El silencio de la guerrilla del M-19 frente al secuestro y asesinato de José Raquel Mercado

PRIMERA PARTE

EL PRELUDIO DE LAS ARMAS

I

UNA APUESTA DIFERENTE

En Colombia, país de muy diversas y ancestrales violencias, una nueva organización guerrillera había surgido públicamente en enero de 1974 con el espectacular robo de la espada y los espolines del Libertador Simón Bolívar de su casaquinta, en Bogotá, y con la difusión de una proclama titulada «Bolívar, tu espada vuelve a la lucha», que llamaba «a los patriotas» a emprender los combates contra las oligarquías y el imperialismo, y por el socialismo. (Lea una investigación de El Espectador sobre la impunidad del crimen contra José Raquel Mercado).

Era el Movimiento 19 de Abril (M-19), que, con esa fecha, rememoraba el domingo 19 de abril de 1970, cuando el general en retiro Gustavo Rojas Pinilla, líder y candidato del partido Alianza Nacional Popular (Anapo), ganó las elecciones presidenciales, pero se fraguó un fraude en favor de Misael Pastrana Borrero, el candidato conservador, tal como lo sugirió años más tarde el entonces ministro de Gobierno, Carlos Augusto Noriega, apodado el Tigrillo. Los caminos legales estaban cerrados para los grupos opositores; el golpe militar en Chile contra Salvador Allende, presidente constitucional de esa nación, ocurrido tres años más tarde, también demostró que la antidemocracia y la doctrina de seguridad nacional se imponían en América Latina sobre la voluntad popular.

A la cabeza de este singular grupo se encontraba un samario llamado Jaime Bateman Cayón, conocido entonces como Alonso, el Flaco o el comandante Pablo, quien definió la revolución como una fiesta y el M-19 como una confluencia de muchas procedencias y tendencias políticas, desde lo más plural que era la Anapo, hasta exguerrilleros de las FARC, como él mismo, pasando por cristianos, exmilitantes de izquierda, uno que otro militar y gente común y corriente.

Este movimiento político en armas, que combinó la lucha en las ciudades y en el campo, se caracterizó, en sus dieciséis años de existencia, por la espectacularidad y osadía de sus acciones, y por abanderar la búsqueda del diálogo entre los colombianos, la defensa de los derechos humanos, la democracia y la paz. También incurrió en los excesos propios del guerrillerismo de los años setenta, como fueron los secuestros y otros hechos que dejaron lamentables víctimas. Inicialmente, el grupo estuvo compuesto por un puñado de jóvenes que, cansados del canibalismo y de los debates eternos y estériles en las distintas izquierdas, proponían y buscaban la unidad entre las diferentes facciones guerrilleras.

Sus herejías y audacia comenzaron, precisamente, con el robo de la espada, el 17 de enero de 1974, acción comandada por Álvaro Fayad Delgado, el Turco o David. Muy poco se le apostaba, entonces, a recuperar o a redimir de memorias perdidas el papel que había tenido el Libertador en el proceso para alcanzar con las armas nuestra independencia del Reino de España. En una muestra de genialidad, anunció, días antes de ese jueves 17 de enero, su pronta aparición, y publicó anuncios en los principales diarios del país con leyendas como: «¿Decaimiento… falta de memoria? Espere M-19». «¿Parásitos… gusanos? Espere M-19». «Ya llega M-19». Esa misma noche, otro comando dirigido por un quindiano, Gustavo Arias Londoño, alias Boris, se tomó la sede del Concejo de Bogotá, situada en el tradicional barrio de Teusaquillo. Allí dejaron la proclama y en las paredes plasmaron su consigna: «¡Con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al poder!». La cita con la historia estaba pactada.

A continuación, surgieron diversas hipótesis sobre el grupo, la mayoría sin acertar de qué se trataba: para algunos no era más que la expresión de unos desatinados que querían crear confusión; grupo de extrema izquierda, dijeron prestantes miembros del Congreso de la República; «maniobras alvaristas», afirmaban en la Anapo; ardides de la CIA o de militares en retiro, comentaban en los prados de la Universidad Nacional; «píldora estimulante testicular», diría un editorial de El Tiempo tres días más tarde. Para la izquierda, eran maniobras sospechosas por la forma y el contenido de la proclama que circuló, profusamente, en esos días. Puras especulaciones.

En el primer ejemplar de su boletín, presentado como Órgano del Movimiento Anapista 19 de Abril, M-19, defendieron la candidatura de María Eugenia Rojas a la Presidencia de la República para el período 1974-1978 e hicieron un llamado a la militancia de la Anapo a prepararse, política y militarmente, para hacer respetar esa posible victoria «contra las oligarquías liberales y conservadoras». Pese a las identidades y definiciones partidarias que se describen, el propio general Rojas Pinilla, su hija María Eugenia y el Comité Ejecutivo desconocieron la existencia de ese grupo en su partido y negaron, en un comunicado del 18 de enero, haber autorizado «la creación de esos movimientos».

Sin necesidad de pedir permiso a las directivas anapistas, el M-19 ya estaba adentro y participaba en los debates. En la «Carta abierta a María Eugenia», documento de mayo de 1974, hizo un extenso examen de la Anapo, de sus debilidades y errores, de sus comportamientos electorales y de los rumbos que debía tomar para convertirse en una alternativa. Eran los tiempos en que el M-19 defendía el socialismo, a secas, y por eso la propuesta de María Eugenia, de un «socialismo a la colombiana», les sonaba difusa. Para entonces, algunos dirigentes nacionales, departamentales y locales de la Anapo hacían parte activa de las filas del M-19, y sus posiciones políticas, sustentadas en el periódico Mayorías, los situaban en abierta contradicción con otros directivos. Con el paso de los días y de las semanas, los debates se fueron ampliando. Claramente, había un sector de derecha que representaba la línea oficial de la «Casa Rojas» y, por otro lado, estaba Mayorías, que se definía como el «órgano del pueblo anapista».

