“Le voy a solicitar, por favor, no vuelva a alzarme la voz en este estrado judicial. No soy su hijo ni soy su esposa para que usted me hable en ese tono”. Esta fue la expresión que lanzó en la última audiencia el juez que lleva la investigación por el presunto uso irregular de la prueba del polígrafo a la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza. En medio de una discusión con la defensa del coronel Carlos Feria, señalado en el conocido escándalo de las ‘chuzadas’, el togado terminó pronunciando esta frase que no tardó en despertar críticas en redes sociales.
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Los comentarios del juez 14 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, que se dieron en la tarde del pasado 18 de febrero, no solo reavivaron cuestionamientos sobre la forma en que se desarrollan las diligencias judiciales, sino que también abrieron una discusión más profunda sobre la violencia institucional, los estereotipos en los estrados y la responsabilidad del Estado en garantizar procesos libres de discriminación. Para analizar este escenario, El Espectador habló con Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), sobre los avances y desafíos pendientes para garantizar el enfoque de género en la justicia colombiana.
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¿Qué lectura hace la CCJ del comentario del juez en el caso de Marelbys Meza? ¿Cree que es un hecho aislado o estructural en la Rama Judicial?
Esto tiene que ver con un asunto que va más allá de la labor de los operadores judiciales y también con la cultura colombiana. En ese sentido, no es un asunto estructural de la Rama Judicial solamente, pero tampoco se trata de un hecho aislado. Se trata de una forma de responder propia de la cultura que tenemos en nuestro país en el que, infortunadamente, todavía se considera que se puede tratar a las mujeres de la manera en la que el juez respondió en este caso de Marelbys Meza.
¿Considera que el lenguaje usado por jueces puede comprometer la imparcialidad en un proceso?
Por supuesto que sí. Digamos que, por la naturaleza misma del rol que un juez desempeña, todo su comportamiento, desde su lenguaje, pasando por su expresión corporal y la manera en la que se comporta durante las diligencias, debe enfocarse en la neutralidad y no dejar ver que tiene inclinaciones o sesgos de ninguna naturaleza. Esto, más allá de estar a favor de una u otra de las partes, incluye también que no tenga sesgos como el de género, raza o algún otro que pueda dar lugar a que se entienda que puede estarse enfrentando algún tipo de situación relacionada con discriminación.
Por eso, cuando los funcionarios judiciales utilizan un lenguaje que no es respetuoso en materia de género y que, por el contrario, refuerza estereotipos, como hacer señalamientos estigmatizadores o discriminatorios, esto lleva a cuestionar la credibilidad y la imparcialidad que tiene el funcionario judicial.
De acuerdo con la Red Nacional de Mujeres, más del 70 % de las víctimas de violencia sexual en el país no denuncian, y eso solo hablando de uno de los tipos de violencia que padecen las mujeres. Ante este panorama, ¿considera que este tipo de expresiones tiene impacto en la confianza de las mujeres en el sistema judicial?
Tiene muchísimo que ver. Digamos que, cuando estamos hablando de las violencias de género y, en particular, de la violencia sexual, las mujeres enfrentan muchísimas barreras y obstáculos al momento de denunciar y de acudir a la justicia. Además de las barreras que habitualmente hay para acceder a la justicia en Colombia, que pueden tener que ver con la distancia a una fiscalía o a un operador de justicia, con que en muchos casos las personas no sepan leer y escribir o no conozcan las rutas y los trámites que tienen que seguir, en los casos de las violencias basadas en género o en los casos de violencia sexual existen otras barreras adicionales.
Estos obstáculos están relacionados estrictamente con el tema de género. Por ejemplo, muchas víctimas cargan con la vergüenza de que se conozca lo que les ocurrió dentro de sus familias y comunidades, el temor a ser señaladas, humilladas o discriminadas por el tipo de violencia que sufrieron, y el miedo a la revictimización de distintas maneras. Si a esto le sumas que este señalamiento va a venir de quien tiene que recibir tu denuncia y debería ayudarte a conseguir justicia, por supuesto es un motivo importante para que una persona que ha sido víctima de esta forma de violencia se abstenga o piense dos veces antes de presentar una denuncia.
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Hay un precedente clave de 2025 en el que el Tribunal Administrativo condenó a la Rama por revictimizar a una mujer víctima de violencia sexual mediante lenguaje discriminatorio. ¿Ha habido cambios reales en formación o protocolos?
Esta sentencia de 2025, en la que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca condenó a la Rama Judicial justamente por hechos en los que se había usado lenguaje indecoroso y discriminatorio contra una mujer víctima de violencia sexual, debería estar generando transformaciones en el tipo de lenguaje que se utiliza por parte de los funcionarios judiciales. Si bien creo que se han estado dando pasos importantes en el último tiempo, ejemplos como el que estamos viendo ahora en el proceso de Marelbys Meza evidencian que esta tarea no está terminada y que, por el contrario, queda mucho por hacer.
Los funcionarios judiciales, y en particular las y los jueces, que son quienes imparten justicia, tienen el deber de guardar imparcialidad e independencia. Es necesario que usen de manera efectiva el enfoque de género y entiendan que el uso de un lenguaje irrespetuoso y discriminatorio tiene un impacto directo no solo sobre el desarrollo del proceso judicial, sino sobre la confianza de las víctimas en la justicia.
¿La formación actual de jueces y fiscales incluye herramientas suficientes para aplicar el enfoque de género en la justicia?
Creo que las formaciones que se hacen hoy en día para los integrantes de la Rama Judicial contienen un componente muy fuerte en materia de derechos humanos y también en temas de género. Sin embargo, este es un problema que no es exclusivo de la Rama Judicial, sino que tiene un trasfondo muy fuerte en la cultura en la que vivimos. Tiene que ver con convivir en una cultura tradicionalmente conservadora y machista; por eso, esta tarea trasciende a la Rama Judicial y debería ser un esfuerzo que se adelante en distintos niveles dentro de nuestra sociedad: desde los colegios, las universidades y las distintas profesiones y, por supuesto, también dentro de la Rama Judicial.
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La sensibilización en materia de género es una tarea que nunca termina y que, si bien ha habido esfuerzos importantes por incluir formación específica en estas materias dentro de la formación general de servidores públicos y operadores de justicia, siempre se puede reforzar. Sobre todo, no es suficiente quedarse con la teoría; estos aprendizajes hay que llevarlos a la práctica para que realmente sean apropiados por quienes administran justicia y puedan entender y experimentar de primera mano la diferencia que puede hacer el uso de un lenguaje respetuoso con las mujeres y, sobre todo, con las mujeres que han sufrido diversas formas de violencia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
