“Siempre fui un niño de campo y, la verdad, la vida de campo no es la misma que la de la ciudad. Los niños y niñas del campo viven en el olvido y por eso suceden estas cosas, donde son llevados o reclutados a la fuerza o porque les hacen promesas falsas que nunca les cumplen”. Esas son las palabras de una víctima de reclutamiento forzado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su caso es uno de los 1.559 por los cuales la Sala de Reconocimiento de Verdad de esa instancia imputó a 20 exmandos medios de la antigua guerrilla de las Farc, por 863 crímenes ocurridos entre 1971 y 2016. La decisión pone de frente una realidad que hoy se repite: el abandono del Estado en regiones alejadas del país le ha abierto la puerta al fortalecimiento del poder criminal.
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La imputación fue dada a conocer durante una rueda de prensa en la que lideró la vocería la magistrada Lily Andrea Rueda Guzmán, relatora del caso 07 de la JEP, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado. Desde el 1 de marzo de 2019, cuando se abrió formalmente el expediente, la togada ha liderado la indagación relacionada con la forma en la que la antigua guerrilla de las Farc reclutó a la fuerza o mediante engaños a 18.677 niñas y niños durante el conflicto en Colombia. Por este mismo caso, el pasado mes de marzo los siete exintegrantes del último Secretariado de las Farc reconocieron su responsabilidad por medio de una carta y un video enviado a las víctimas, tras ser imputados en 2024.
Los exmandos medios imputados hicieron parte de los bloques Oriental, Sur, Noroccidental, Caribe, Magdalena Medio y el Comando Conjunto Central de la antigua guerrilla. Entre ellos está, por ejemplo, Abelardo Caicedo Colorado, alias “Solís Almeida”, comandante del Bloque Caribe de 1993 a 2016; y Rodolfo Restrepo Ruiz, alias “Víctor Tirado” o “Víctor 34”, comandante del Bloque Noroccidental de 1993 a 1998 y del Bloque Oriental de 2000 a 2009. Estas dos últimas subestructuras, según la JEP, representaron el 58% de los casos de reclutamiento de niñas y niños, con 611 y 111 casos respectivamente. Del universo provisional de víctimas, 9.027 pertenecen a comunidades étnicas como los pueblos indígenas Koreguaje, Barí y Sikuani.
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El abandono del Estado y el poder criminal
El más reciente llamado de la JEP a exmandos medios de las Farc para que reconozcan responsabilidad está relacionado con el primero de los cinco patrones macrocriminales investigados: reclutamiento y utilización de niños y niñas, incluidos menores de 15 años. En su investigación, la JEP encontró que existe una relación directa entre el poder criminal de la antigua guerrilla de las Farc y la histórica ausencia del Estado en departamentos como Arauca, Guaviare, Meta y Vichada. El abandono era de tal magnitud que, según detalla el auto de imputación, en regiones en las que los menores no tenían siquiera acceso a su registro de identidad, se facilitaba el reclutamiento por parte de las Farc sin importar su edad.
“Comparecientes de distintas estructuras territoriales señalaron que la exigencia de documentos de identificación no era viable en amplias zonas rurales, caracterizadas por el abandono estatal y la ausencia de registros civiles. En la práctica, el ingreso se basó en la edad manifestada por la persona, en referencias de familiares o conocidos, o en las apreciaciones subjetivas sobre rasgos físicos y psicológicos asociados a la madurez”, se lee en el documento. Agrega que en regiones como el oriente del país el impacto fue crítico: “La débil o nula presencia estatal configuró un entorno de abandono estructural. La falta de fuerza pública, la precariedad educativa, la inexistencia de instituciones de justicia y las limitaciones en el acceso a la salud crearon condiciones propicias para el control social y político de las Farc-EP”.
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Víctimas y comparecientes coinciden en que el abandono del Estado en los años más duros del conflicto llegó al punto en que eran estructuras ilegales como las Farc las que hacían las veces de autoridad. “En la escuela era la guerrilla la que nos daba clase dos o tres días a la semana; llegaban y en medio de la clase nos dictaban ideología militar y al finalizar nos proyectaban una imagen del Che Guevara que decía ‘joven ingresa’. Nunca los vimos como enemigos”, le dijo a la JEP una víctima de reclutamiento en el Cañón de las Hermosas (Tolima). Justo en ese departamento, según la Defensoría del Pueblo, el panorama sigue siendo similar: cuatro de los 257 casos de reclutamiento forzado registrados en 2025 ocurrieron allí.
La JEP recogió casos en departamentos como Santander, donde el poder de las Farc y el olvido estatal fueron de tal magnitud que era el grupo al margen de la ley el que hacía las gestiones para llevar los servicios públicos a las comunidades. “No había ni agua, ni luz. Las Farc-EP ‘hacían presencia para que la gente fuera a la reunión’, donde se pedía colaboración para ‘poder colocar la luz y el alcantarillado’”, detalló la Sala de Reconocimiento de Verdad sobre los aportes de una víctima reclutada en Norte de Santander, cuando tenía 11 años. Las Farc, como dijo otra víctima reclutada en Puerto Wilches (Santander) a sus 14 años, eran parte del paisaje: “El Ejército solo lo veía cuando había elecciones; de resto, no. Solamente andaba la guerrilla”.
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Los patrones pendientes
Las investigaciones de la JEP relacionadas con el caso 07 no solo han permitido comprender que el reclutamiento forzado de menores de edad y su instrumentalización en la guerra por parte de la antigua guerrilla de las Farc fue “un patrón nacional, sistemático, complejo y multicausal, sostenido en el tiempo y extendido en todos los territorios”, como dice el auto. También permitió definir que del total de víctimas acreditadas a hoy, la mayoría de ellas fueron reclutadas y utilizadas a la fuerza por parte de ese grupo al margen de la ley: el 64% del total de los casos. El 22% y el 13% restantes, según la Sala de Reconocimiento de Verdad, correspondieron a reclutamientos mediante engaños y persuasiones.
A ellos se suman los casos de niñas y niños que no fueron obligados a entrar a las filas de las antiguas Farc, pero que fueron utilizados como informantes o cuidadores de guerrilleros heridos en combates. Aún faltan cuatro patrones criminales por esclarecer, entre los cuales hay temas claves como la violencia sexual y reproductiva. Mientras que los hoy imputados tienen la puerta abierta para reconocer su responsabilidad y recibir una sanción propia o negarla e ir a un juicio adversarial, la justicia transicional trabaja para cerrar este año las imputaciones relacionadas con este crimen. Su esclarecimiento, en palabras de la magistrada Rueda Guzmán, no les devolverá la infancia a las víctimas, pero les ayudará a cerrar la herida que dejó la guerra.
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Por Gustavo Montes Arias