En los últimos meses de 1975, comenzó la cacería de brujas dentro de la Anapo y la aplicación de medidas draconianas. Los primeros sancionados con expulsión fueron los dirigentes Andrés Almarales e Israel Santamaría; al parlamentario santandereano Toledo Plata lo excluyeron del Consejo Político Nacional y fue destituido como coordinador de su departamento; los tres ya hacían parte de la plana mayor del M-19. Además, se desautorizaron la publicación, la lectura y la distribución de Mayorías. Las contradicciones subieron de tono y llevaron a la formación de la Anapo socialista como una estructura aparte, con sus propias directivas, grupos de base y análisis propio, centrado en aglutinar al pueblo en torno a la «lucha nacional y antiimperialista».

Mientras tanto, los comandos del M-19 crecían en las ciudades y realizaban acciones «robinjudescas», calificadas por algunos como vulgar populismo: arengas en asambleas sindicales; robo de camiones con alimentos o juguetes para repartirlos, posteriormente, en sectores pobres; toma de buses; visita a carpas de huelguistas; asaltos bancarios, y distribución de propaganda. La lucha escalaba y la hora de alcanzar la mayoría de edad se acercaba. «Hasta ahí éramos la pureza en chanclas», diría años después el Flaco Bateman en una entrevista que le concedió a Ramón Jimeno, editor asociado de la revista Nacla Report on the Americas, de Nueva York.

LAS PRUEBAS DE FUEGO

Para entonces, el movimiento obrero se encontraba fragmentado en cuatro centrales sindicales: la CSTC, de tendencia comunista; la CGT, definida por algunos como socialcristiana; y dos de clara orientación patronal, la UTC y la CTC. José Raquel Mercado, un sindicalista de vieja data, nacido en las barriadas de Cartagena de Indias, estibador en los muelles de esa ciudad, lideraba esta última. Cuando se produjo su sorpresivo secuestro, el domingo 15 de febrero de 1976, el país vivía momentos de tensión políticolaboral y huelgas, como la del ingenio azucarero de Riopaila —de propiedad de la familia González Caicedo—, que duró seis meses, entre noviembre de 1975 y mayo de 1976.

En el boletín n.° 13 de ese día, el M-19 se adjudicó el plagio y anunció que Mercado había sido «detenido y puesto en prisión» por los comandos Simón Bolívar y Camilo Torres Restrepo y que sería sometido a la «justicia popular revolucionaria» como enemigo del pueblo, pues lo acusaban de traición a la patria y a la clase obrera. Aun reivindicándose como «brazo armado del pueblo anapista» —aunque habiendo eliminado de su consigna el nombre de María Eugenia—, el M-19 hizo un llamamiento amplio para que se definiera si Mercado era o no culpable «de los cargos antes citados».

Durante las semanas siguientes, en muchas partes del país, en muros, billetes y en asambleas sindicales y barriales, hubo pronunciamientos por el «sí, culpable». Pasados cincuenta días, el M-19 dio a conocer el veredicto positivo y propuso al Gobierno conmutar la pena por el reintegro de los trabajadores y dirigentes despedidos de la empresa Riopaila y de otras; planteó, además, la derogatoria de los decretos que atentaban contra la estabilidad laboral y las libertades sindicales y políticas; exigió, igualmente, la publicación textual de su boletín n.° 14 en la prensa nacional, y fijó como plazo máximo el amanecer del 19 de abril próximo. La respuesta gubernamental fue tajante: «No estoy dispuesto a transigir», dijo el presidente López Michelsen. La suerte de José Raquel Mercado estaba echada.

En los 64 días que duró el secuestro, los organismos de seguridad enfocaron sus pesquisas en directivos de la Anapo socialista; luego, las investigaciones tocaron a integrantes del M-19. En ese tiempo, la sede del periódico Mayorías fue allanada y a los parlamentarios Toledo Plata, Andrés Almarales y José Cortés los retuvo e interrogó el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, que dirigía el general José Joaquín Matallana. Decenas de miembros de ese grupo político fueron hostigados y arrestados. A primera hora del lunes 19 de abril, en la glorieta de la avenida 63 con transversal 48, en Bogotá, fue encontrado el cuerpo sin vida de Mercado. Desde derechas e izquierdas llovieron los comentarios condenatorios contra el grupo alzado en armas. Los calificativos de «terroristas» y «desalmados», sumados a los de «vanguardistas» y «radicales equivocados», se escucharon por doquier. El M-19 guardó silencio.

* Se publica por cortesía de Penguin Random House Grupo Editorial. Darío Villamizar Herrera: politólogo e investigador con especialización en Acción sin Daño y Construcción de Paz. Su trabajo se centra en temas del conflicto armado y procesos de negociación, reconciliación y paz. Ha publicado, entre otros libros, los siguientes: Insurgencia, democracia y dictadura. Ecuador 1960-1990 (El Conejo, 1990), Aquel 19 será (Planeta, 1996), Un adiós a la guerra (Planeta, 1997), Sueños de Abril (Planeta, 1998), Jaime Bateman, biografía de un revolucionario (última edición, Taller de Edición Rocca, 2015). Asesor en reincorporación de excombatientes en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Miembro de Latin American Studies Association (LASA) y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y coordinador de la investigación Memoria de guerrillas en América Latina y el Caribe.