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Amelia*, funcionaria de un despacho judicial del país, fue abusada sexualmente en febrero de 2017 por un desconocido que entró al lugar y la forzó a tener sexo con él. La agresión, que ya es investigada por las autoridades, no obstante, no terminó ese día. Por una orden del Consejo Superior de la Judicatura y del Consejo Seccional del departamento en donde laboraba, tuvo que volver al despacho a trabajar durante cuatro meses más. ¿La consecuencia? Un deterioro en su salud mental y un diagnóstico de estrés postraumático.
La mujer, de quien El Espectador protege los datos que permitan identificarla, lo deja muy claro: “Yo no podía permanecer mucho en el juzgado, me desesperaba, me ponía a llorar”. Al trauma de seguir en el mismo lugar donde habían abusado de ella se sumó el tiempo que le costó denunciar un hecho que, en sus palabras, le dañó la vida, del cual no quería hablar, ni sabía cómo hacerlo, que afectó su relación de pareja hasta terminarla. Incluso, ella atentó contra su vida en tres ocasiones.
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Amelia, además, cuestionó la respuesta que le dieron en la Dirección de la Unidad de Desarrollo y Análisis Estadístico de la Rama Judicial cuando pidió el traslado unos días después de la agresión. Aunque pusieron el caso en conocimiento del Ministerio de Salud para atender su estado mental, indicaron en un oficio que “no existe nexo causal entre el riesgo y el ejercicio de actividades de la servidora judicial, por lo que no es objeto de protección de aquel organismo”.
En una segunda respuesta, le dijeron que no era una funcionaria de carrera, pues estaba en provisionalidad y, por tanto, no podía ser trasladada. Además, le reprocharon no haber pedido el traslado dentro de los cinco primeros días hábiles del mes y, supuestamente, no indicar qué despacho era de su interés. La angustia, la depresión y el llanto empeoraron y Amelia dejó de trabajar en junio de 2017, entre licencias e incapacidades, y al final tuvo que acudir a la tutela ante la Corte Suprema de Justicia, la cual acaba de resolver el caso.
“Me dio mucha ansiedad y me refugiaba en la comida. Estoy tomando medicamentos para poder dormir. Estuve tres meses de casi hospitalización psiquiátrica. Mi vida tuvo un giro brutal. El coordinador que está pendiente de los despachos no sabía que llevaba más de seis meses fuera de la oficina”, relató Amelia.
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En el fallo, la Corte Suprema, con ponencia de la magistrada Margarita Cabello, cuestionó el exceso de rigor de la Rama Judicial. El alto tribunal aseguró que ese nivel de severidad no va de la mano con los instrumentos internacionales de protección de los derechos de la mujer y el deber del Estado colombiano de proteger a las personas en situación de vulnerabilidad como Amelia.
“El hecho de que la reclamante tenga que asistir día a día al sitio donde fue accedida carnalmente, comporta ponerla en la injusta situación de seguir reviviendo la violación sufrida, lo cual no se acompasa con el deber de protección que ha de brindar el Estado a las personas que han sido objeto de agresiones a causa de su precisa condición: recuérdese que la violencia en contra de las mujeres es una clara manifestación de discriminación en razón del género”, señaló la Corte.
En diálogo con El Espectador, Linda Cabrera, de la corporación Sisma Mujer, resaltó el fallo por incorporar adecuadamente el enfoque de género, ausente en la mayoría de las normas. “No regulan situaciones que lejos de ser excepcionales afectan cotidianamente a las mujeres, por ejemplo, en el ámbito laboral, como el acoso sexual, la violencia psicológica por parte de superiores, la discriminación salarial, entre otras”.
Para Blakeley Decktor, abogada de la organización Women's Link Worldwide, es relevante que la Corte no haya puesto en duda el relato de Amelia y señaló que tanto aquí como en el caso de “La Manada” en España, se revela la importancia de juzgar con perspectiva de género. “Esto significa analizar si en cada caso hay relaciones de poder. Si no se hace, los comportamientos de las mujeres siempre están bajo sospecha y en vez de proteger los derechos humanos, se enfocan en estereotipos de las mujeres”.
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“Si no hubiera sido por la tutela, a mí no me hubieran ayudado. Cuando la puse ya llevaba seis meses fuera del despacho, seis meses en silencio. Tengo una pelea con la ARL que calificó el hecho como abuso sexual común, aunque fue en hora laboral y en mi lugar de trabajo. Ellos me dicen que cómo compruebo que sufrí una violación, yo escribí una carta explicando que quedé en shock. No creo que sea fácil para una mujer hablar de esto. Por eso muchas mujeres no denuncian”.
Y agrega: “Yo me pregunto: ¿qué hubiera pasado si hubiera sido un hijo o hija de un magistrado, de un juez o de un “duro” de la Fiscalía? Así son las cosas acá. A mí me ha tocado moverme, conseguir plata para las citas médicas. Si yo no hago las cosas, nadie habría hecho nada”, agrega.
La Corte ordenó a la Judicatura que reubique a Amelia en máximo un mes. El alto tribunal dejó en claro que no se está promoviendo el desuso de las normas sobre traslados para servidores públicos de carrera, sino resolviendo un caso en particular para evitar una nueva victimización de la mujer. El plazo ya se va a cumplir y Amelia sigue esperando. En su criterio, el enfoque de género que se pregona desde las altas cortes no se aplica en el día a día.
*Nombre cambiado para proteger la privacidad de la víctima.