“La erradicación de los cultivos ilícitos por todas las vías será posible. Es una prioridad nacional. La coca no se combate con estadísticas maquilladas ni con mapas manipulados, sino arrancándola de la tierra, donde hoy alimenta la violencia y el crimen. Voy a implementar la fumigación con herbicidas de última generación que no causan daño a la salud humana, no contravienen el mandato de la Honorable Corte Constitucional y no afectan de ninguna manera el medio ambiente”.
Este fue uno de los apartes del primer discurso de Abelardo de la Espriella durante su posesión como nuevo presidente de Colombia. Se trata de una propuesta que no es novedosa, pues durante la campaña aseguró que utilizaría un “bioherbicida” para erradicar las más de 261.000 hectáreas de cultivos de coca que hay en Colombia, según cifras del Gobierno Nacional y de Naciones Unidas.
Sin embargo, durante la campaña y ahora, en su primera intervención como presidente, De la Espriella tampoco precisó qué sustancia utilizará su gobierno en una eventual reactivación de las fumigaciones de los cultivos de coca en Colombia.
El palo en la rueda que tendría De la Espriella para materializar la fumigación arrancó en el gobierno de uno de los presidentes que no fue invitado a la posesión de De la Espriella: Juan Manuel Santos Calderón, que suspendió la aspersión con glifosato en 2015, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo catalogó como un químico “probablemente cancerígeno para humanos”.
Dos años después, la Corte Constitucional resolvió una tutela presentada por comunidades indígenas y afrodescendientes de Nóvita (Chocó), que alegaban que el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) fue ejecutado en sus territorios, entre 2013 y 2014, sin consulta previa y afectó su salud, ambiente, fuentes hídricas y cultivos lícitos. La Corte, además de darles la razón, puso seis condiciones que deberían cumplirse si en algún momento se quería retomar la aspersión.
Expertos como Isabel Pereira, coordinadora de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), asegura que el presidente electo no podrá cumplir su promesa tan fácilmente.
La investigadora resaltó que para esa modalidad de fumigación, según definió la Corte, “la regulación debe ser diseñada y reglamentada por un órgano distinto e independiente de quienes ejecutan los programas de erradicación de cultivos ilícitos”. Señala que el alto tribunal fue claro al definir que esa regulación “debe derivarse de la continua evaluación del riesgo a la salud y otros riesgos en el marco de un proceso participativo y técnicamente fundado; el proceso decisorio debe incluir la revisión automática de las decisiones cuando alerte nuevos riesgos, y esta tarea debe estar a cargo de entidades capaces de expedir estas alertas”.
Paula Aguirre, directora de Elementa Colombia, una de las organizaciones de la Sociedad Civil que les ha hecho seguimiento a las políticas de drogas en el territorio nacional, le aseguró a este diario que no es suficiente que De la Espriella diga que no se va a fumigar con glifosato. “Las órdenes tendrían que aplicarse para cualquier herbicida con el que se quiera fumigar. Se tiene que hacer un análisis de riesgo real y de posibles afectaciones a derechos de cualquier químico, tenga el nombre que tenga. Cuando la gente escucha ‘fumigación’ cree que este es un método preciso y sin margen de error. No, estamos hablando de que el químico, sea cual sea, cae sobre humanos, animales, fuentes hídricas y cultivos de pancoger”, señala la abogada Aguirre.
Además de los obstáculos jurídicos, están los económicos que harían inviable la promesa. Juan Carlos Garzón, especialista en políticas de seguridad y drogas, concuerdan en que experiencias de gobiernos pasados terminan siendo más populistas que efectivas. “Lo que vemos, desde que se fumiga en el país y desde que se ha asumido una perspectiva prohibicionista de la política de drogas, es que la mata que se quita en un lado, a la fuerza, aparece en otro lado. Y muchas veces, en el mismo lado después de un tiempo. Por algo tenemos las cifras de cultivos año tras año”, señala la directora de Elementa Colombia.
A renglón seguido, Garzón dice que De la Espriella tendría otro problema para reactivar la fumigación: el tiempo. “Cumplir esas reglas no se resuelve con un decreto. El gobierno de Iván Duque intentó reactivar la aspersión durante todo su mandato, anunció fechas que luego se aplazaron y avanzó en trámites que nunca fueron suficientes para superar las exigencias de la Corte. Por eso, prometer que se fumigará pronto y, al mismo tiempo, que se respetarán todas las condiciones legales, ambientales y sociales es prometer dos cosas que, en lo inmediato, difícilmente caben juntas”, asegura el experto.
Así las cosas, al recientemente posesionado presidente le espera una ardua labor si pretende retomar una práctica que durante los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos fue una de las principales herramientas para combatir el narcotráfico. Pero que, a su vez, despertó la crítica de expertos y de las comunidades negras y campesinas que vivían en inmediaciones a los cultivos de uso ilícito.
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