Entre Saravena (Arauca) y Calamar (Guaviare) hay una distancia de 876 kilómetros que se recorren en 15 horas de viaje por carretera. Ese fue el trayecto que atravesaron en 2017 Nixon Peñaloza y su familia, cuando decidieron trasladarse en busca de un sitio donde pudieran establecerse y vivir en paz. Poco a poco, él se convirtió en uno de los líderes comunales y religiosos más importantes de la zona.
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En octubre de 2024 cumplió 51 años, hacía parte de una iglesia cristiana, presidía la Junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita, jugaba fútbol los fines de semana y nunca olvidaba los cumpleaños de sus seres amados. Así lo recuerda su esposa, que decidió hablar con El Espectador, como acto de resistencia, en un momento en el que nadie se atreve a decir qué pasa en Calamar, pero, sobre todo, de memoria y amor.
La familia de Nixon fue una de las muchas que, entre 2017 y 2020, se trasladaron de Arauca a Guaviare para construir una nueva vida. Para esa fecha, el Estado acababa de firmar el Acuerdo de Paz con las antiguas Farc, la tierra era económica y había oportunidad de hacer producir el campo.
Lo mismo pensaron los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez, los hermanos Jesús Valero y Carlos Valero, Maryuri Hernández y Óscar Hernández, y James Caicedo. Pero la guerra de las disidencias de las Farc, comandadas por alias “Iván Mordisco” acabó con ese sueño de una vida tranquila. Tras hechos que aún son materia de investigación, sus cuerpos fueron hallados en una fosa común en el municipio de Calamar, el pasado primero de julio.
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Las víctimas, del que ha sido descrito por la Iglesia y oenegés como uno de los crímenes más infames de los últimos años en el país, compartían lazos en común. Eran amigos, esposos, hermanos y sobrinos; hacían parte de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia y la Iglesia Cuadrangular; vivían en la misma vereda; eran líderes; compartían las celebraciones religiosas; y jugaban los partidos de fútbol en la cancha comunal.
Todos dejaron sus vidas en Arauca porque el futuro en Guaviare prometía ser mejor. “Por allá todo es calmado, no hay violencia”, pensaban antes de trasladarse a Guaviare, como narró a El Espectador un familiar de una de las personas asesinadas.
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La firma del Acuerdo de Paz con las Farc les dio esa ilusión. Pero la realidad no tardó mucho en detonarles esa esperanza y el departamento a donde llegaron con ese sueño de la paz fue uno de los más afectados por la violencia contra de líderes sociales y campesinos. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), entre 2020 y 2025, en Guaviare han sido asesinados 16 líderes sociales y se han perpetrado seis masacres.
La mayoría de estos actos han sido ejecutados por el grupo criminal comandado por alias “Iván Mordisco”, que se disputa a sangre y fuego el control territorial y las rentas ilícitas del narcotráfico y la minería ilegal con las disidencias de alias “Calarcá Córdoba”.
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Un enfrentamiento que se ha agravado por los ceses al fuego pactados con el grupo de “Mordisco” y el gobierno de Gustavo Petro, en el marco de su cuestionada política de paz total. Por mencionar solo un hecho, la Defensoría del Pueblo ha señalado que ese pacto de no agresión con el Ejército provocó “resultados ambiguos” que permitieron el crecimiento de la facción disidente de “Calarcá Córdoba”.
“Lo habíamos advertido en enero pasado: una vez el Estado Mayor Central (la disidencia de ‘Mordisco’) se fracturó, empezó una disputa territorial en siete departamentos del sur del país, incluyendo Guaviare”, dijo la defensora, Iris Marín, en diálogo con este diario. Las advertencias se quedaron cortas y la masacre de Calamar da cuenta de ello.
En busca de una vida mejor
Cuando Nixon Peñaloza tenía 19 años conoció a quien sería su esposa. Vivían en La Primavera, zona rural de Saravena (Arauca) y eran vecinos. Poco a poco se enamoraron, decidieron formar una familia y de su matrimonio nacieron cinco hijos: tres mujeres y dos hombres.
