Solo 510 de las 136.010 personas desaparecidas durante el conflicto armado en Colombia han sido encontradas con vida, según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd). Cada reencuentro desafía las cifras de la guerra y representa para cada familia una especie de milagro. Así fue para Sandra*, reclutada a la fuerza cuando tenía 14 años y separada de su familia de una comunidad indígena del pueblo Sikuani, que habitan principalmente en Vichada, Meta, Arauca y Casanare.
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Siendo apenas una adolescente, ingresó a las filas de un grupo armado que la alejó de su identidad ancestral y la adentró de lleno en el conflicto armado a finales de la década de los 90. Durante los seis años en los que portó un camuflado y un fusil, solo estuvo en combate en que quedó gravemente herida. Ese momento cambió el rumbo de su vida y le permitió hoy abrazar a su familia tras 28 años.
En junio pasado, Sandra, acompañada por los cuatro hijos que tuvo en los años que permaneció alejada de su familia, llegó a San José del Guaviare (Guaviare), para encontrarse con su madre y hermanos en la sede territorial Guaviare de la Ubpd. En fotografías quedó retratado el reencuentro de la mujer y la presentación de sus hijos con su abuela y tíos. Los abrazos se prolongaban, intentando de alguna forma cerrar la distancia de los años. Se secaban las lágrimas unos a otros mientras detallaban cada cambio en sus rostros desde la última vez que se vieron. En ese momento, Sandra pudo contarles qué ocurrió tras ser reclutada por el grupo armado y por qué desapareció.
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A los 20 años, tras quedar gravemente herida en combate, con el cuerpo atravesado por disparos en el abdomen, las piernas y los brazos, fue dejada al cuidado de una familia campesina que se hizo cargo de sanar sus heridas. Cuando finalmente pudo acceder a un servicio de salud, se topó con el obstáculo de no tener documentos de identidad, porque en su comunidad no existe Registraduría y los nacimientos no quedan inscritos en el registro civil. Por la necesidad de recibir atención médica, tuvo que registrarse con un nombre y unos apellidos que no eran los suyos, una decisión que la alejaría todavía más de la posibilidad de que dieran con su rastro.
Lejos de sus raíces, Sandra reconstruyó una vida sin buscar a su familia. La Ubpd explicó a El Espectador que no lo hizo porque se cruzaban distintas variables: ser una mujer en un contexto hostil, con limitaciones económicas y con temor de regresar a un lugar del cual desconocía las condiciones de seguridad. Por su parte, su familia también enfrentó sus propias barreras para emprender la búsqueda.
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La presencia constante de grupos armados en su territorio los llevó a postergar cualquier acercamiento a las autoridades, y no fue sino hasta 2022, 24 años después de la desaparición de Sandra, cuando lograron radicar la solicitud de búsqueda, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. A esa demora se sumó otro obstáculo: la madre de Sandra, quien encabezaba la búsqueda, apenas hablaba y comprendía español. Con el paso de los años y sin noticias de su hija, la familia terminó por asumir que había muerto.
El hilo que finalmente los reconectó llegó por parte de un firmante del Acuerdo de Paz de 2016. El excombatiente también creía que Sandra había muerto, y tras cruzarla en la calle, logró reconocerla físicamente. Al tener una conversación con ella, le manifestó su intención de ayudarla a localizar a su familia a través de la Ubpd. El testimonio del firmante, aportado en 2026, se convirtió en la pieza clave que permitió a la Unidad de Búsqueda cruzar datos y relacionar de manera efectiva toda la evidencia técnica y testimonial que se había recolectado desde que la familia radicó su solicitud en 2022.
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El proceso de verificación no fue inmediato. Desde que se tuvo una hipótesis de localización, la Ubpd empleó aproximadamente tres meses en corroborar la información de los datos de la persona encontrada y los de la persona buscada por su familia. Para ello, se consideraron elementos testimoniales, información de contexto y la elaboración y comparación de genogramas familiares. Como parte del proceso, se realizó una entrevista con Sandra para confirmar los nombres de sus familiares, reconstruir los hechos que llevaron a la pérdida de contacto y presentarle fotografías de su grupo familiar, lo que facilitó un reconocimiento previo antes del reencuentro definitivo.
Mientras que la mamá de Sandra solo podía comunicarse principalmente en lengua sikuani, ella ya había olvidado gran parte de su lengua materna. Para garantizar que todos los familiares pudieran hablar, la Unidad dispuso de un intérprete de lengua sikuani durante el reencuentro, donde prometieron mantener el contacto y volver a enseñarle a Sandra la lengua ancestral que perdió con los años.
Para Adriana Pestana, coordinadora de la Región Oriente de la Ubpd, este caso “nos demuestra que existen aún personas que conservan información que puede contribuir al alivio del sufrimiento de miles de familias y que puede resultar en un reencuentro como el que presenciamos entre Sandra y su familia. Es por eso que solicitamos que nos ayuden a encontrarles; les aseguramos que toda la información es confidencial y utilizada únicamente para la búsqueda humanitaria”.
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El reencuentro de Sandra y su familia se suma a los otros siete casos de personas halladas con vida desde 2017 por el Grupo Interdisciplinario de Trabajo Territorial de la Ubpd en Guaviare, con uno más programado para este año. Un contraste inevitable con las 132 personas que ese mismo equipo ha recuperado sin vida, 53 de ellas solo en lo corrido de 2026, y con las 17 entregas dignas realizadas hasta ahora en articulación con la Fiscalía y Medicina Legal, además de las 37 entregas coordinadas en otros departamentos del país. Frente a ese panorama, donde la constante es encontrar restos, el abrazo de esta familia indígena es un recordatorio de que, incluso después de 28 años, todavía es posible volver a empezar.
*El nombre de la víctima fue cambiado por motivos de seguridad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Valentina Gutiérrez Restrepo
