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A pesar del levantamiento del paro armado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), las secuelas que deja la más reciente guerra en Chocó son muy graves. Una comisión especial de la Procuraduría encontró que se mantiene una difícil situación de reclutamiento forzado de menores de edad por parte de los grupos armados ilegales como el ELN y Clan del Golfo, que está generando alta deserción escolar e incremento en suicidios de jóvenes.
De acuerdo con los reportes recibidos por parte de la Secretaría Departamental de Educación, el Ministerio Público explica que, solo en 2022, un total de 6.019 estudiantes de todo el departamento desertaron de los colegios (más del 54% pertenecen a la zona del San Juan, que es el epicentro de la actual crisis humanitaria). Las razones de deserción, explica la entidad, obedecen a que las familias fueron desplazadas o se encuentran confinadas en los municipios, en la mayoría de los casos, por temor a ser reclutados durante su desplazamiento a escuelas y colegios.
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Aunque no existe un registro exacto sobre menores reclutados en el departamento, según cifras entregadas por la Policía Regional al ente de control, en lo corrido de 2023 la institución ha recuperado 58 menores de edad de las filas de los grupos armados. Sin embargo, “el subregistro frente a este flagelo es considerable”, afirma la Procuraduría, pues “una de las graves consecuencias que está dejando el incremento de reclutamiento forzado, es el suicidio de jóvenes por temor a ser cooptados para la guerra”, indicó Jefferson Mena, asesor delegado para liderar la comisión especial en Chocó.
Aunque el ELN decidió levantar el paro armado en la región, las autoridades piden no bajar la guardia con las precauciones en las zonas rurales. Tras una reunión entre el Ministerio Público y los altos mandos militares, se estableció que se enviarán unidades militares al terreno que garanticen que es segura la movilidad de los habitantes, tanto por ríos como por carreteras.
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De acuerdo con el ente de control, durante reunión sostenida con las entidades encargadas de atender a los afectados por la guerra en Chocó, funcionarios de la Unidad para la Atención de Víctimas desestimaron la denuncia hecha por las comunidades sobre el hecho de nunca haber recibido los alimentos y otros artículos de primera necesidad que constituyen la ayuda humanitaria. Sin embargo, contrastando esa información con la Defensoría y entidades de cooperación internacional presentes en los territorios, la Procuraduría estableció que las ayudas de las que habla la Unidad nunca llegaron, lo que ha agravado la situación de desabastecimiento para más de 9.000 personas en Istmina, Nóvita, Sipí y medio San Juan.
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Luego de escuchar a comunidades, alcaldes y personeros de la zona, la Procuraduría pidió a las entidades del orden Nacional, tales como el Ministerio del Interior, Unidad de Víctimas, ICBF, entre otras; así como a las fuerzas militares y autoridades locales, que se articulen y presenten un plan de choque para llevar la institucionalidad a esa subregión y garantizar la vida, alimentación, salud y libre movilidad entre otros derechos fundamentales de estas comunidades.
Finalmente, el asesor Mena aseguró que, con los resultados de esta visita a territorio, se presentará un informe a la Procuradora Margarita Cabello Blanco, con el fin de que se evalúen las acciones preventivas y disciplinarias frente a los incumplimientos de funcionarios responsables de proteger a estas comunidades.
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