Hasta diciembre de 2022, Piedad Córdoba y su hermano, Álvaro Córdoba, sostuvieron la misma versión sobre la investigación que llevó al segundo a ser extraditado a Estados Unidos donde fue acusado de haber sido un eslabón clave en un negocio ilegal para exportar cocaína de alta pureza, desde Colombia a ese país. Ambos insistieron en que nada tenían que ver en esos asuntos y que el tiempo probaría su inocencia.
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Sin embargo, el 2 de enero de 2023, la historia empezó a cambiar. Si bien Álvaro Córdoba no aceptó ninguno de los cargos imputados y su hermana siguió defendiéndolo desde Colombia, ese día de comienzo de año el proceso tomó un rumbo inesperado con la aceptación de extraditado de que sí era culpable. Luego, 18 días después, Piedad Córdoba falleció en un hospital de Medellín, luego de varios tratamientos médicos.
Esta semana, Álvaro Córdoba fue condenado a 14 años por una Corte del Distrito Sur de Nueva York y, en la investigación que lideró el fiscal Damian Williams, las autoridades estadounidense dieron pistas del rol que pudo haber tenido la exsenadora Piedad Córdoba en este entramado ilegal que logró desbaratar la DEA y funcionarios de la Policía colombiana que participaron en la investigación.
Lea aquí el documento con el que la Fiscalía de Estados Unidos pidió la condena de Córdoba:
La trampa de los agentes infiltrados
Aunque el expediente se centró en Álvaro Córdoba, y en dos de sus supuestos socios, Amanda Palacio Mena y Alberto Alonso Jaramillo Ramírez, las pesquisas de las autoridades estadounidenses llevaron a toparse en varias ocasiones con la fallecida senadora. Para empezar, la investigación arrancó en marzo de 2020, cuando varios agentes infiltrados contactaron a Amanda Palacio, haciéndose pasar como intermediarios de carteles mexicanos.
La intensión de esas comunicaciones fue contarle a la colombiana que querían establecer un negocio de exportación de cocaína a Estados Unidos, a través de Venezuela y México. Las autoridades consiguieron grabar más de 300 llamadas y reuniones en espacios físicos que sostuvieron los agentes infiltrados y Palacio, quien fue la encargada de presentarles a Álvaro Córdoba a los supuestos enviados de México.
El primer contacto de Córdoba con los agentes ocurrió el 16 de julio de 2021 en una llamada telefónica. Palacio Mena fue la encargada de hacer la presentación, que incluyó una mención a que se trataba de una persona con “altos contactos en el gobierno”. Aunque al comienzo de la negociación se habló también de participar en un negocio de tráfico de armas, para el momento en que Álvaro Córdoba entró en escena, estaba claro que la oferta era por cocaína.
“Es una gana y gana para todos”: Álvaro Córdoba, hermano de Piedad Córdoba
En esa conversación, Palacio Mena dejó claro que ya le había contado a Álvaro Córdoba que los supuestos delegados de la mafia mexicana quería apoyar a Piedad Córdoba, a cambio de su ayuda para concretar ese negocio de narcotráfico. El ahora condenado les dejó claro que todo lo que tuviera que ver con su hermana tenía que pasar primero por él y que “políticamente esto podía ser beneficioso para los involucrados”.
En palabra textuales, Córdoba les dijo: “Es un gana a gana para todos”. Seis días después, Palacio volvió a contactar a los supuestos enviados de México y les avisó que “la señora Piedad los iba a contactar”. En una teleconferencia que grabó uno de los agentes infiltrados, Álvaro Córdoba pidió que enlazaran a su hermana a la comunicación. Sin embargo, no quedó claro que se tratara de ella, pues solo se escuchó una voz femenina que preguntó si estaba hablando con los agentes.
En adelante, las conversaciones se enfocaron en concretar los envíos del narcótico, en la logística para el pago del dinero y otros asuntos logísticos, como de dónde saldría la cocaína. Según la investigación, la sustancia ilícita sería producida por la guerrilla de las FARC, al mando de un comandante alias Martín. Otro asunto clave que quedó en evidencia en este caso es que, durante las negociaciones, Palacio y sus cómplices aseguraron tener contactos con el Cartel de los Soles.
