El contrato que tiene en líos a Alan Jara

Por cuarta vez Alan Jara, exgobernador del Meta, se encuentra en líos judiciales. Esta vez con la Procuraduría, que decidió llamarlo a juicio disciplinario a él y a su secretaria de educación para el año 2015, Ligia del Carmen Saldaña, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato que tenía como objetivo suministrar un complemento alimentario para más de 66.000 niños de varios municipios del Meta. Aunque a simple vista el contrato cumple con los requisitos legales, el Ministerio Público señala que la ración de alimentos contratada tiene un costo superior, en comparación al mismo producto contratado por el Gobierno.

De acuerdo con el pliego de cargos a Jara y a la exsecretaria de educación, conocido por El Espectador, todo este proceso inició con un derecho de petición presentado el 30 de agosto de 2015 por José del Carmen Torres, gerente de la veeduría Prosocial, en el que solicitaba investigar “posibles pagos indebidos al operador PAE del departamento del Meta”. En noviembre de 2015, la Contraloría, entidad en la que se radicó el derecho de petición, trasladó el caso a la Procuraduría Regional del Meta, que diez meses después inició una indagación preliminar.  (En contexto: Procuraduría formuló pliego de cargos contra Alan Jara por irregularidades en el PAE)

Al comienzo, se vinculó al proceso a Martha Elena Herrera, subdirectora de Permanencia del Ministerio de Educación, y a Leonardo Cruz García, alcalde del municipio de Puerto López de esa época. Sin embargo, no se encontraron méritos para continuar con las indagaciones judiciales. En todo este meollo, tal vez la más salpicada es Ligia del Carmen Saldaña, debido a que, en su condición de secretaria de educación, fue la persona que suscribió el contrato para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que hoy la tiene contra la pared a ella y a Jara como gobernador entre 2012 y 2015.  

Según la Procuraduría, el 8 de julio de 2015, Saldaña como secretaria de educación suscribió el contrato n.° 1101, cuyo objeto era “suministro de complemento alimentario modalidad Ración Industrializada dentro de la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para 66.008 niños, niñas y adolescentes escolarizados del departamento del Meta”. El costo de cada ración de alimentos de este contrato era de $2.071 y contenía bebida (en su mayoría eran lácteos o néctares de fruta), cereales (que podían ser pan, brownie o galletas) y fruta, azúcar o dulces. (Le podría interesar: Fiscalía asegura que Alan Jara recibió un soborno de más de $3 mil millones)

Solo esta porción de alimentos tenía un costo de $1.464, a los que se les adicionaban $291 para transporte y preparación y $316 de impuestos. Este contrato, suscrito con la entidad Unión Temporal Nutrición Escolar 2015, tuvo un costo de más de $13.000 millones y garantizaba la cobertura en varias instituciones educativas de 28 municipios no certificados del Meta y Villavicencio. Sin embargo, para la fecha en la que se llevó a cabo tal actuación, el Gobierno, mediante el Ministerio de Educación, ya había contratado ese mismo servicio mediante el contrato de aportes n.° 411 de 2015, en el que se daría la misma cobertura, pero por un costo mucho menor: $6.841 millones; es decir, $7.000 millones más barato. 

En este contrato, efectuado por el Ministerio de Educación, la ración tenía un valor de $971 y contenía lácteos, derivados de cereal, frutas, azúcares o dulces y queso, y estaba bajo los lineamientos técnicos y administrativos impuestos por el Ministerio para la implementación del PAE en el país. Aunque no hay mucha diferencia de productos entre la ración contratada por la Gobernación y la ejecutada por el Gobierno, esta última era $1.100 más económica, por lo que se debió tomar el servicio contratado por el Gobierno y no el ejecutado por la Gobernación. Para la Procuraduría, cuando Saldaña Plazas celebró “el contrato n.° 1101 (…) lo hizo sin procurar buscar el mejor interés de la entidad que representaba”. (Lea también: Alan Jara tendrá que responder por supuesto hueco fiscal de $21 mil millones)

En el caso de Jara, el Ministerio Público consideró que el exgobernador no ejerció correctamente el deber de vigilancia y control respecto de la facultad otorgada a la secretaria de educación, Ligia del Carmen Saldaña. Además, el ente de control señaló que, de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, Jara no estaba exonerado de ningún tipo de responsabilidad en este caso, debido a que, a pesar de que no realizó la contratación de las raciones alimentarias directamente, sí tenía un deber de control y vigilancia de la actividad realizada por Saldaña. Según la Procuraduría para la Contratación Estatal, Jara incurrió en varias faltas disciplinarias. 

La primera tiene que ver con omisión de sus deberes de control de las actividades de su secretaria de educación. Por otra parte, el exgobernador pudo “incurrir en vulneración a su deber funcional (…) porque no procuró que se diera por parte de su delegataria el cumplimiento de las normas contractuales”. Y, por último, Jara también habría quebrantado el principio de eficacia, al  “permitir que su secretaria de educación celebrara un contrato que implicaba el suministro de unos bienes y servicios cuyo costo resultó mayor a los entregados (…) por el Ministerio de Educación, sin justificación verificable hasta esta instancia procesal”. (Lea: “No hay ninguna actuación indebida”: Alan Jara sobre el caso Llanopetrol)

Por cuarta vez Alan Jara, exgobernador del Meta, se encuentra en líos judiciales. Esta vez con la Procuraduría, que decidió llamarlo a juicio disciplinario a él y a su secretaria de educación para el año 2015, Ligia del Carmen Saldaña, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato que tenía como objetivo suministrar un complemento alimentario para más de 66.000 niños de varios municipios del Meta. Aunque a simple vista el contrato cumple con los requisitos legales, el Ministerio Público señala que la ración de alimentos contratada tiene un costo superior, en comparación al mismo producto contratado por el Gobierno.

