El rol del Estado y otras claves del fallo de la Corte IDH sobre Jineth Bedoya

La periodista Jineth Bedoya investigaba crímenes cometidos en la cárcel La Modelo de Bogotá cuando fue secuestrada y agredida por paramilitares.

Foto: Cristian Garavito / El Espectador

Colombia es responsable del secuestro y posterior violencia sexual que sufrió en mayo del 2000 la periodista Jineth Bedoya mientras era reportera de este periódico. Así lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó, entre otras medidas de reparación, que el Estado financie el proyecto de Bedoya No es hora de callar, crear un centro de memoria para las víctimas de violencia sexual en el conflicto armado, así como impulsar las investigaciones judiciales para establecer quiénes estuvieron detrás de lo ocurrido.

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Mientras Jineth Bedoya investigaba la guerra que se libraba al interior de la cárcel La Modelo, en Bogotá, entre paramilitares, guerrilla y grupos delincuenciales, comenzó a recibir amenazas que se fueron incrementando con el tiempo hasta que, el 25 de mayo del 2000, fue secuestrada en la entrada del penal. La Corte IDH concluyó que las agresiones tuvieron una relación directa con la profesión de Bedoya, encontró fuertes indicios de que en el crimen participaron agentes del Estado, señaló que las investigaciones que abrió la Fiscalía estuvieron plagadas de estereotipos de género. Estos son algunas claves del fallo.

El rol del Estado en el crimen

“Al momento de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, la Policía era conocedora del futuro encuentro que tendría la señora Bedoya con miembros paramilitares, lo cual, dados los hechos precedentes citados, la colocaba en una situación clara de riesgo inmediato para la vida y/o integridad personal”, señaló la Corte IDH en la sentencia. Para ese momento, Jineth Bedoya y otros periodistas de El Espectador venían siendo amenazados por las publicaciones que hacían sobre la guerra a muerte que se libraba en La Modelo. Denunciaron una y otra vez los hechos a las autoridades y a Bedoya hasta le ofrecieron un esquema de seguridad por su vulnerabilidad, que luego no le dieron.

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“El Estado era conocedor de la situación de riesgo real e inminente de que Bedoya pudiera ser objeto de un ataque que pusiera en peligro su vida o integridad”, añadió la Corte. Ahora bien, en muchos de los crímenes sobre los que reportó Bedoya, como el tráfico de armas en La Modelo, había funcionarios públicos detrás. Las amenazas llegaron a un punto crítico en mayo del 2000, por lo que terminó cuadrando una cita con el paramilitar Mario Jaimes, El Panadero, al interior del penal. En la puerta de la cárcel la encañonaron y la raptaron. Apareció diez horas más tarde en Villavicencio. Y para la Corte son muchos los indicios de que el Estado estuvo involucrado.

“Lo anterior se desprende de lo manifestado por el guardia de la entrada del penal a la llegada de Bedoya, al indicarle que no tenía boleta a su nombre pero que ‘sabía de su visita’; visita, a su vez, que se realizó tras la aquiescencia previa por parte de agentes de la Policía en días anteriores en los que habían estado valorando las otras amenazas que había recibido tanto Bedoya como otros compañeros. A lo anterior se suma el relevante hecho de que Bedoya estaba realizando investigaciones en la Cárcel La Modelo sobre tráfico de armas, compra y venta de secuestrados y otras violaciones de derechos humanos que se estarían cometiendo desde el penal con la complicidad de agentes del Estado”, añadió la Corte IDH.

Amedrentamiento a periodistas

Para la Corte IDH, las agresiones contra Jineth Bedoya ocurrieron debido a su profesión de periodista y trajeron consigo un efecto nocivo para la libertad de expresión en Colombia. “Las agresiones en contra de Bedoya y las vulneraciones a su libertad de expresión tuvieron un impacto no solo en ella, sino también un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en sus compañeras y compañeros periodistas a la hora de ejercer su actividad”, escribieron los jueces.