Según la justicia de Estados Unidos, se trata de un grupo narcotraficante conformado por altos funcionarios de Venezuela, que “abusaron del pueblo venezolano y corrompieron sus instituciones legítimas”, entre las cuales se cuentan las fuerzas militares, el aparato de inteligencia y las ramas legislativa y judicial. El negocio que le propuso Palacio y Córdoba a los agentes infiltrados era que, con el apoyo de esa red ilegal, y sus contactos en Colombia, la cocaína podía salir por Venezuela a México, sin ningún control de las autoridades.
Para ese fin, fue clave el papel que tuvo Alberto Alonso Jaramillo Ramírez, un policía retirado que trabajó en Antinarcóticos durante varios años. Según un documento de la Fiscalía de Estados Unidos, el exagente habría puesto al servicio de criminales sus contactos en la fuerza pública para que cientos de cargamentos de drogas se movieran por todo el país sin ningún control estatal. Tanto Jaramillo como Palacio fueron extraditados a Estados Unidos, pero ambos aceptaron cargos mucho antes de Córdoba.
Entre llamadas y encuentros en Medellín pasaron los meses entre junio y septiembre. Una de ellas incluyó la visita de un químico que les dio otros detalles a los agentes infiltrados, como por ejemplos, la pureza que podía tener la cocaína y que se trataba de un proceso científico que él supervisaba. Otra mención clave de Piedad Córdoba en la investigación está relacionada con otra llamada que grabó la DEA.
La reunión con Piedad Córdoba
La corta conversación ocurrió el 3 de septiembre de 2021. Lo que relató la Fiscalía estadounidense durante el proceso es que, para ese momento, ya se tenían claros varios detalles de la red criminal, por ejemplo, que la cocaína saldría en avión y el dinero regresaría en esa misma aeronave. Con esos puntos claros, Córdoba llamó a su hermana y le pasó el teléfono a uno de los agentes infiltrados.
La investigación señala que en ese punto la fallecida senadora invitó a ese funcionario y a sus compañeros a una reunión en Bogotá. Eso sí, Álvaro Córdoba les explicó a los infiltrados que el teléfono de su hermana podía estar interceptado, por lo que había temas que no podían hablar por teléfono. Así las cosas, la cita se concretó el 23 de septiembre de 2021 en un evento político en la capital del país.
Del encuentro quedó evidencia una foto en la que las identidades de los agentes fueron eliminadas por motivos de seguridad. La Fiscalía de Estados Unidos preciso sobre esta reunión que Palacio le recordó a Piedad Córdoba que ya había hablado con los agentes en semanas previas. Sin embargo, los investigadores no dieron más detalles del encuentro, pero aportaron la foto al expediente contra Álvaro Córdoba.
La muestra de la cocaína
Luego de la reunión en Bogotá, los ahora condenados y los agentes regresaron a Medellín para coordinar la entrega de una prueba de la cocaína que supuestamente iban a comercializar. Finalmente, el 17 de diciembre de 2021, en una finca a las afueras de la ciudad, los agentes de la DEA recibieron la muestra del narcótico que mostró tener una pureza entre el 86.6% y 89.1%.
La evidencia de esa entrega quedó también en una fotografía dentro de las pruebas del caso. Como lo habían prometido, los agentes infiltrados le entregaron US$15.000 dólares a Palacio, Jaramillo y Córdoba. Dos meses después, cuando terminaron de concretar el negocio, los tres colombianos fueron capturados por los agentes que habían estado negociando durante un año como supuestos enlaces de carteles mexicanos.
Las capturas ocurrieron el 2 de febrero de 2022 y, con ellas, la defensa de los hermanos Córdoba de que nada tenían que ver con lo que les fue imputado. Ahora, Álvaro Córdoba deberá pagar 14 de años de cárcel en Estados Unidos, y tendrá que estar vigilado cuatro más luego de que cumpla su condena. El monto de su sendencia fue más del doble de lo que esperaba, pues la Fiscalía estadounidense dejó claro que, para quienes se vinculen con grupos violentos dedicados al narcotráfico, como las FARC, la pena será severa.
En cuanto a su hermana, la senadora del Partido Liberal falleció en una clínica de Medellín en enero de este año, luego de enfrentar varias enfermedades durante los últimos años que afectaron su calidad de vida. Ni Estados Unidos ni Colombia la vinculó nunca a la investigación que llevó a su hermano a la cárcel, sin embargo, la Corte Suprema de Justicia sí la investigaba hace 15 años por sus supuestos vínculos ilegales con las Farc.
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