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La ajetreada agenda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a su llegada a Colombia empezó con una reunión con miembros del alto gobierno y posterior a ello siguió con el encuentro en el búnker de la Fiscalía en la que los protagonistas fueron el fiscal general Francisco Barbosa y la vicefiscal general Martha Mancera quienes en un informe de 35 páginas revelaron los avances en materia penal sobre los hechos ocurridos durante las protestas convocadas desde el pasado 28 de abril como negativa a las directrices del actual Gobierno. El informe del ente acusador reveló que entre esa fecha y el 5 de junio se han registrado 51 muertes de los cuales 21 obedecen a situaciones que vinculan las manifestaciones y ocurrieron en Bogotá (1), Cali (11), Cauca (1), Cundinamarca (3), Valle del Cauca (4) y Tolima (1).
“Fue una reunión muy importante, muy trascendente, la Fiscalía General de la Nación entregó además todo el balance que se ha realizado en el marco de las manifestaciones que se han hecho en Colombia y el trabajo judicial que tiene el ente acusador en este país. Para nosotros es tremendamente importante esta visita, respetamos profundamente el sentido y la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que hace parte por virtud de nuestro sistema constitucional”, dijo el fiscal general quien añadió en el documento que hay 11 muertes que están en proceso de verificación y 19 más que si bien sucedieron durante la jornada de paro no están enmarcadas en situaciones de tal similitud.
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De los homicidios presentados en el marco de las manifestaciones, Barbosa dijo que cuatro se encuentran esclarecidos y con medidas judiciales. Uno de los casos es la muerte del capitán de la Policía Jesús Alberto Molano, ocurrida en Soacha, Cundinamarca, durante las primeras jornadas de protesta. Por estos hechos, Jesús Antonio Castillo, Juan Sebastián Vélez y Maicol Steven Vélez fueron imputados por los delitos de homicidio, hurto, y porte ilegal de armas; además fueron enviados a la cárcel. De otro lado, dos oficiales de la Policía fueron vinculados en la muerte de Santiago Andrés Murillo Meneses, el joven de 19 años que perdió la vida en Ibagué. Si bien sobre los dos uniformados el ente acusador solicitó orden de captura en su contra, en este momento, se debe definir el conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la Penal Militar.
Otro caso que está en conflicto de competencias es la muerte de Brayan Fernando Niño Araque, de 24 años que recibió dos impactos de bala el pasado 1 de mayo. Por estos hechos fue capturado el mayor Carlos Javier Arenas como presunto responsable del delito de homicidio. Por el mismo cargo fue capturado otro uniformado de la Policía y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario por la muerte de un menor de edad en Cali. Barbosa junto con Mancera explicaron que una vez se tuvo registro de las muertes en el marco de las manifestaciones un equipo de investigadores y peritos se desplazaron hasta el lugar de los hechos para avanzar con el proceso de indagación.
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En materia de desaparecidos Barbosa dijo en su informe que el ente acusador junto con la Defensoría del Pueblo activó el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) que sirve para prevenir la desaparición forzada en el país. Son alrededor de 700 investigadores quienes recopilan las denuncias que fueron impuestas desde el 28 de abril. Hasta el momento el MBU ha permitido ubicar a 328 personas y continúa su operación en 91 casos que aún permanecen en alerta por desaparición.
“El MBU pone en cabeza de la autoridad judicial la responsabilidad de recopilar todos los datos de identificación posibles sobre la persona presuntamente desaparecida, con el fin de orientar de la mejor manera las labores de ubicación (…) Dado que la finalidad del MBU es encontrar a una persona desaparecida, viva o muerta, su objeto no es la investigación de la comisión de un delito, la determinación de responsabilidades penales o la revisión de la legalidad de una captura”, explicó el jefe del búnker.
Con lo anterior, Barbosa dejó claro que para analizar el delito de desaparición forzada es necesaria una investigación penal que adelanta un fiscal especializado, de ahí que hasta la fecha haya dejado como resultado tres denuncias que se encuentran en etapa de indagación. Dos de ellas son por hechos ocurridos en el departamento de Antioquia y una en el Valle del Cauca. En los tres casos, las víctimas son hombres, y en dos de ellos se reporta que fueron aprehendidos en vías públicas. Todos los hechos reportados tuvieron lugar entre el 2 y el 20 de mayo del año en curso.