La periodista trinó celebrando la sentencia:

Por ejemplo, explicaron los jueces, “a lo largo del secuestro, la señora Bedoya fue agredida verbalmente en numerosas ocasiones, en las cuales los agresores hacían expresa referencia a su pertenencia al colectivo de las y los periodistas, con frases como ‘periodistas hijueputas que tienen el país vuelto mierda, por culpa de ustedes es que está el país así’, que los periodistas estaban ‘pagados por la guerrilla’, o que les iban a ‘escarmentar para que no sigan guevoniando y se tiren el país’. A preguntas de la periodista sobre quién los había enviado, uno de ellos le dijo que ‘los habían mandado a sanear los medios de tanto hijueputa que había por ahí’”.

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Además de los impactos que estas agresiones generaron en la periodista Jineth Bedoya, hubo impactos sociales. “Otra consecuencia del efecto amedrentador de los hechos descritos en el presente acápite es que el público pierde voces y puntos de vista relevantes y, en particular, voces y puntos de vista de mujeres, lo cual, a su vez, deriva en un incremento en la brecha de género en la profesión periodística y ataca el pluralismo como elemento esencial de la libertad de expresión y de la democracia”, añadió la Corte IDH.

Fallas en las investigaciones

Pero en la sentencia no solo se declaró que Colombia es responsable por las agresiones sufridas por la periodista, sino por no investigar lo sucedido debidamente y en un plazo razonable. Por ejemplo, a pesar de las constantes insistencias de Jineth Bedoya, la Fiscalía tardó siete años en pedir las grabaciones de las cámaras de seguridad de la cárcel La Modelo, que seguramente registraron en su momento lo sucedido. El ente investigador tardó 10 años en pedirle al Inpec el listado de los guardias que tuvieron turno en la entrada aquel 25 de mayo. Y, una vez Bedoya fue rescatada, nunca se examinó su ropa, como debe hacerse en casos de violencia sexual.

Además de incompetencia, las investigaciones estuvieron llenas de estereotipos de género. En lugar de buscar a los victimarios, la Fiscalía indagó sobre la vida personal de la periodista y el primer fiscal que tuvo el caso le hizo preguntas revictimizantes. En total en estos 21 años Jineth Bedoya ha tenido que contar 12 veces en distintas declaraciones judiciales lo que le hicieron.

El perito Jairo Enrique Cortés Pinzón, le explicó a la Corte IDH que cada vez que la justicia citaba a Bedoya para alguna diligencia, la periodista presentaba “una recaída importante en su estado de salud” que podía durar meses, debido a su trastorno de estrés postraumático. “Debido a la actuación de las autoridades estatales investigativas, forenses y a cargo de impartir justicia en el caso concreto, el Estado de Colombia no actuó con la debida diligencia reforzada requerida en las investigaciones y proceso penal por la violencia y actos de tortura sufridos por la señora Bedoya”, sentenció la Corte Interamericana.

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El tribunal internacional añadió: “tratándose de una mujer periodista víctima de violencia sexual, las autoridades judiciales tendrían que haber obrado con mayor diligencia en el marco de la recolección de prueba, de las investigaciones, y de los procedimientos judiciales sobre los hechos del presente caso, toda vez que de estas actuaciones judiciales dependía investigar y sancionar a los responsables de unos graves actos de violencia contra la mujer que, además, suponían un claro ataque contra la prensa en general”.

El sufrimiento de su madre

Durante todo el proceso, primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora ante la Corte IDH, Bedoya y sus abogados han insistido en que la madre de la periodista, Luz Nelly Lima, también fue una víctima. Ahora el tribunal internacional les dio la razón. “Este Tribunal considera que, como consecuencia directa de los hechos de violencia en contra de su hija, por acompañarla durante más de dos décadas en su búsqueda de justicia y que los hechos continúen en una impunidad parcial y por las amenazas que incluso en la actualidad recibe su hija, la señora Lima padeció y padece un profundo sufrimiento y angustia en detrimento de su integridad psíquica y moral”, añadió la sentencia.

Para la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), que ha acompañado a Jineth Bedoya en el caso, “esta sentencia esta sentencia es una hoja de ruta no solo para reparar a Jineth, sino también para avanzar en la protección de las mujeres periodistas y el acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia sexual”. Ahora al Estado colombiano le comienza a correr el reloj para implementar todas las medidas de reparación y garantizar, como ordenó la Corte IDH, que hechos así no vuelvan a ocurrir.

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