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Dos antiguos comandantes del Batalló La Popa (Cesar) fueron enviados a la fiscalía de la JEP en menos de una semana. El pasado 29 de noviembre, el caso el coronel (r) Hernán Mejía llegó a la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, ahora, es el turno del coronel (r) Juan Carlos Figueroa, de quien no se sabe su paradero. Ambos fueron imputados a mediados de año por las muertes de más de 120 personas en condición de ejecuciones extrajudiciales. Falsos positivos, la tarea del macrocaso 03 en la JEP.
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Según informó el órgano de justicia transicional, Juan Carlos Figueroa, comandante del Batallón La Popa entre el 7 de enero de 2004 y el 9 de julio de 2005, no admitió responsabilidad tras haber sido imputado por un total de 51 falsos positivos, en 113 bajas en combate reportadas. La JEP agregó que, aparte de ello, Figueroa nunca asistió a las citaciones hechas por la Sala de Reconocimiento de Verdad. Su caso estará bajo la jurisdicción de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) y, de ser vencido en juicio, podría ser condenado hasta con 20 años de cárcel.
La decisión de la Sala de Reconocimiento se da, a su vez, porque Figueroa advirtió una supuesta vulneración procesal, por lo cual solicitó ser escuchado y citado nuevamente a versión voluntaria. Sin embargo, la JEP lo ha buscado desde 2019 y no ha tenido de otra más que convocarlo en calidad de “compareciente forzoso”. “La magistratura consideró que la irregularidad alegada no tenía sustento alguno, dado que la JEP agotó todas las vías legales existentes para dar con el paradero del compareciente y para que rindiera versión voluntaria”, se lee en la decisión.
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La JEP lo imputó, entre otras razones, por al parecer abanderar el siniestro fenómeno de reporte de bajas, tras la salida del coronel Mejía, quien fue comandante del Batallón La Popa entre enero de 2002 y enero de 2004. Testimonios de militares en retiro coinciden en que Figueroa habría presionado a sus soldados para lograr muertes en combate y, presuntamente, estimuló tales conductas con permisos y premios sin importar la calidad de los fallecidos.
#Atención| La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP remite el proceso del coronel (r) Juan Carlos Figueroa a la @UIA_JEP.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 2, 2021
👉De ser vencido en el juicio adversarial, el comandante del Batallón la Popa, entre 2004 y 2005, podrá ser condenado hasta con 20 años de cárcel⬇️ pic.twitter.com/yBvn2Z95Zj
En la imputación de la JEP a miembros del Batallón La Popa, que cobijó a 15 exmilitares, quedó retratada una felicitación de Figueroa del 30 de septiembre de 2004. Resultó laureado un oficial —cuyo nombre es omitido en el documento— que reportó 54 bajas en combate. “Considero que este Oficial reúne todas las condiciones físicas, morales, técnicas e intelectuales para seguir comandando tropas comprometidas con la actitud ofensiva que requiere la institución”, escribió Figueroa, según la JEP.
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Buscando la verdad de Figueroa, la JEP acudió a su madre, quien respondió hace unos años que “no desea asistir a la diligencia de versión voluntaria”. Intentaron encontrarlo en Bogotá y Bucaramanga, pero el órgano de justicia transicional solo consignó respuestas de que estaba “fuera del país”. Migración Colombia aportó información sobre un viaje a París (Francia) en julio de 2019 y, desde entonces, no se conoce de su regreso a Colombia. La Caja de Retiro e las Fuerzas Militares entregó dos direcciones y un teléfono celular incompleto. Una fuente cercana al expediente señaló que, al parecer, está en Emiratos Árabes Unidos.
“Como comandante de la unidad contaba (…) con medios logísticos para la protección de los bienes jurídicos que se vieron afectados; sin embargo, intencionalmente decidió omitir cualquier tipo de control efectivo sobre la forma en la que dichas bajas eran finalmente obtenidas, como medio para facilitar el trabajo de la organización criminal que operaba en el batallón y, con ello, encubrir el origen real de los supuestos resultados por los cuales él y su unidad eran reconocidos”, le imputó a Figueroa, a pesar de sus inasistencias, la JEP.
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Este diario conoció un documento recuperado por la organización de derechos humanos internacional Human Rights Watch, suscrito el 23 de marzo de 2005 por Figueroa como comandante del Batallón La Popa. papel se explica que a un informante se le dieron $500.000 por concepto de “pago de información de inteligencia, que condujo al desarrollo de la Misión Táctica FORTALEZA”. Según lo firmó Figueroa, ese día fueron “dados de baja” un sujeto NN de sexo femenino y un sujeto NN de sexo masculino, “al parecer pertenecientes al Frente 59″ de las extintas Farc.
Según la JEP, esos muertos no eran NN y no fueron ningunos “excelentes resultados tangibles”. En realidad, ese día resultaron asesinados la niña del pueblo indígena Wiwa Nohemí Esther Pacheco y el joven del pueblo Kankuamo Hermes Enrique Carrillo. Tiempo después, el viernes 3 de junio de 2005, El Tiempo publicó la nota “Mi hijo no era un guerrillero”, en el cual una madre de nombre Astrid Martínez denuncia como Frank Enrique Martínez, de 17 años, fue asesinado y presentado como guerrillero en combate el 14 de mayo de ese año. Tenía retardo mental, a causa de una meningitis.
Así las cosas, Figueroa es el segundo exmilitar del Batallón la Popa cuyo caso termina en la UIA de la JEP. La primera noticia se conoció esta misma semana sobre Mejía, a quien se le señala de pertenecer, al igual que Figueroa, a una “organización criminal” que en búsqueda de resultados habría cometido más de 126 asesinatos y 120 desapariciones forzadas. Mejía, confeso aspirante a la presidencia, está condenado a 14 años de prisión por aliarse con las autodefensas del Bloque Norte, comandada por Jorge 40, para patrullar en conjunto y cometer falsos positivos.
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