El crimen de un indígena que tiene bajo la lupa a un testigo del caso Uribe

El indígena José Efraín Ramírez fue asesinado y desaparecido por paramilitares del Bloque Cacique Pipintá el 28 de marzo de 2003 cuando iba en su moto por la vía que conduce de Riosucio a Supía en Caldas. Por su crimen han sido condenados el jefe de esa estructura ilegal Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero; Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; Luis Humberto Castañeda Osorio y Julián Andrés Colina. Este último, un comerciante de Supía, alega ser inocente y haber sido incriminado falsamente en los hechos por alias Víctor. Su caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de ordenar una serie de pruebas.

El indígena José Efraín Ramírez fue asesinado y desaparecido por paramilitares del Bloque Cacique Pipintá el 28 de marzo de 2003 cuando iba en su moto por la vía que conduce de Riosucio a Supía en Caldas. Por su crimen han sido condenados el jefe de esa estructura ilegal Pablo Hernán Sierra, alias Alberto Guerrero; Carlos Enrique Vélez, alias Víctor; Luis Humberto Castañeda Osorio y Julián Andrés Colina. Este último, un comerciante de Supía, alega ser inocente y haber sido incriminado falsamente en los hechos por alias Víctor. Su caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de ordenar una serie de pruebas.

La más importante: que la Fiscalía informe si en contra de Carlos Enrique Vélez existen “procesos o sentencias condenatorias por falso testimonio u otra ilicitud de naturaleza semejante” y que establezca “cuántos testimonios ha rendido, y en cuantos procesos ha intervenido”. Todo esto, “en aras de determinar si Vélez Ramírez faltó a la verdad o fue un testigo falso en el trámite que se le siguió al hoy sentenciado”. Este caso es clave, pues alias Víctor hace parte de los testigos que la Corte Suprema ha escuchado en el caso que adelanta en contra del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez por fraude procesal y soborno por supuesta manipulación de testigos.

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Su rol en ese expediente no es menor. Carlos Enrique Vélez dijo públicamente que recibió dineros de parte de Diego Javier Cadena Ramírez, abogado del expresidente, para que fuera testigo en su favor y en contra del senador Iván Cepeda, asegurando que este les había ofrecido dádivas para enlodar a Santiago Uribe, hermano del expresidente, en juicio por presunta conformación de grupos paramilitares.  Vélez dijo a la W Radio y a Semana que habría recibido pagos de hasta $40 millones y que tiene recibos que prueban giros por $4.3 millones. Cadena afirma que dio $2 millones por razones humanitarias. La veracidad de su testimonio es parte del trabajo que adelanta la Sala que investiga al expresidente.

Ahora, otro de sus testimonios está bajo la lupa. Julián Andrés Colina Ríos y Luis Humberto Castañeda, alias Negro Maravillo, fueron condenados con su declaración por supuestamente participar en el crimen de Ramírez a 37 años de prisión el 28 de mayo de 2010 por el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio, en sentencia que fue confirmada por el Tribunal Superior de Manizales el 24 de mayo de 2013. Un año después, la demanda de Castañeda acudió a la Corte Suprema alegando que el testimonio de Vélez no era creíble, pero el caso no se estudió porque la demanda no contaba con los requisitos mínimos para hacerlo.

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Con su pena en firme y en prisión, el expediente de Julián Andrés Colina lo asumió el Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán quien presentó una demanda de revisión de la Corte Suprema, alegando que hay nuevas pruebas que indicarían que este comerciante nada tuvo que ver con la muerte del indígena José Efraín Ramírez. El caso está en el despacho del magistrado José Francisco Acuña quien decretó una serie de pruebas en auto conocido por este diario. ¿Cuáles? Además de establecer si Vélez tiene procesos por falso testimonio, se ordenó practicar los testimonios de paramilitares que fueron condenados el crimen de José Efraín Ramírez.

Se trata de Diego Edicson Patiño Orozco, alias Máxima, y de Pablo Hernán Sierra García, jefe del Cacique Pipintá, quienes fueron condenados el Juzgado Penal del Circuito de Riosucio en 2016, es decir, con posterioridad a la condena de Julián Colina. Según la defensa del comerciante caldense, alias Máxima aceptó haber ejecutado directamente el crimen de Efraín Ramírez cuyo cuerpo fue hallado en el río Cauca con un impacto de arma de fuego en la cabeza. La Sala Penal consideró que estos dos testimonios son relevantes “por cuanto se afirma que en desarrollo de la actuación 17-614-31-04-001-2016-00093 aceptaron su responsabilidad como autor y determinador en la comisión de los hechos antes reseñados”.

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“En ese orden, es evidente que las mencionadas atestaciones guardan un nexo directo con el supuesto fáctico invocado por el actor en procura de remover los efectos de la cosa juzgada que ampara el fallo cuestionado, pues en desarrollo de dicho trámite los mencionados aseguraron que Julián Andrés Colina Ríos nunca perteneció a las AUC ni participó en la desaparición y posterior muerte de José Efraín Ramírez”, dice el documento. Cuando la Corte tenga todas las pruebas, fijará fecha para escuchar estos dos testimonios.