Durante varios años, Nixon y María, su esposa, cuyo nombre real este diario se reserva por razones de seguridad, vivieron trabajando en el campo y cuidando fincas en la región. Cultivaban pasto, criaban ganado y guadañaban en los matorrales agrestes de la Orinoquía colombiana. “Él era muy bueno; a donde llegaba, los patrones terminaban queriéndolo mucho”, narró su esposa.
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Un crédito bancario le permitió a Nixon comprar su primera propiedad: una finca de diez hectáreas en Saravena, que con sudor y esfuerzo sembraron en pasto y cacao. Pero hacer producir la tierra se hizo costoso y con cinco hijos sobre sus hombros, la familia Peñaloza empezó a buscar un nuevo lugar para vivir.
Para 2015, un antiguo patrón de Nixon le dijo que en Guaviare las cosas pintaban mejor que en Arauca y la vida prometía ser más amable. “Él soñaba con que todos sus hijos tuvieran al menos una casita”, narró María. Tardaron dos años en vender su finca en Saravena, con el objetivo de usar esas ganancias para invertir en una propiedad más grande en Guaviare.
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En 2017, Nixon y su familia compraron una propiedad de 25 hectáreas en la vereda Agua Bonita, de Calamar. “Estaba muy lejos de Arauca, pero la tierra era barata”, contó María. Para entonces, el hijo mayor del matrimonio ya tenía esposa y, con la ayuda de su papá, adquirió una vivienda en el sector de Pueblo Seco, ubicado a una media hora del casco urbano de Calamar.
Poco a poco, la familia empezó a migrar hacia Guaviare. Luego se fueron María y otros tres de sus hijos. Una de sus hijas, la única que quedaba en Arauca, fue la última en trasladarse, hasta que estuvieron juntos. “Siempre hemos sido una familia muy unida”, narró María.
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Con su familia establecida en Calamar y un deseo profundo de construir comunidad, Nixon empezó a predicar en la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia, de la cual son feligreses. Al principio lo hacían con grupos de personas que, igual que ellos, habían llegado desde Arauca. Luego reunieron fondos y pudieron construir un sitio de reunión para su comunidad.
Su liderazgo hizo que Nixon fuera reconocido en la vereda, hasta el punto de que le ofrecieron ser el presidente de la Junta de Acción Comunal. “Mis hijos y yo le decíamos que no queríamos, porque un presidente de junta, siempre, por muy bueno que sea, pasa por malo. Pero él se preocupaba mucho por la situación de las personas y lo apoyamos”, contó su esposa.
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Por tres años y medio, Nixon fue el presidente de la junta de Agua Bonita. A raíz de ese cargo empezó a recibir llamadas de parte de “esa gente”. Es decir, de las disidencias de “Iván Mordisco”. Usualmente le preguntaban sobre asuntos comunes de la vereda: la situación de seguridad, los nuevos vecinos, la confianza de las personas.
Nada fuera de lo común para los líderes comunitarios del Guaviare que, según denuncias de algunas organizaciones sociales conocidas por El Espectador, están a merced de las presiones de los actores armados de la región. “Muchos líderes son, incluso, obligados por las disidencias a no abandonar las organizaciones sociales”, le dijo a este diario una fuente de la región que pidió no ser identificada.
Una cita trágica
Por la costumbre de recibir llamadas de los grupos armados y la conciencia tranquila de no tener deudas con nadie, Nixon recibió sin asombro su última citación. “¿Quién es y qué necesita?”, respondió a un mensaje que recibió por WhatsApp el 4 de abril de 2025. Nadie le respondió hasta el día siguiente, cuando, durante una llamada, lo citaron a una reunión junto a otras cinco personas, en zona rural de Calamar.
Para María, que siempre lo acompañaba a las reuniones y compromisos de la Junta de Acción Comunal, esa no fue la excepción. Salió con Nixon de su casa y a mitad de camino, hombres armados la obligaron a detenerse y dejar que su esposo, junto a los otros cinco líderes, siguieran el camino hacia la supuesta reunión.
