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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de adolescentes indígenas del pueblo Murui-Muina perpetrado por un grupo armado ilegal en Caquetá. Los hechos hacen referencia a la masacre de tres adolescentes indígenas, víctimas de reclutamiento forzado en marzo de 2023, que fueron asesinados por el frente Carolina Ramírez de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, luego de que intentaran escapar al reclutamiento y retornar a sus comunidades. Hasta el momento, la única víctima identificada es Luis Alberto Matías, perteneciente a la comunidad Samaritana del Resguardo Alto Predio (Putumayo).
El asesinato de los menores fue denunciado por la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), afirmando que se trataba de, por lo menos, cuatro jóvenes que escaparon de las filas del EMC y, el pasado 17 de mayo, el grupo armado los buscó, los encontró en la comunidad El Estrecho y los asesinó con arma de fuego. A través de un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó la masacre que tuvo lugar en la comunidad El Estrecho, límite entre Caquetá y Amazonas.
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Según información recibida de las organizaciones de sociedad civil, la Comisión detalla que los territorios donde se encuentran las comunidades indígenas y afrocolombianas en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas se caracterizan por ser zonas con poca presencia del Estado, con acceso limitado a servicios básicos como salud, educación, seguridad y justicia. “En este contexto, los grupos armados ilegales han incrementado su presencia territorial y han avanzado en la imposición de sus condiciones, afectando la organización social de las comunidades. Esta connivencia impuesta, deslegitima a las autoridades ancestrales y los mecanismos de organización comunitaria, lo que pone en riesgo la propia existencia de las culturas indígenas y tribales de Colombia”, analiza la CIDH.
Asimismo, según la información documentada por la CIDH, esta presencia territorial se ha traducido en un incremento de la violencia en contra de las comunidades y de las personas con liderazgo; incluyendo la violencia sexual contra mujeres; el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras formas de violencia.
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A lo anterior se suma el reclutamiento de menores que, según Juan Sebastián Campo, coordinador de proyectos en Benposta Nación de Muchachos, da cuenta de que hay una serie de factores de riesgo que no solamente están asociados a la presencia del actor armado, sino también a otros ámbitos como la violencia intrafamiliar, la pobreza de los territorios, la falta de oportunidades para los niños y jóvenes, y un sistema educativo que también está permanentemente en riesgo frente al accionar de los grupos, ya sea por la ocupación de los espacios escolares, las amenazas y los desplazamientos o asesinatos de docentes.
En este contexto, la CIDH hace un llamado al Estado para investigar diligentemente estos hechos, a reparar integralmente a las familias de las víctimas y desarrollar acciones destinadas a la prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes en Colombia. De esta manera, para garantizar los derechos de las comunidades étnicas en Colombia, la Comisión le recomienda al Estado fortalecer su presencia integral a nivel territorial, en especial las instituciones dedicadas a garantizar la seguridad y la justicia, así como aquellas destinadas al acceso a la salud, educación, trabajo, entre otros.
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Frente a esta masacre, el Gobierno informó sobre la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar con los responsables de los mismos. El Estado también informó sobre reuniones sostenidas con autoridades locales y con la OPIAC, en las que se acordó el futuro desarrollo de acciones conjuntas para aportar a la eliminación del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
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