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El documento también reveló las cifras de las capturas en flagrancia que ha adelantado el ente acusador. Confirmó que, de las 1.136 personas capturadas, a 224 de ellas se les ha formulado imputación de cargos. Igualmente, del total de personas detenidas, 921 han sido dejadas en libertad. “Es importante precisar que el número de libertades otorgadas por la misma Fiscalía es elevado, dada la exigente evaluación constitucional y legal de los informes de policía en casos de captura en flagrancia, que son estudiados a la luz de los requisitos de inferencia razonable de autoría y participación previstos por la ley procesal penal”.
Siguiendo en la misma línea de investigación a los civiles, el jefe del búnker en su documento trajo a colación las agresiones armadas cometidas por varios ciudadanos. Estos hechos quedaron en evidencia en el barrio Ciudad Jardín, en Cali, Valle del Cauca, cuando cinco personas con armas de fogueo apuntaban a los manifestantes, supuestamente, porque defendían a varios policías que iban a ser atacados. El ente acusador tiene reporte de cinco personas vinculadas en ello de los cuales uno ya fue llamado a interrogatorio. Se trata de Andrés Escobar quien dice ser empresario y haber defendido a los uniformados.
Los grupos armados ilegales y la protesta
Otro panorama expuso el ente acusador ante la CIDH y este vincula la presunta comisión de delitos por parte de grupos al margen de la ley. “En las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación, se ha evidenciado la participación de Grupos Armados Organizados, principalmente, en tres líneas: direccionamiento, actos violentos contra los funcionarios e instalaciones públicas, financiamiento y logística”. Las pruebas que reposan no solo en los despachos de Barbosa y Mancera sino también hace parte del material que recolectó la CIDH, da cuenta que la “Segunda Marquetalia” ha tenido relación directa con actos vandálicos perpetrados durante las manifestaciones.
“Dentro de esta investigación, el 25 de mayo, fueron capturadas e imputadas 7 personas, por concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Allí, se incautaron documentos (mapas, panfletos), 6 computadores, explosivos, 3 armas, 19 celulares y 19′865.000 millones de pesos”, dijeron los dignatarios del búnker y añadieron que el ELN también tuvo participación delictiva en las marchas.
Se trata del frente José María Becerra, que, según la Fiscalía, está encargada de liderar y fortalecer la Red de Milicias Urbanas en Cali, y conseguir armamento para las filas. Una de las situaciones que los llevó a esa hipótesis fue la captura de alias “Lerma”, ocurrida en Cali. “En dicha oportunidad, se capturó también a Jorge Luis Lerma Castro en situación de flagrancia. Los delitos imputados fueron concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos”.
La violencia de género
Los delitos de género no escaparon al reporte del ente acusador. El informe reveló que, al momento, existen 14 mujeres víctimas de violencia, una policía y 13 civiles. “En los casos que se han identificado en el marco de las manifestaciones violentas, se realiza una lectura de los hechos, de la denuncia y se identifica si se está ante agresiones directamente contra la mujer individualmente considerada o si la agresión en contra de la mujer víctima hizo parte de un ataque colectivo (contra varios manifestantes). Es decir, se diferencian los casos en los que el hecho de ser mujer funge como un criterio de selectividad”, aseguró la entidad y añadió que esta distinción sobre ataques individuales y colectivos no obsta para la identificación de casos con múltiples víctimas, que pueden ser considerados como violencia contra la mujer en el marco de las manifestaciones.
La Fiscalía anunció en el documento que no descarta llevar ante los estrados judiciales a un miembro del Escuadrón Móviles Antidisturbios (ESMAD) que habría estado vinculado en la agresión que sufrió una menor de edad que denunció abuso sexual y posterior a ello se suicidó. Los hechos ocurrieron en Popayán.