Por más de 30 años Gustavo Sastoque esperó este momento. Con un altar católico, decorado con rosas blancas y una estatua de San José y figuras religiosas en el centro del auditorio de la Fiscalía en Bogotá, el 6 de octubre el Estado colombiano le pidió perdón por el montaje judicial con el que lo acusaron en 1995 del asesinato del exguerrillero Hernando Pizarro. Una injusticia que lo mantuvo 10 años en prisión y nueve meses en prisión.
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En su búsqueda por demostrar su inocencia, Sastoque, respaldado por la Asociación para la Promoción Social Alternativa (Minga), llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, en 2008, la instancia ordenó que se esclareciera la investigación y se realizara un acto de reconocimiento público por la vulneración de sus derechos.
“Quiero hacer pública mi historia, mostrar y dar a conocer a la sociedad que para estar privado de la libertad en una cárcel no necesariamente se tiene que ser un delincuente; solo basta con caer en manos de personas inescrupulosas, como algunos administradores de justicia, y en mi caso particular, en garras de la justicia sin rostro y sus famosos testigos”.
Estas palabras, extraídas del libro que Sastoque escribió durante la década de su encierro, dieron inicio al acto realizado el 6 de octubre, donde expresó: “Aunque el daño es irreparable, los perdono”. Acompañado de sus familiares y amigos, Sastoque escuchó las excusas de César Palomino, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que representó a Colombia ante la CIDH.
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Por su parte, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, quien lideró el acto, reconoció la responsabilidad del Estado por violar los derechos a la libertad, a las garantías judiciales y a la protección judicial del exfuncionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
“Este hecho fue especialmente lesivo para usted, pues la entidad para la que trabajaba, y en la que había depositado su confianza, lo acusó injustamente. Por eso, aceptamos que cometimos un error. Expresamos nuestras más sinceras disculpas por el daño que le causamos y reconocemos plenamente nuestra responsabilidad. Reiteramos con toda claridad que usted siempre fue inocente”, manifestó la fiscal Camargo.
A su momento de pasar al escenario, Sastoque recordó con lágrimas surcándole el rostro la ausencia de su madre, quien murió en 1997 por un derrame cerebral provocado por la noticia de que su hijo había sido encarcelado; información que su familia le ocultó durante dos años. Privado de su libertad, Sastoque tuvo que atravesar el duelo y lamentó que la justicia le haya impedido seguir con su proyecto de vida. “Tenía muchos planes, muchos sueños: estudiar derecho, comprar mi vivienda, y tener un hogar. Pero todo quedó en ilusiones”, declaró Sastoque ante los funcionarios del Estado.
Historia del montaje judicial contra Sastoque
El inicio de la tragedia se remonta al miércoles 8 de marzo de 1995, cuando Gustavo Sastoque, en su jornada laboral en el CTI de Paloquemao, fue citado con urgencia a la Fiscalía Regional bajo un falso pretexto. Al llegar, fue abordado por individuos que se identificaron como agentes del DAS y le entregaron una orden de captura por el asesinato de Pizarro, perpetrado la noche del 27 de febrero de 1995.
El documento indicaba una dirección de captura equivocada en Caquetá, un error que Sastoque ingenuamente creyó que demostraría su inocencia. Este episodio fue la primera fase de una operación de inteligencia que lo seleccionó y lo puso en la mira como el culpable de un crimen de alto impacto político.
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Al día siguiente de su detención, fue indagado por un fiscal sin rostro, una figura que impedía cualquier garantía de debido proceso y que ignoró sus alegatos de inocencia. La acusación se sustentó principalmente en testigos reservados y en un retrato hablado de él que fue aportado por el Batallón de Contrainteligencia 1 de la Brigada 20 del Ejército.
Este retrato resultó completamente distinto al primero que había dado Sandra Patricia Velasco, testigo clave que, casualmente, había sido llevada a declarar por el propio Sastoque días antes. Los testimonios a su favor, incluyendo su coartada verificada con una factura de Diners y testigos de su oficina, fueron descartados, y la Corte Suprema terminó ratificando la condena en 2003.
