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Aunque la discusión sobre el fracking en Colombia aún se mantiene vigente tras más de dos años de reposar en los despachos del Consejo de Estado, está vez una acción de tutela vuelve a poner sobre la mesa el caso. No obstante, el nuevo escenario es la Corte Constitucional. Alrededor de 10 organizaciones campesinas y ambientales ubicadas en Puerto Wilches se dieron cita en la mañana de este jueves en el Palacio de Justicia, en Bogotá, para radicar el documento con el que buscan evitar la implementación de proyectos piloto para darle vida a esa práctica en el país.
Las organizaciones radicaron un documento de más de 24 páginas en el que ponen de presente la violación de sus derechos a la participación ambiental, acceso a la información, debido proceso y vida e integridad. Los accionados, en este caso, son los Ministerio de Minas y Ambiente, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA). “El Gobierno Nacional avanza con los pilotos a pesar de que existe una moratoria judicial en Colombia para hacer fracking comercial desde el 2018 y de que se ha comprometido internacionalmente a reducir sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a implementar estrategias para la mitigación de la crisis climática a nivel interno”, denuncian en el documento.
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Las organizaciones afirmaron que este fenómeno, pese a estar suspendido, se ha registrado con mayor fuerza en Puerto Wilches, en Magdalena Medio, durante un poco más de 100 años y ha dejado graves afectaciones a la vida de los habitantes y al medioambiente. “Pese a ser una isla rodeada de ciénagas y múltiples afluentes, Puerto Wilches no tiene agua potable, por eso quedarse sin agua es una de las preocupaciones de los habitantes por el piloto de fracking que se realizará en ese territorio. Los wilchenses sabemos que la técnica afectará la biodiversidad de la zona, especialmente las ciénagas de Paredes y Yariguí, y nos preocupa que sea el principio del fin de nuestra agua, de la vida y el territorio como lo conocemos”, resaltaron en la acción de tutela.
El documento denuncia que la intención del Gobierno de avanzar con los proyectos piloto vincula a un municipio cuyas actividades productivas son la agricultura y la pesca. Con la llegada de esa iniciativa, estas prácticas quedarán abolidas debido a la contaminación que generan los químicos. “Existen ejemplos evidentes en América Latina que ya han demostrado los altísimos costos socio-ambientales que deja la industria del fracking. Esta es la razón por la cual, actualmente, existe una moratoria judicial en todo el país para su desarrollo comercial la cual fue decretada por el mismo Consejo de Estado invocando el principio de precaución”, reposa en el documento.
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Por estos hechos, las organizaciones dejaron consignado en la acción de tutela lo que consideran una violación de sus derechos. Inicialmente, alegaron que su derecho a la participación ambiental fue vulnerado de varias maneras. Primero, porque en Colombia, a su juicio, existe un déficit de participación en materia petrolera y de licenciamiento ambiental que la Corte Constitucional le ordenó al Congreso regular, y aún no lo ha hecho. Segundo, porque la vida está en riesgo, especialmente la de las mujeres. Las acciones de movilización pacífica contra el fracking han tenido como respuesta múltiples amenazas y hostigamientos que han obligado a desplazarse a varias mujeres defensoras ambientales, y tercero, porque consideran que el Gobierno no reguló la licencia social, estando obligado a ello.
Según explicaron en el documento, esa iniciativa es la posibilidad que deben tener las comunidades de aprobar o desaprobar un proyecto. En ese orden, la acción de tutela, básicamente, persigue suspender la implementación de los proyectos piloto y el licenciamiento ambiental, hasta que no se tomen medidas para proteger los derechos que, a juicio de las organizaciones, están siendo violentados. Las corporaciones, dicen, se vieron obligados a acudir a este mecanismo tras la negativa del Gobierno.
Sobre el debate que se surte en el Consejo de Estado, el suceso más reciente es el cambio de ponente, ya que Ramiro Pazos, el exmagistrado quien asumió el estudio, abandonó el cargo porque cumplió su periodo en el alto tribunal. Además de ello, su iniciativa que buscaba dejar sin piso esa práctica en el país fue derrotada en Sala. No obstante, el cambio de magistrado ponente no implica que ahora la corporación le haya abierto la puerta a esta forma de explotación, sino que, supo este diario, la Sección Tercera quiere construir un fallo que incluya las posturas de todos los integrantes de la Sección, o que por lo menos alcance una mayoría de votos, algo que hasta ahora no ha ocurrido.