De acuerdo con el pliego de cargos a Jara y a la exsecretaria de educación, conocido por El Espectador, todo este proceso inició con un derecho de petición presentado el 30 de agosto de 2015 por José del Carmen Torres, gerente de la veeduría Prosocial, en el que solicitaba investigar “posibles pagos indebidos al operador PAE del departamento del Meta”. En noviembre de 2015, la Contraloría, entidad en la que se radicó el derecho de petición, trasladó el caso a la Procuraduría Regional del Meta, que diez meses después inició una indagación preliminar.  (En contexto: Procuraduría formuló pliego de cargos contra Alan Jara por irregularidades en el PAE)

Al comienzo, se vinculó al proceso a Martha Elena Herrera, subdirectora de Permanencia del Ministerio de Educación, y a Leonardo Cruz García, alcalde del municipio de Puerto López de esa época. Sin embargo, no se encontraron méritos para continuar con las indagaciones judiciales. En todo este meollo, tal vez la más salpicada es Ligia del Carmen Saldaña, debido a que, en su condición de secretaria de educación, fue la persona que suscribió el contrato para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) que hoy la tiene contra la pared a ella y a Jara como gobernador entre 2012 y 2015.  

Según la Procuraduría, el 8 de julio de 2015, Saldaña como secretaria de educación suscribió el contrato n.° 1101, cuyo objeto era “suministro de complemento alimentario modalidad Ración Industrializada dentro de la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), para 66.008 niños, niñas y adolescentes escolarizados del departamento del Meta”. El costo de cada ración de alimentos de este contrato era de $2.071 y contenía bebida (en su mayoría eran lácteos o néctares de fruta), cereales (que podían ser pan, brownie o galletas) y fruta, azúcar o dulces. (Le podría interesar: Fiscalía asegura que Alan Jara recibió un soborno de más de $3 mil millones)

Solo esta porción de alimentos tenía un costo de $1.464, a los que se les adicionaban $291 para transporte y preparación y $316 de impuestos. Este contrato, suscrito con la entidad Unión Temporal Nutrición Escolar 2015, tuvo un costo de más de $13.000 millones y garantizaba la cobertura en varias instituciones educativas de 28 municipios no certificados del Meta y Villavicencio. Sin embargo, para la fecha en la que se llevó a cabo tal actuación, el Gobierno, mediante el Ministerio de Educación, ya había contratado ese mismo servicio mediante el contrato de aportes n.° 411 de 2015, en el que se daría la misma cobertura, pero por un costo mucho menor: $6.841 millones; es decir, $7.000 millones más barato. 

En este contrato, efectuado por el Ministerio de Educación, la ración tenía un valor de $971 y contenía lácteos, derivados de cereal, frutas, azúcares o dulces y queso, y estaba bajo los lineamientos técnicos y administrativos impuestos por el Ministerio para la implementación del PAE en el país. Aunque no hay mucha diferencia de productos entre la ración contratada por la Gobernación y la ejecutada por el Gobierno, esta última era $1.100 más económica, por lo que se debió tomar el servicio contratado por el Gobierno y no el ejecutado por la Gobernación. Para la Procuraduría, cuando Saldaña Plazas celebró “el contrato n.° 1101 (…) lo hizo sin procurar buscar el mejor interés de la entidad que representaba”. (Lea también: Alan Jara tendrá que responder por supuesto hueco fiscal de $21 mil millones)

En el caso de Jara, el Ministerio Público consideró que el exgobernador no ejerció correctamente el deber de vigilancia y control respecto de la facultad otorgada a la secretaria de educación, Ligia del Carmen Saldaña. Además, el ente de control señaló que, de acuerdo con la Ley 1150 de 2007, Jara no estaba exonerado de ningún tipo de responsabilidad en este caso, debido a que, a pesar de que no realizó la contratación de las raciones alimentarias directamente, sí tenía un deber de control y vigilancia de la actividad realizada por Saldaña. Según la Procuraduría para la Contratación Estatal, Jara incurrió en varias faltas disciplinarias. 

La primera tiene que ver con omisión de sus deberes de control de las actividades de su secretaria de educación. Por otra parte, el exgobernador pudo “incurrir en vulneración a su deber funcional (…) porque no procuró que se diera por parte de su delegataria el cumplimiento de las normas contractuales”. Y, por último, Jara también habría quebrantado el principio de eficacia, al  “permitir que su secretaria de educación celebrara un contrato que implicaba el suministro de unos bienes y servicios cuyo costo resultó mayor a los entregados (…) por el Ministerio de Educación, sin justificación verificable hasta esta instancia procesal”. (Lea: “No hay ninguna actuación indebida”: Alan Jara sobre el caso Llanopetrol)