Con el paso de los años y el caso aparentemente cerrado, la verdad comenzó a emerger gracias a fuentes inesperadas. La investigación del crimen del político Álvaro Gómez Hurtado destapó la primera pista: un testigo sin rostro, conocido como “Emilio I”, declaró que un grupo de inteligencia militar había asesinado a Pizarro y había pagado a dos mujeres para que incriminaran a un funcionario de la Fiscalía de “escasos recursos”.
Posteriormente, la exagente de inteligencia Mercedes Yolima Guaquetá confesó que el montaje se planeó en la Brigada 13 del Ejército para desviar la atención y que a la testigo principal, una empleada del Fondo Rotatorio del Ejército, se le pagaron COP 20 millones por su falso testimonio.
Pese a estas revelaciones, la Corte Suprema de Justicia inicialmente mantuvo el caso cerrado, escudándose en la prescripción. Aunque en 2005 recibió la libertad condicional, la búsqueda de Sastoque por demostrar su inocencia continuó.
Apoyado por organizaciones de derechos humanos, finalmente obtuvo el respaldo de la justicia internacional y, posteriormente, de autoridades internas. En abril de 2008, a través de un acuerdo alcanzado en la CIDH, el Estado colombiano aceptó buscar una solución amistosa para reparar a Gustavo Sastoque y acelerar el esclarecimiento del caso.
Ese mismo año el fiscal Mario Iguarán ordenó investigar a los testigos y a los altos mandos militares y judiciales involucrados en el montaje, reconociendo que la violación del derecho a la libertad es imprescriptible. Otro hecho definitivo para el caso ocurrió en octubre de 2020.
Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se produjo una confesión sorpresiva: tres exjefes guerrilleros de las Farc admitieron su responsabilidad en varios crímenes cometidos en Bogotá por la red urbana Antonio Nariño. Entre los homicidios reconocidos estaba el de Hernando Pizarro, al nororiente de la ciudad, justo frente a una vivienda donde se estaba refugiando. Esta admisión resultó ser una pieza clave para desenmascarar el montaje.
Durante 30 años Sastoque insistió en su inocencia. Este diario siguió el paso a paso del camino de injusticia que libró este exfuncionario público que, solo hasta el 5 de febrero de este año, tuvo la primera respuesta de la justicia: la Corte Suprema de Justicia anuló la condena en su contra, tanto la de primera como la de segunda instancia, un paso clave para comenzar a dar fin a la pesadilla judicial que lo convirtió en un chivo expiatorio.
Aunque el acto de perdón tuvo un gran peso simbólico para la reparación de Sastoque, en la realidad todavía hace falta un paso decisivo: que un juzgado especializado declare por fin su absolución del caso. “Ahorita hay un perdón, pero igual ahí queda, porque sigo con ese estigma. La justicia no me ha resuelto nada. Yo todavía sigo vinculado al proceso, y hasta la fecha no me han solucionado mi situación jurídica. El montaje me lo hicieron en mediodía, pero para resolver mi situación, muchos años”, le dijo Sastoque a este diario.
Esta víctima del Estado agregó que, aunque sabe “que hay un perdón, el daño ya es irreparable. Mis sueños y mis proyectos los acabó la justicia. Solo espero que esta situación no se vuelva a repetir. Un ser humano inocente en una cárcel es peor que estar muerto en vida”.
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Jorge Cardona, exeditor general de El Espectador y quien siguió una a una las injusticias de este proceso, expresó: “Solo espero que la vida le devuelva a Sastoque todo lo que la justicia le quitó. Nadie le devolverá el tiempo perdido, ni los estigmas sufridos, ni el arrasamiento de sus derechos. El triunfo es solo suyo. El de un hombre simple que pasó diez años privado de la libertad por un crimen que no cometió y más de treinta esperando a que reconocieran su inocencia. Y lo hizo con la valentía suficiente de su verdad”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
