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El futuro político de Sergio Fajardo puede terminar salvado por un fallo internacional que es, a su vez, una de las más recientes victorias de Gustavo Petro. El exgobernador de Antioquia es uno de los 26 sancionados por la Contraloría por los retrasos del proyecto Hidroituango. Si bien los efectos prácticos de la sanción es que no podría ejercer cargos públicos hasta que pague la multa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha aclarado que solamente los jueces pueden inhabilitar a funcionarios elegidos por voto. Como el ente de control no es juez, la balanza internacional parece inclinarse a favor de Fajardo, precandidato por la Coalición Centro Esperanza, aunque la ley en Colombia no está de su lado.
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La última vez que la Corte IDH se refirió a este tema fue en el caso de Gustavo Petro, líder de Colombia Humana y también precandidato presidencial. En 2014, cuando era alcalde de Bogotá, la Procuraduría lo sancionó y lo destituyó. Petro dio la pelea en todas las instancias y siempre perdió en Colombia. Apenas el año pasado el tribunal interamericano le dio la razón. “La Corte ya concluyó anteriormente que una sanción de inhabilitación o destitución de un funcionario público democráticamente electo por vía de autoridad administrativa y no por ‘condena, por juez competente, en proceso penal’, es contraria a la Convención de Derechos Humanos (Pacto de San José)”, reza el fallo.
Los casos de Petro y Fajardo tienen algunas diferencias: al primero lo sacaron de su cargo mientras aún estaba en funciones, mientras que al segundo le llegó la sanción años después de terminar su período, cuando está por entrar a una nueva campaña. Al líder de Colombia Humana lo sancionaron disciplinariamente, mientras que sobre el exgobernador hay un fallo de responsabilidad fiscal, que según el Código Disciplinario se constituye en una inhabilidad para ejercer cargos públicos. Sin embargo, a ambos los sancionó un ente administrativo, no un juez, y esas decisiones tienen el mismo efecto: que no podrían volver a hacer política. Petro triunfó al final y a Fajardo, que acaba de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aún le queda camino.
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“Lo dicho por la Corte IDH en el caso Petro es aplicable a la situación de Sergio Fajardo”, dijo María Clara Galvis, profesora de derecho internacional en la Universidad Externado y exvicepresidenta del Comité contra la desaparición forzada de la ONU. Según explicó, en la misma sentencia el tribunal consignó que, “las sanciones económicas que impone la Contraloría, cuando son de alta cuantía, pueden tener en la práctica el mismo efecto de inhabilidad, pues la declaración de responsabilidad fiscal y la consiguiente inclusión de la persona sancionada en el boletín de responsables fiscales que elabora la entidad, le impiden a la persona sancionada posesionarse y ejercer el cargo”.
En el caso de Fajardo, la sanción asciende a $4,3 billones, ya que aunque son una veintena de implicados deben responder de manera solidaria. La aseguradora Mapfre, según anunció, entrará a cubrir gran parte del detrimento que identificó la Contraloría ($2,4 billones), pero a Fajardo, junto a otros exfuncionarios y empresas les tocará responder por el deducible. Ahora bien, al fallo de la Contraloría le falta aún un visto bueno del Consejo de Estado, un trámite que introdujo recientemente en una ley el contralor Carlos Felipe Córdoba con la supuesta intención de cumplir las órdenes de la Corte IDH en el caso Petro.
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Hasta que haya luz verde en el máximo tribunal administrativo, el fallo de la Contraloría no inhabilita al exgobernador de Antioquia. Sin embargo, el propio Consejo de Estado ha dicho que ese control automático no es suficiente para cumplir con lo ordenado por la Corte IDH. Mauricio Pava, abogado de Sergio Fajardo, le dijo a este diario que el alto tribunal “lleva más de 100 decisiones negándose a dar el visto bueno, precisamente porque quisieron convertir al Consejo de Estado en un notario de la Contraloría”. El 6 de diciembre pasado Fajardo le pidió al alto tribunal no conceder el visto bueno a la sanción, y estos argumentos también los presentó en la CIDH.
En un auto en el que unificó su posición sobre este tema, la Sala Plena del Consejo de Estado dijo que no se puede asemejar el estudio que hacen allí de los fallos de responsabilidad fiscal con ser vencido en juicio, o incluso con otros recursos del derecho administrativo. Entre otras cosas, porque Fajardo y los demás sancionados no pueden presentar sus pruebas, no pueden apelar y no se pueden defender. Todavía hay tela por cortar, pero al menos la candidatura de Fajardo parece estar a salvo con el respaldo del derecho internacional. “El control de legalidad posterior no legitima, avala, o sanea la absoluta ausencia de competencia de la autoridad administrativa para restringir o inhabilitar políticamente a una persona por supuesta o real conducta socialmente reprochable”, dice el auto de julio de este año.
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Si quedaban dudas de que el derecho internacional está del lado del exgobernador, hay un precedente de la Corte Interamericana aún más cercano a su caso: el del líder opositor al régimen de Venezuela, Leopoldo López, quien fue sancionado por la Contraloría de su país y en su momento, no pudo lanzarse a la Alcaldía de Caracas. “La inhabilidad relacionada con el ejercicio de cargos anteriores, a Leopoldo López le impidió presentarse como candidato a un nuevo cargo: la alcaldía de Caracas, y a Sergio Fajardo le impediría posesionarse y desempeñar el cargo de Presidente, en caso de resultar elegido”, explicó Galvis.