Policía (CESPO). La razón de esto obedeció a que ese día se adelantaban una serie de protestas que podían afectar la movilidad no solo de los aspirantes y los magistrados, sino que podían ser interrumpidas por el ruido que generaban.

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Si bien esa fue una salida que concertaron los expresidentes de los altos tribunales, los demandantes pusieron en tela de juicio esas decisiones. Aseguraron que las entrevistas se hicieron a puerta cerrada, a su juicio, sin público y no fueron expuestas con un link de internet como garantía de publicidad y transparencia. Con esos argumentos en juego, el magistrado Álvarez decretó pruebas de oficio que van desde citar a los expresidentes de las altas cortes de la época, hasta solicitar a la oficina de prensa de la Corte Constitucional el link en el que se colgaron las entrevistas.

El magistrado Álvarez fijó para el próximo 4 de mayo una diligencia en la que se escuchará a la magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Ortiz, el magistrado Álvaro García y la exmagistrada Lucy Jeaneth Bermúdez. Todos para la época fueron presidentes de las corporaciones y tuvieron en sus manos decidir la forma en la que se adelantarían tales diligencias. Entre otras pruebas que decretó el consejero está solicitar la declaración de Juan Enrique Bedoya, quien fue secretario ad hoc del encuentro.

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Bedoya debe entregar al despacho las horas en las que realizaron las entrevistas, el listado de quienes estuvieron en ellas y si se llevaron a cabo de manera pública o reservada. Del mismo modo, en cinco días, la oficina de prensa de la Corte Constitucional deberá remitir al despacho el link o dirección que se acreditó para acceder a las entrevistas.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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