El Espectador le explica: ¿Por qué Álvaro Uribe tiene una orden de detención domiciliaria?

La Corte investiga al senador Uribe por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.

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La Corte Suprema ordenó enviar a casa por cárcel al senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez. De los procesos que lleva la justicia en contra de uno de los políticos más influyentes del país, es el primero que llega tan lejos y tiene que ver con que presuntamente intentó presionar a exparamilitares para que hablaran a su favor en la Corte. No es una decisión definitiva pues el alto tribunal deberá seguir investigando, para decidir si lo llama a juicio o precluye el proceso. El eventual juicio señalaría si es culpable o inocente. El Espectador explica las claves de este complejo expediente y los escenarios que se abren ahora.

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La decisión de la Corte

No se conoce el texto de la decisión de la Sala de Instrucción, donde estarán los argumentos de la Corte para sostener que Uribe debe enfrentar su proceso privado de la libertad. Lo que este diario confirmó es que, con la de este martes, fueron por lo menos tres reuniones de los magistrados de esa instancia en las que deliberaron sobre la situación jurídica del expresidente.

¿Por qué investigan a Uribe?

El proceso contra Uribe tiene su origen en una denuncia que él interpuso en 2012 contra el senador del Polo, Iván Cepeda, quien en un debate en el Congreso presentó testimonios de exparamilitares que vincularon al expresidente con las autodefensas. Uribe lo denunció en la Corte y seis años después, en febrero de 2018, el alto tribunal concluyó que no hubo irregularidad alguna en la conducta de Cepeda y, por el contrario, advirtió posibles irregularidades en la defensa de Uribe. A partir de ese momento, el alto tribunal detectó posibles presiones de Uribe y su defensa contra los testigos que le habían hablado a Cepeda.

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Una de ellas, por ejemplo, se dio en medio de las visitas que hizo el abogado, Diego Cadena, al testigo estrella contra de Uribe, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. En ellas, al parecer prometió prebendas para que cambiara su versión y hablara en su favor en la Corte. En total sigilo, el alto tribunal llevó las pesquisas y, casi cuatro meses después, anunció que abriría una investigación formal a Uribe, tras corroborar que, como reacción a la providencia judicial de febrero y, al parecer con su consentimiento, allegados suyos emprendieron actos de manipulación de testigos.

¿Qué tiene que ver Álvaro Hernán Prada?

El caso que enreda a Uribe, por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno, incluye otro nombre: el del congresista del Huila, Álvaro Hernán Prada, quien al parecer “lo abordó (a Monsalve) y le pidió que tramitara un video en el que se retractara de sus testimonios y culpara a Cepeda de haberle ofrecido prebendas para rendir declaraciones”. El testigo Juan Guillermo Monsalve, además de condenado paramilitar, es hijo del administrador de la hacienda Guacharacas, finca que en el pasado perteneció a la familia Uribe Vélez, y donde el testigo asegura nació el Bloque Metro de las Autodefensas.

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El congresista Prada, por su parte, ha dicho que nunca habló con Monsalve, sino que Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, se presentó como un emisario de éste para hablar con Uribe. El congresista tiene chats con los que busca demostrar su inocencia. En uno de ellos, escrito en febrero de 2018, Caliche le dice a Prada: “Hable con el presidente Uribe y dígale que usted tiene un emisario de Juan Monzalve Billegas (sic) que va a declarar las más maricadas (sic) que ese hp del Cepeda kería (sic) hacer con el”.

La prueba reina: interceptaciones

Meses después de que la Corte anunciara su investigación a Uribe, en septiembre de 2018, el alto tribunal aceptó que lo interceptó de manera “imprevista e inevitable”. En el marco de las pesquisas por el cartel de la toga, el alto tribunal buscaba interceptar al excongresista chocoano Nilton Córdoba, pero, explicaron los magistrados, apareció fue el número telefónico de Uribe. Esta ha sido la punta de lanza del expresidente para asegurar, una y otra vez, que las pruebas en su contra fueron obtenidas ilegalmente. Sin embargo, la Corte ha desvirtuado esa postura ya en varias ocasiones.

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En un pronunciamiento, le dedicó un documento de 98 páginas a explicar por qué esas interceptaciones son legales, aunque hayan sido hechas por error. “Más allá de las suspicacias que postula el recurrente (la defensa de Uribe), lo cierto es que la orden judicial de interceptación se libró atendiendo los parámetros legales y que una vez se advirtió que no correspondía al fin inmediato para la que fue autorizada, se canceló”, señaló la Sala. Sin embargo, en mayo de este año, la defensa del senador insistió en que fueron “chuzadas” ilegales y pidió investigar a los funcionarios que tuvieron que ver con las interceptaciones.

Lo que sigue

Uribe seguirá vinculado a la investigación, solo que privado de la libertad en su domicilio. La Corte Suprema deberá decidir, con base en las pruebas que ha recabado, si llama a juicio al expresidente. En ese caso, el juicio lo llevaría otra instancia del alto tribunal, la Sala de Primera Instancia, conformada por tres magistrados, que enjuician a todos los altos funcionarios con un fuero que los exime de ser investigados por la justicia ordinaria. El mismo fuero que tienen los magistrados, los embajadores, los ministros y, como es el caso de Álvaro Uribe, los congresistas.