El entramado que habría tejido “Ñoño” Elías para ocultar las coimas de Odebrecht

Bernardo Miguel Elías nació el 7 de nombre de 1976 y es ingeniero civil cuenta con una especialización en gerencia de construcción. / Archivo.

“Del análisis de los elementos (…), se advierte que el procesado se concertó, entre otros fines, con el de realizar acciones orientadas a ocultar el origen y destino del dinero producto de su intervención en la adjudicación ilegal de contratos y prerrogativas de Odebrecht”. En esas palabras, consignadas en un documento conocido por El Espectador, la Corte Suprema calificó las maniobras abiertamente irregulares que habría realizado Bernardo Miguel –Ñoño– Elías, el segundo senador más votado en las elecciones de 2014, para ocultar las millonarias coimas que recibió por cuenta de la multinacional brasileña. Situación que llevó a acusarlo por dos delitos de concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito.  (Le podría interesar: Así negoció "Ñoño" Elías con Odebrecht)

La Corte Suprema lo llamó a juicio porque consideró que las pruebas que hay en el expediente, en conjunto con los testimonios de personas investigadas por estos hechos, son determinantes para continuar con la investigación. Prueba de ello fue lo que dijo el expresidente de Odebrecht en Colombia, Eleuberto Antonio Martorelli, quien le contó a la justicia que una vez se lograba la adjudicación de obras de trascendencia para el país, la constructora realizaba el pago de los sobornos acordados previamente con el excongresista Otto Bula. Y que los dineros, de acuerdo con la Corte, tenían como destino las arcas de Ñoño Elías.

La corporación destacó que las maniobras para lavar dinero de esta “organización criminal” se cumplieron a cabalidad, pues Odebrecht, con el objetivo de no levantar sospecha, se aseguraba de que ninguno de los pagos superaran los US$500.000. También tenían en cuenta que antes de realizar los desembolsos, la oficina de Operaciones Estructuradas –dependencia creada en Odebrecht para despachar las jugosas coimas– verificaba quiénes eran los titulares de las cuentas bancarias. Todo esto, según la Corte, para era comprobar que no fueran personas públicas o que estén relacionadas con actividades irregulares. (Lea: “Nobelbrecht”, la historia del gran escándalo de corrupción) 

Otra de las fases, que consistía en encubrir el dinero para borrar su origen, también se cumplió, y fue corroborado por las declaraciones de dos testigos claves: la del empresario Federico Gaviria, lobista e intermediario, y la del excongresista Otto Bula. Odebrecht, explicó la Corte, inicialmente realizó las transferencias de coimas desde la empresa offshore Kleinfeld a Newcom Internacional Panamá y esta, a su vez, los trasladó a la  compañía colombiana Comunicar y Trasmitir, cuyo representante legal era Hernando Mario Restrepo, amigo de Bula. Desde allí, sostuvo la Corte, se expedían cheques a favor del excongresista, cobraba en efectivo y entregaba los dineros a Ñoño Elías.

Para la Corte también está demostrado que, a raíz de la crisis que empezó a azotar a Odebrecht, se acudió a nuevas estrategias para garantizar que los sobornos se pagaran. “Así, Bula y Gaviria concuerdan en afirmar que entonces la multinacional pactó que las coimas serían reembolsables desde la Concesionaria Ruta del Sol II mediante contratos simulados”, precisó la Corte que contó cómo se hizo: se suscribieron dos convenios ficticios con el consorcio Sion, representado por Gabriel Dumar Lora –investigado por estos mismos hechos–. Después Dumar Lora retiró los fondos para entregárselos al entonces parlamentario. El expediente dice que también se firmaron dos convenios más con la firma Consultores Unidos de Panamá y que estos, con la misma maniobra que el caso anterior, desembolsó el dinero a la empresa Transportes y Equipos de la Sabana, cuyo propiedad es Mauricio Bula Jarava, primo de Bula. Este dinero, cómo se explicó en el documento, también llegó a las arcas del Ñoño. (Le sugerimos: Las perlas en el patrimonio del “Ñoño” Elías)

La última etapa del supuesto lavado de activos, que consistía en que el dinero llegara a su beneficiario final, es decir, al congresista de la U, también se cumplió para la corte. En este caso, los testimonios de Bula y Gaviria, y el de José Ignacio Burgos, quien laboró en la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del Ñoño, fueron igualmente determinantes para afirmar que después de darle apariencia de legalidad a los sobornos, el destino final de los dineros,  en todo caso, era los bolsillos de este  ingeniero civil. Es decir, los que alguna vez compartieron con él, ahora son testimonios que juegan en su contra.

En el expediente igualmente hay un estudio del CTI de la Fiscalía en el que daría cuenta de que el Ñoño tenía muchos más créditos de los que dijo tener en la audiencia de indagatoria, y que las cuotas que pagaba excedían el monto que ganaba como congresista. Esto controvierte lo dicho por el propio Elías cuando dijo que no recibía dinero de otras partes sino el de su labor como congresista. La Corte en este punto no comparte lo dicho por la defensa de sindicado, al considerar que resulta “irrelevante” si el dinero de Odebrecht era legal o no, “ya que esas sumas se tornaron ilícitas en el mismo momento en que fueron usadas para el pago d sobornos al procesado”.

