El paso que dio el Gobierno para erradicar la tortura de las cárceles

Aunque un motín en una cárcel no es pronosticable y en muchas ocasiones tampoco se puede evitar, lo que sí se puede es prevenir la forma en la que el uso de la fuerza termina siendo descomunal sobre las personas que están privadas de la libertad. Esa, entre otras, es una de las apuestas del Gobierno al dar un paso más para prevenir que la tortura siga dándose en los centros carcelarios. Se trata de un proyecto de ley que radicó la Cancillería esta semana para ratificar un tratado internacional y, como toda norma, tendrá que pasar los debates en el Congreso, el examen de la Corte Constitucional y la sanción del presidente.

Aunque un motín en una cárcel no es pronosticable y en muchas ocasiones tampoco se puede evitar, lo que sí se puede es prevenir la forma en la que el uso de la fuerza termina siendo descomunal sobre las personas que están privadas de la libertad. Esa, entre otras, es una de las apuestas del Gobierno al dar un paso más para prevenir que la tortura siga dándose en los centros carcelarios. Se trata de un proyecto de ley que radicó la Cancillería esta semana para ratificar un tratado internacional y, como toda norma, tendrá que pasar los debates en el Congreso, el examen de la Corte Constitucional y la sanción del presidente.

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La intención principal con el proyecto es que se ratifique el Protocolo Facultativo de la ONU en contra de la Tortura. Ese tratado, en pocas palabras, busca prevenir los tratos inhumanos, las penas crueles y paulatinamente erradicando este delito, no solo en las cárceles, sino también en centros de detención transitorios, en las unidades de reacción inmediata e, incluso, en hospitales psiquiátricos en donde hay población recluida porque bajo su condición médica cometieron algún delito. Con la radicación del texto en el congreso, Colombia salda una deuda que tenía hace más de 20 años.

Para que el país pueda ser cobijado con el protocolo debe tener una norma que autorice a los delegados de la ONU hacer visitas periódicas a las cárceles y lugares donde permanecen personas privadas de la libertad. Por ahí empezó el Gobierno de Gustavo Petro: con el proyecto de ley que tiene 30 páginas y será debatido durante los próximos meses. Una vez la norma sea un hecho, los delegados del órgano internacional tras sus visitas realizarán un diagnóstico, y con base en ello, entregarán una serie de recomendaciones que el Gobierno colombiano debe empezar a implementar.

Los antecedentes

En Colombia, por ejemplo, actualmente hay dragoneantes del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) judicializados por tortura. El caso más reciente se remonta al 21 de marzo del 2020, cuando cientos de hombres privados de la libertad en la cárcel Modelo de Bogotá intentaron una fuga masiva en medio de la pandemica del Covid-19. Algunos custodios del Inpec, según las investigaciones, se convirtieron en sus verdugos. La acusación en contra de tres funcionarios da cuenta de que para tener control de la situación habrían sometido a los internos con desnudez, golpes, cortes con cuchillo y detención en medio de heces y sangre humana.

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Esa situación ante la justicia, a todas luces, termina siendo un acto de tortura contra la población carcelaria. Sin embargo, para Ana María Rodríguez, directora de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) la tortura en las cárceles del país no se trata exclusivamente de maltrato físico. La experta explicó, en diálogo con este diario, que por 20 años ha liderado una lucha para visibilizar la situación que padece la población carcelaria y, junto con otras organizaciones, han elevado peticiones para que el protocolo de la ONU sea implementado en el territorio nacional.

La directora celebra la iniciativa del Gobierno porque asegura que es un paso más para identificar que la tortura no es solo física, sino que también se demuestra con tratos crueles como suministrar comida en mal estado, ser víctima de violencia de género en las cárceles e, incluso, ser víctima de violencia sexual en los centros hospitalarios psiquiátricos donde están recluidas personas en condiciones médicas. “Es una oportunidad muy grande para Colombia. Después que se ratifique el protocolo, lo que viene es pensarnos en constituir el mecanismo nacional de prevención”, explicó.

La posible solución

Rodríguez tiene claro que la iniciativa del Gobierno se suma al revolcón que ha hecho el Ministerio de Justicia respecto de la reforma penitenciaria, con la que pretende que las cárceles cumplan con su rol de resocialización, más allá de ser el lugar donde se purguen penas. Asimismo, la abogada señaló que este tratado avanza en el sentido de las directrices que ha dado la Corte Constitucional sobre la crisis carcelaria. El alto tribunal no ha sido ajeno a esa situación. En tres ocasiones ha llamado la atención. Así como también lo hizo en su momento Andrea Casamento, experta de la ONU.

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Casamento hace parte del subcomité para la prevención de tortura y, si se ratifica el tratado, sería una de las personas que visitarían varios de los centros de reclusión en el país. En octubre pasado visitó Colombia y, en diálogo con El Espectador, dijo que aunque el Gobierno le pidió capacitaciones para los directores de los penales, lo más urgente es hacer una reformulación en el Inpec, específicamente, sobre cómo es el diálogo con el organismo que brinda los servicios, en este caso, la Uspec. Además, explicó que otra situación que revisaría de manera inmediata son las condiciones en las que se encuentran los privados de la libertad.

Rodríguez y Casamento coinciden en que los tratos inhumanos a la población carcelaria también quedan en evidencia cuando la infraestructura de los penales no es la adecuada. Por ejemplo, llaman la atención sobre el servicio de agua o el mal estado de los baños, que usan cientos de privados de la libertad. Para las expertas está claro que las condiciones de tortura no solo son maltratos físicos, sino que son una seguidilla de condiciones estructurales que durante años atrás los Gobiernos no han logrado superar.

Por el momento, las cartas ya están sobre la mesa. La ONU tiene intención de que en Colombia se prevenga la tortura, las organizaciones nacionales han hecho ese pedido durante más de 20 años, y el Gobierno le está apostando a esa iniciativa. Así las cosas, lo que queda es que en el Congreso se surtan los debates necesarios y que la norma pase el examen en la Corte Constitucional. En palabras de las expertas, el protocolo podría abrir la puerta a que la población carcelaria tenga una vida digna, pese a las limitaciones de movilidad y libertad que tienen.

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