El problema no es el aborto sino la falta de salud preventiva, dice senador y médico

Juan Luis Castro es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en psiquiatría infantil en el Child Study Center de Yale (Nueva York), y mágister en salud pública y finanzas de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos). Es, además, senador del Partido Verde y, desde su llegada al Congreso en 2018, ha promovido más de 20 proyectos de ley que buscan mejorar hábitos alimenticios, el acceso a agua potable, la prevención de enfermedades no transmisibles y el consumo de tabaco, entre otros. Ahora, en una reciente carta que le envió a la Corte Constitucional, planteó lo que él considera que es el debate de fondo en el tema de la despenalización del aborto.

(En contexto: “Un aborto se debe hacer tan pronto como sea posible y tan tarde como sea necesario”: Mónica Roa)

De entrada, el senador aclara que está de acuerdo con la ponencia que estudian los magistrados del alto tribunal, en la que se propone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) antes de la semana 16 de gestación y, de ahí en adelante, aplicar las tres causales que existen hoy (salud de la madre, malformación del feto y abuso sexual). Castro agrega que concuerda plenamente en que Colombia, como otros países del mundo, debe tener la condiciones para que no haya barreras, complicaciones o problemas asociados al aborto. Pero, dice el senador, médico y salubrista público, el debate debe ser otro.

“Colombia cuenta con un sistema de salud en el que el componente preventivo es prácticamente nulo. Y este problema crónico y generalizado necesariamente ha permeado problemáticas complejas en materia de salud sexual y reproductiva. Este es uno de los aspectos esenciales: la atención preventiva en materia de salud sexual en nuestro país es inexistente en muchos sentidos”, dice la carta que envió el senador a los nueve magistrados de la Corte Constitucional, quienes precisamente están arrancando a debatir en Sala Plena la ponencia que presentó el jurista Alejandro Linares. 

(Le puede interesar: Los argumentos claves del magistrado Linares para pedir aborto libre hasta la semana 16)

Por encima de la práctica del aborto, considera el congresista Castro, el verdadero problema radica en la inexistencia de una política de salud pública robusta y de alcance nacional que comprenda temas como el embarazo no deseado y una educación sexual para hombres y mujeres. La ausencia de esa política, añade el senador, tiene que verse como una grave problemática de salud pública, en donde el aborto va a seguir siendo “un camino para miles de mujeres, la mayoría en condición de vulnerabilidad por razones socioeconómicas, que arriesgan su vida e integridad física ejerciendo este derecho”. 

Para Castro, al igual que muchos otros fenómenos y problemas que se relacionan con la salud pública, el aborto “es, esencialmente, la manifestación de una falla estructural del sistema de salud de medicina preventiva en la protección de derechos fundamentales. Por eso, señala el senador, el sistema de salud colombiano debe dar un giro total pues asegura que el derecho fundamental a la salud está afectado “por la ausencia de políticas públicas que contribuyan a la construcción de un nuevo enfoque preventivo, que se ajuste a las necesidades de las ciudadanías del siglo XXI”.

(Lea también: “Vamos a seguir pidiendo la despenalización total del aborto”: Oriéntame)

Juan Luis Castro fue igual de certero con su posición frente al debate del aborto, como con lo que el Congreso ha dejado de hacer para la protección de derechos fundamentales. Para él, esta corporación ha permitido que muchas problemáticas no hayan sido resueltas por trámite legislativo de una forma positiva para el ejercicio de estos derechos. “La promoción  y prevención en materia de salud sexual y reproductiva es una de ellas”, aclara el senador, quien invita a la Corte a que aproveche el expediente que están estudiando para pronunciarse sobre lo que considera es el debate de fondo. 

La posición de Castro va en contra de lo que ya han dicho otros de sus compañeros del Congreso. El pasado 12 de febrero, congresistas del Centro Democrático, el Partido Conservador y Colombia Justa-Libres le enviaron una carta al alto tribunal en la que señalaron que el único con potestad para cambiar las reglas del aborto en el país, es el propio Congreso y no la Corte. Citando el artículo 152 de la Constitución, señalaron que el Congreso es el órgano que debe regular, vía ley estatutaria, los “derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”. 

(Le puede interesar: “En nuestra sociedad, las vidas de las mujeres que abortan valen menos”: Ana Cristina González)

Por ende, explicaron, es competencia exclusiva del legislador definir los asuntos relacionados con el derecho a la vida, incluidos aquellos que estén en el vientre de la madre. El rechazo de Castro a la posición de sus compañeros quedó clara en la ponencia del magistrado Linares. Allí, el jurista señala que en 33 ocasiones el Congreso ha tenido la oportunidad de pronunciarse frente al tema del aborto, pero no lo ha hecho. fondo en el tema del aborto. Para el senador Castro es claro que, ante esta ausencia de legislación, la llamada a llenar el vacío es la Corte. 

El alto tribunal “ha sido un faro y garante para los derechos fundamentales de la ciudadanía colombiana en inmensurables temas. Esta es la oportunidad para que, a través de este fallo, el sistema de salud de Colombia ponga como prioridad la atención preventiva como el primer paso para garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia”. Castro, en la conclusión de su carta, añadió que no considera racionales ni acertadas las acusaciones de quienes consideran que la Corte no puede pronunciarse sobre el tema. 

“Confío plenamente en que la Corte va a pronunciarse sobre el particular con la sapiencia, la garantía y la protección a la Carta Política de la manera en que tradicionalmente lo ha hecho a lo largo de su historia”, concluye Castro. Los nueve magistrados del alto tribunal ya tienen en sus manos la ponencia de Linares y se espera que, en cuanto resuelvan varias recusaciones en contra de los magistrado de la Sala Plena, empiece el debate de fondo para emitir una decisión, que podría ser histórica.