El alto tribunal destacó que aunque la cadena para lavar el dinero inició en el la oficina de Operaciones Estructuradas, el tránsito de las coimas por las empresas y sociedades solicitó la intervención de quienes se beneficiaban, entre ellos la del exrepresentante a la Cámara entre 2006 y 2010. Y la Corte lo dijo en el escrito de 111 páginas de la acusación: “No solo Odebrecht buscaba evitar que sus pagos pudieran se rastreados. Dicha finalidad era compartida por Elías Vidal, pues solo manteniendo oculto el dinero de los sobornos el procesado podía continuar con su actividad delictiva, motivo por el cual este se unió su voluntad y esfuerzo con el resto de los concertados con el fin de dar apariencia de la legalidad a los recursos ilícitos”. (Le sugerimos: Al senador “Ñoño” Elías aún le falta lo más difícil)

Tales fueron las maniobras para legalizar los dineros y esconder procedencia, que hasta la propia Corte manifestó que a la fecha no ha sido posible establecer el paradero de todas las sumas de dinero ni los verdaderos motivos de su entrega. La Corte precisó que estos sobornos se hicieron en el desarrollo los siguientes contratos: el proyecto de la Ruta del Sol II adjudicado a Odebrecht y el contrato de estabilidad jurídica suscrito el 31 de diciembre de 2012 con el Ministerio de Transporte; el otrosí para el mejoramiento de la vía Ocaña – Gamarra; los dos contratos entre la Concesionaria Ruta del Sol con la empresa consultores Unidos de Panamá; y el proyecto de navegabilidad del Río Magdalena.

La Corte tuvo en cuenta varias declaraciones de testigos que, de alguna u otra manera, podrían esclarecer lo que pasó. Entre ellos está Luis Fernando Andrade, expresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI); Yesid Augusto Rocha, exrepresentante legal de Odebrecht; Juan Sebastián Correa, exfuncionario de la ANI y enlace en el Congreso; Eleuberto Antonio Martorelli y Luiz Antonio Bueno, expresidentes de Odebrecht en Colombia; Federico Gaviria Velásquez, lobista e intermediario de la multinacional; Gabriel Ignacio García, exviceministro de transporte; Eduardo José Zambrano, representante legal de la firma Consultores Unidos; Otto Nicolás Bula, excongresista; Gabriel Alejandro Dumar, exrepresentante del consorcio Sion, entre otros. (Lea: Roberto Prieto tenía interés especial en Ocaña-Gamarra: presidente de la ANI)

Algunos aportan varias particularidades hasta ahora desconocidas. Este último, por ejemplo, contó que en un contrato para la construcción de 10 kilómetros de la Ruta del Sol recibió un anticipo de $2.000 millones. Sin embargo, después visitar el lugar de la obra, le dijo a Otto Bula y Marcio Marangoni, director de Consol (concesionaria Ruta del Sol) en Aguachica, que no tenía la capacidad para ejecutarla, pero ambos le dijeron que el contrato ya estaba hecho y que lo usarán para pagar unos compromisos de Bula. Dumar dijo que al Ñoño le correspondió $1.600 millones y que “casi siempre” el dinero se lo entregaba, y un día le dijo que parte de ese dinero era pagar deudas con Roberto Prieto ($200 millones), exgerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos, y Miguel Pico ($50 millones), exviceministro de Agricultura.

Por su parte, Federico Gaviria, lobista de Odebrecht, manifestó que la Ruta del Sol 2 estaba interesada en el contrato de estabilidad jurídica, pero como solo se podía otorgar antes del 31 de diciembre de 2012, y corría el mes de octubre, Luiz Antonio Bueno solicitó que se llegara hasta las últimas consecuencias para lograr el objetivo. De acuerdo con la Corte, contactaron a José Ignacio Burgos, quien pertenecía a la Unidad de Trabajo Legislativo del Ñoño y que después de un seguimiento, llegó a la conclusión de que “el verdadero dueño del contrato de estabilidad era el Ministerio de Hacienda”. Por eso, se conformó un grupo de cuatro senadores para hacer fuerza y lograr el cometido, conocidos como los buldócer. Gaviria igualmente reveló que ante las dificultares para la adición al contrato de la Ruta del Sol 2, este grupo de congresistas se aumentó a 11 para que, según Otto Bula, se conformara “un bloque fuerte para pelear el asunto”.

Eleuberto Martorelli también señaló las presuntas movidas en el Congreso para la adición. “Bula llegó a anticiparme que las comisiones permanentes del Congreso convocarían al presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, y al ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, para reuniones de control político en el Congreso y discusiones de presupuesto, y en estas ocasiones en el Congreso, ellos serían presionados para dar celeridad al otrosí que viabilizaría el proyecto Ocaña -  Gamarra”, afirmó el exdirectivo de la multinacional. Pero hay más. Martorelli expresó que Andrade y Cárdenas fueron citados en el Congreso por lo menos seis veces para temas de control político, pero significaron ocasiones para hablarles de la adición. (Le sugerimos: Así se estructuró el proyecto Ocaña-Gamarra, que terminó en manos de Odebrecht)

“La concertación delictiva de la cual hizo parte el procesado sin duda lesionó la seguridad pública, debido a la naturaleza de los delitos para los cuales los integrantes de la organización ilegal unieron sus esfuerzos, destinados a afectar las finanzas públicas y el económico y social, con mayor razón en este caso en que dichos comportamientos delictivos se materializaron en diversas ocasiones, lesionando efectivamente la administración pública y el sistema financiero”, se lee en los apartes de la acusación, una prueba que parece contundente contra uno de los políticos codiciados hace algunos años.