“Eran bandidos y se tenían que morir”. La frase es atribuida al coronel (r) Publio Hernán Mejía, comandante del batallón La Popa, con sede en Valledupar, entre 2002 y 2003. Según varios de sus subalternos, así se refería a civiles asesinados que, al parecer bajo sus órdenes, fueron presentados como muertos en combate. La frase reza en un documento, ya aprobada en sala, conocido por El Espectador y con el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputará a 15 militares, incluyendo a Mejía y a su sucesor, el coronel (r) Juan Carlos Figueroa, por 120 asesinatos y 126 desapariciones forzadas que, a través de artimañas, habrían sido presentados como bajas en esta unidad militar entre 2002 y 2005.
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Se trata de la segunda imputación de la JEP en el macrocaso 03, que investiga los falsos positivos (la primera se conoció la semana pasada y trató sobre casos de Catatumbo). En esta ocasión, el magistrado Óscar Parra, de la Sala de Reconocimiento, se concentró en La Popa, pues la justicia decidió priorizar lo ocurrido allí, teniendo en cuenta que el Cesar es el tercer departamento con más falsos positivos, porque había indígenas entre las víctimas y porque se trataba de una de las unidades militares más grandes del Ejército. La JEP encontró que los coroneles (r) Mejía, Figueroa y 13 uniformados más “tuvieron un ‘rol esencial’ en la organización criminal que se estructuró dentro de esa unidad táctica”.
Primer patrón: “bandidos” y alianzas con paras
Bajo la comandancia del coronel (r) Mejía, según varias pruebas y testimonios, el batallón La Popa se alió con grupos paramilitares para asesinar a personas señaladas de ser auxiliadoras de la guerrilla o “bandidos”. “La verdad, la doctrina que nos infundían era que todo lo que fuera guerrilla había que darlos de baja, como quien dice, no importa la forma”, le relató uno de los militares implicados en estos crímenes a la JEP. La alianza, asegura el documento, se pactó directamente entre Mejía y David Hernández, alias 39, exmilitar y jefe del frente Mártires del Cacique del Valle de Upa de las Autodefensas.
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La JEP clasificó las muertes en cuatro grandes modalidades. En la primera las víctimas eran entregadas por las Auc a miembros del batallón. Algunas víctimas llegaron asesinadas y a otras las mataron los militares. En un segundo grupo, denominado “guías”, por lo general, paramilitares acusaban a las víctimas de auxiliar a la guerrilla y eran asesinadas. Una tercera modalidad era que militares asesinaban a personas señaladas por la comunidad de haber cometido algún delito menor, como hurto, y las presentaban como bajas. Y, por último, miembros de La Popa asesinaron a guerrilleros heridos que requerían atención médica o que se habían rendido.
Segundo patrón: retenes y engaños
Cuando en 2004 asumió el mando el coronel (r) Juan Carlos Figueroa hubo un cambio sustancial en los falsos positivos, según la JEP: “El objetivo se orientó a la presentación de bajas dirigidas a responder a la presión por resultados operacionales (…) También a conservar la reputación del batallón como una unidad que atacaba con contundencia”. Esa reputación la instauró el coronel (r) Mejía. Bajo su mando se premió a los pelotones que presentaran bajas con permisos extendidos y hasta organizándoles un asado. Los militares que siguieron las órdenes de Figueroa dijeron que era mucho más severo que su antecesor y que la presión por bajas aumentó, a costa de menores retribuciones.
En este período, la Sala de Reconocimiento identificó dos modalidades de crímenes: en primer lugar, varios militares mataron a personas que detenían en retenes en las vías o en patrullaje. Y luego la operación se sofisticó: seleccionaron a personas vulnerables de Valledupar y Barranquilla, como habitantes de calle, los trasladaron con falsas promesas y los asesinaron. Estas características de falsos positivos, dijo la JEP, demuestran la sistematicidad de los hechos: “La asignación de diferentes roles a la tropa para asesinar a las víctimas civiles que posteriormente serían presentadas como bajas en combate fue liderada por los comandantes de pelotón”, señala el documento.
