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Ante la amenaza de que el COVID-19 afecte a más cárceles (van seis con casos confirmados), descongestionarlas sigue siendo la mayor urgencia. Las precarias condiciones en las que viven los reclusos, en condiciones normales, hacen pensar el peor escenario. El Gobierno reaccionó expidiendo el decreto 546 de 2020 para excarcelar, según sus cálculos, a unos 4.000 presos, el cual, como todas las normas expedidas en virtud de la emergencia sanitaria, pasarán a revisión automática de la Corte Constitucional. Allí el panorama no es claro aún.
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Los senadores Iván Cepeda y Antonio Sanguino y la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) radicaron un documento ante la Corte en el que cuestionan el mencionado decreto y piden que sean reevaluadas algunas condiciones. En sus palabras, “con este decreto, el Gobierno manifestó que buscaba aliviar el hacinamiento carcelario ante la expansión del contagio por COVID-19 (…). Pese a ello, las medidas que contempla resultan insuficientes para atender los problemas del sistema penitenciario, los delitos excluidos de beneficios no generan impacto sobre el alto nivel de hacinamiento”.
Cuando se dio a conocer el decreto de excarcelaciones (tres semanas después de la declaratoria de emergencia carcelaria), la ministra de Justicia, Margarita Cabello, aseguró que según sus estimaciones unos 4.000 reclusos accederían a casa por cárcel transitoria, aunque el sobrecupo es de más de 39.000 personas. En el documento en que el Ministerio defiende la norma ante la Corte se lee que esta cartera reconoce que “el hacinamiento no se reducirá significativamente. Sin embargo, las medidas de sustitución de la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva (…) prisión domiciliaria transitoria en relación con los internos más vulnerables y debidamente identificados, reduce el riesgo de contagio sobre esta población”.
Para Cepeda y Sanguino, sin embargo, este tipo de posturas frente a la crisis carcelaria “refleja una actitud de indiferencia con la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra la población carcelaria del país”. Es por esta razón que le pidieron a la Corte evaluar con lupa el decreto y declararlo constitucional, pero con algunas precisiones para ampliar el impacto que tendría y aliviar la exclusión de decenas de delitos que lo harían menos favorable, al compararlo con otras normas, como el Código Penal. Para el ministerio, no obstante, “las medidas adoptadas por el Decreto 546 de 2020 tienen un sentido estrictamente constitucional”.
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La Defensoría del Pueblo le dio la razón a la ministra Cabello ante la Corte y dijo que la norma cuenta con todos los requisitos para ser avalada en medio del estado de emergencia. Sin embargo, también encontró que “la constitucionalidad de algunos artículos debe condicionarse”. En las tres semanas que le han seguido a la expedición del decreto, diferentes organizaciones, académicos e instituciones han radicado peticiones con base a lo estipulado con el decreto.
Así las cosas, la Corte ya ha recibido más de 20 intervenciones ciudadanas. Por ejemplo, Abogados Sin Fronteras Canadá encontró vacíos legales en la norma. La organización le dijo a la Corte que “el Decreto no cuenta con medidas diferenciadas entre población condenada y con medida de detención preventiva, esta última, aún no vencida en juicio y, por ende, cobijada por la presunción de inocencia”.
De acuerdo con esta organización internacional, se estima que en Colombia hay 34.000 personas sindicadas y sugieren medidas más accesibles. Por otra parte, aseguran que el decreto no fue diseñado teniendo en cuenta los factores diferenciales de cada penal como, por ejemplo, el índice de hacinamiento que difiere uno con otro.
El Gobierno salió a defenderse. En el concepto enviado a la Corte, la Presidencia de la República explicó que el decreto “se hace necesario por la urgencia y gravedad de la crisis y por la insuficiencia de los mecanismos ordinarios, establecer términos mucho más flexibles para que las medidas sean efectivas en el menor lapso posible”.
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Asimismo, los congresistas ven algunos apartados del decreto que dejan escueta la aplicación de la normal y piden que sean modificados. La petición busca que la normativa sea abierta para beneficiar a más personas y reevaluar los criterios con que se formuló la extensa lista de exclusiones. La intención de esta petición es que “no sean criterios subjetivos de gravedad y peligrosidad los que determinen el otorgamiento de estas medidas, pues la Corte Constitucional ha señalado que deben basarse en criterios objetivos reconocidos por la constitución y la ley”, aclaran.
Cómo manejar la crisis carcelaria ha puesto en jaque a las autoridades encargadas de velar por la seguridad de toda la población carcelaria. De acuerdo con las intervenciones recibidas ante la Corte, si bien es cierto que establecer políticas que reduzcan el hacinamiento es todo un reto, los 35.000 presos que no accederían al beneficio representan otra arista de la problemática. El acceso a agua potable, elementos de aseo o servicios médicos, era toda una odisea antes de la pandemia, en condiciones de hacinamiento y aislamiento las barreras crecen.
Es por esta razón que también pidieron que se garantice el acceso a servicios de salud de todas las personas que continúen en las cárceles. Le solicitaron, entonces, a la Corte “se disponga de medidas dirigidas a garantizar el acceso y atención oportuna en salud para las personas que no resulten beneficiadas por las medidas de detención o reclusión domiciliaria transitoria”, según se lee en el documento radicado.
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