Juan Luis Castro es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, especialista en psiquiatría infantil en el Child Study Center de Yale (Nueva York), y mágister en salud pública y finanzas de la Universidad de Carolina del Norte (Estados Unidos). Es, además, senador del Partido Verde y, desde su llegada al Congreso en 2018, ha promovido más de 20 proyectos de ley que buscan mejorar hábitos alimenticios, el acceso a agua potable, la prevención de enfermedades no transmisibles y el consumo de tabaco, entre otros. Ahora, en una reciente carta que le envió a la Corte Constitucional, planteó lo que él considera que es el debate de fondo en el tema de la despenalización del aborto.

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De entrada, el senador aclara que está de acuerdo con la ponencia que estudian los magistrados del alto tribunal, en la que se propone despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) antes de la semana 16 de gestación y, de ahí en adelante, aplicar las tres causales que existen hoy (salud de la madre, malformación del feto y abuso sexual). Castro agrega que concuerda plenamente en que Colombia, como otros países del mundo, debe tener la condiciones para que no haya barreras, complicaciones o problemas asociados al aborto. Pero, dice el senador, médico y salubrista público, el debate debe ser otro.

“Colombia cuenta con un sistema de salud en el que el componente preventivo es prácticamente nulo. Y este problema crónico y generalizado necesariamente ha permeado problemáticas complejas en materia de salud sexual y reproductiva. Este es uno de los aspectos esenciales: la atención preventiva en materia de salud sexual en nuestro país es inexistente en muchos sentidos”, dice la carta que envió el senador a los nueve magistrados de la Corte Constitucional, quienes precisamente están arrancando a debatir en Sala Plena la ponencia que presentó el jurista Alejandro Linares. 

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Por encima de la práctica del aborto, considera el congresista Castro, el verdadero problema radica en la inexistencia de una política de salud pública robusta y de alcance nacional que comprenda temas como el embarazo no deseado y una educación sexual para hombres y mujeres. La ausencia de esa política, añade el senador, tiene que verse como una grave problemática de salud pública, en donde el aborto va a seguir siendo “un camino para miles de mujeres, la mayoría en condición de vulnerabilidad por razones socioeconómicas, que arriesgan su vida e integridad física ejerciendo este derecho”. 

Para Castro, al igual que muchos otros fenómenos y problemas que se relacionan con la salud pública, el aborto “es, esencialmente, la manifestación de una falla estructural del sistema de salud de medicina preventiva en la protección de derechos fundamentales. Por eso, señala el senador, el sistema de salud colombiano debe dar un giro total pues asegura que el derecho fundamental a la salud está afectado “por la ausencia de políticas públicas que contribuyan a la construcción de un nuevo enfoque preventivo, que se ajuste a las necesidades de las ciudadanías del siglo XXI”.

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Juan Luis Castro fue igual de certero con su posición frente al debate del aborto, como con lo que el Congreso ha dejado de hacer para la protección de derechos fundamentales. Para él, esta corporación ha permitido que muchas problemáticas no hayan sido resueltas por trámite legislativo de una forma positiva para el ejercicio de estos derechos. “La promoción  y prevención en materia de salud sexual y reproductiva es una de ellas”, aclara el senador, quien invita a la Corte a que aproveche el expediente que están estudiando para pronunciarse sobre lo que considera es el debate de fondo. 

La posición de Castro va en contra de lo que ya han dicho otros de sus compañeros del Congreso. El pasado 12 de febrero, congresistas del Centro Democrático, el Partido Conservador y Colombia Justa-Libres le enviaron una carta al alto tribunal en la que señalaron que el único con potestad para cambiar las reglas del aborto en el país, es el propio Congreso y no la Corte. Citando el artículo 152 de la Constitución, señalaron que el Congreso es el órgano que debe regular, vía ley estatutaria, los “derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección”. 

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Por ende, explicaron, es competencia exclusiva del legislador definir los asuntos relacionados con el derecho a la vida, incluidos aquellos que estén en el vientre de la madre. El rechazo de Castro a la posición de sus compañeros quedó clara en la ponencia del magistrado Linares. Allí, el jurista señala que en 33 ocasiones el Congreso ha tenido la oportunidad de pronunciarse frente al tema del aborto, pero no lo ha hecho. fondo en el tema del aborto. Para el senador Castro es claro que, ante esta ausencia de legislación, la llamada a llenar el vacío es la Corte. 

El alto tribunal “ha sido un faro y garante para los derechos fundamentales de la ciudadanía colombiana en inmensurables temas. Esta es la oportunidad para que, a través de este fallo, el sistema de salud de Colombia ponga como prioridad la atención preventiva como el primer paso para garantizar el derecho fundamental a la salud en Colombia”. Castro, en la conclusión de su carta, añadió que no considera racionales ni acertadas las acusaciones de quienes consideran que la Corte no puede pronunciarse sobre el tema. 

“Confío plenamente en que la Corte va a pronunciarse sobre el particular con la sapiencia, la garantía y la protección a la Carta Política de la manera en que tradicionalmente lo ha hecho a lo largo de su historia”, concluye Castro. Los nueve magistrados del alto tribunal ya tienen en sus manos la ponencia de Linares y se espera que, en cuanto resuelvan varias recusaciones en contra de los magistrado de la Sala Plena, empiece el debate de fondo para emitir una decisión, que podría ser histórica.