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El encubrimiento
Los abogados de las víctimas de este caso y la Procuraduría hicieron hincapié en que la JEP investigara las diferentes formas en las que estos crímenes quedaron impunes: “A través de la alteración de la escena del crimen, el ocultamiento de la identidad de las víctimas, el vestirlas con prendas de uso militar, el traslado de los cuerpos del sitio de su muerte y el levantamiento de cadáveres”. En algunos casos, asegura la imputación, los militares hacían que las víctimas dispararan, después de muertas, para que pasaran los tests forenses que medirían la pólvora en sus manos. Y en una gran proporción se falsificaron órdenes de operaciones para hacer pasar por legales estos asesinatos.
Asimismo, por lo menos en el 65% de los casos fueron efectivos del propio batallón La Popa los que hicieron el levantamiento de los cadáveres: no el CTI, ni la Fiscalía, ni los jueces de instrucción militar. La jueza de instrucción militar que llegó por encargo a la zona en 2003 declaró ante la JEP y contó cómo, en el despacho que entró a cubrir, había en un rincón una bolsa negra con papeles. “Al revisarla, la declarante encontró diligencias previas y expedientes remitidos por la justicia ordinaria que no se encontraban registrados en libro alguno, que no contaban con auto de apertura y que no se habían tramitado adecuadamente”, reseñó la Sala de Reconocimiento.
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Los pelotones especiales
Con la llegada del coronel (r) Mejía a La Popa se inició una estrategia de guerra mucho más activa y, además del aumento del pie de fuerza, se crearon pelotones y unidades especiales. Entre ellos los pelotones Zarpazo (creado en 2002) y Trueno (en 2003). Para la Sala de Reconocimiento, “tuvieron una contribución determinante en la comisión de estos hechos al ser usados como unidades específicamente dirigidas a la obtención de resultados ilegítimos”. Eso se evidencia en que, por ejemplo, de las 30 operaciones que realizaron los dos grupos entre 2002 y 2005, la JEP encontró que en 26 de ellas habría falsos positivos. Además, dice el documento, fueron vistos patrullando el Cesar y el sur de La Guajira junto a paramilitares.
Las víctimas indígenas
La JEP encontró que en los crímenes cometidos por esta unidad militar hay otro agravante: un daño desproporcionado sufrido por las comunidades indígenas de la zona: los pueblos kankuamo y wiwa. En el caso de los primeros, por ejemplo, aunque representan apenas el 1 % de la población del Cesar, son el 7 % de las víctimas totales de falsos positivos en este período, atribuidas a esta unidad militar. Además, el Ejército les impuso restricciones a la cantidad de comida que podían comprar, pues había “una perspectiva generalizada entre efectivos de la institución militar, según la cual los integrantes de los pueblos indígenas estaban vinculados a las guerrillas”, aseguró la JEP.
Los indígenas sabían que al ser kankuamos eran, inevitablemente, objetivos militares. La justicia especial ha identificado a por lo menos 12 miembros de estos pueblos indígena entre las víctimas de “falsos positivos”. Y de su propia voz, este pueblo le relató a la JEP que muchos de sus miembros se enfermaron a raíz de los asesinatos (muchos de ellos de tristeza); que lo ocurrido alteró su cultura, pues, por ejemplo, las mujeres quedaron siendo jefas de hogar y tuvieron que dejar las actividades que tradicionalmente tenían; muchos tuvieron que dejar sus tierras por amenazas o por temor, entre otros daños.
Lo que sigue
Este documento conocido por El Espectador todavía no ha sido notificado a las partes del proceso: los militares imputados, las víctimas acreditadas y la Procuraduría. Una vez esto ocurra, Mejía, Figueroa y sus subalternos tendrán 30 días para decidir si aceptan los hechos. En ese caso, se organizaría una audiencia de reconocimiento, coordinada con las víctimas. Si rechazan la imputación, la Unidad de Investigación y Acusación (la fiscalía de la JEP) los llevará a juicio. Víctimas y Ministerio Público tienen el mismo plazo para presentar comentarios. Cualquiera que sea el camino, este documento se configura como una pieza judicial clave para esclarecer el fenómeno de los falsos positivos en Colombia.