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María se quedó esperándolo con la plena confianza de que regresaría pronto y con vida: “No le debía nada a nadie ni tenía por qué temer”, contó. Pero Nixon nunca regresó. Tampoco lo hicieron Marivel Silva, Isaid Gómez, Jesús Valero y Carlos Valero, Maryuri Hernández y Óscar Hernández ni James Caicedo, los otros líderes sociales citados por presuntos integrantes del frente Armando Ríos, de las disidencias de las Farc, a un supuesto interrogatorio.
La Fiscalía ha dicho que la orden de esa citación habría sido dada directamente desde el círculo cercano a alias “Mordisco”. Fuentes de Inteligencia militar le confirmaron a este diario que ese hombre de confianza sería Wainer Javier Valencia, alias “Wainer”, habría sido el líder de las disidencias que estaría detrás de lo que ocurrió.
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Lo que siguió a esa enigmática reunión fue la angustia y la zozobra. Durante dos meses y 27 días, las familias de estos ocho líderes los buscaron por fincas cercanas. En mayo aparecieron las primeras pistas, cuando fue capturado un presunto integrante de la disidencia de “Mordisco”.
“En la incautación de su teléfono celular se encuentran imágenes de las personas reportadas como desaparecidas; fotos de ellos en vida, con integrantes de esta estructura y luego asesinados”, dijo esta semana Raúl Gómez González, fiscal delegado para el Crimen Organizado. Según la Fiscalía, la supuesta reunión fue, en realidad, fue un interrogatorio para descartar que pertenecieran a alguna célula del Eln que estuviera intentando extender su dominio en Guaviare.
La teoría de la entidad fue un golpe en el estómago para quienes conocían a las víctimas. “No hay ningún indicio de que fueran otra cosa que campesinos. El señalamiento, además, es revictimizante”, explicó una alta fuente del gobierno a este diario. Tras el interrogatorio, según señaló el funcionario de la Fiscalía, las víctimas fueron obligadas a cavar la fosa en la que luego fueron sepultadas. “Fueron puestos de rodillas y a cada una de estas personas les dispararon por la espalda. Luego fueron rematadas en el piso para posteriormente ser enterradas en esta fosa”, agregó el fiscal González.
Sus cuerpos estuvieron desaparecidos hasta el martes primero de julio, luego de que la Defensoría del Pueblo evidenciara que no había ningún operativo para llegar a la fosa, pese a que el ente investigador ya tenía pistas de dónde podía estar.
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La confirmación del hallazgo la recibieron las familias en una oficina de la Fiscalía en Guaviare. Aunque Medicina Legal sigue en las labores de la identificación médico legal, sus familiares ya no tienen dudas. Se trata de Nixon González, presidente de la junta de Acción Comunal de la vereda Agua Bonita; los esposos Marivel Silva e Isaid Gómez, padres de dos hijos de cuatro y 12 años; los hermanos Jesús y Carlos Valero, este último también miembro de la Junta de Acción Comunal; Maryuri y Óscar Hernández, expresidente de la misma organización comunitaria; y James Caicedo, pastor de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia.
“Esta vereda quedó arrasada. Lo que más nos tiene con desesperanza es que los buscamos durante tres meses y todavía no sabemos cuándo nos van a entregar los cuerpecitos”, expresó María, quien agregó que Agua Bonita quedó prácticamente deshabitada.
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Las autoridades siguen en el trabajo para esclarecer los motivos del crimen y procesar a los culpables. Sin embargo, el hecho de que la Fiscalía haya sostenido públicamente la teoría de que las víctimas fueron citadas, supuestamente por tener información del Eln, tiene preocupadas a organizaciones de derechos humanos que saben de primera mano lo peligroso que resulta en un país como Colombia que una autoridad señale estos presuntos vínculos con grupos armados.
Por ahora, el foco está puesto en la protección de las familias de las víctimas en un territorio en donde hablar, así sea de sus familiares como un acto en su memoria, puede ser un motivo más para temer por sus vidas.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
