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En una vereda de Paipa (Boyacá) hay un pequeño lote de terreno que simboliza todo un sueño de vida perdido. Es el lugar donde la profesora y matemática Ana Mercedes Pérez tenía pensado construir una cabaña para pasar su vejez. Sin embargo, no ha podido poner un solo ladrillo, porque la única propiedad que le queda, los derechos de disfrute de ese bien, están embargados por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC). Así es como la institución educativa pretende cobrar una deuda que en 2015 empezó en $320 millones y que ya va en $1.200 millones, y contando. Un dineral producto de un crédito educativo que Pérez nunca estudió y del que solo sirvió, para su tortura, como codeudora.
Ana Mercedes Pérez nació en Paipa y viene de una familia campesina, de padre obrero en electrificadora y de madre tejedora de ruanas. Su amor por las matemáticas nació en su niñez, cuando profesoras le enseñaron a dividir con panelitas de dulce que, dada la inteligencia que despertó desde temprano, solía ganarse. “Hice mi pregrado de licenciatura matemáticas en la UPTC de Sogamoso. Luego hice mi maestría en educación con énfasis en las mismas. Siempre les pregunto a los estudiantes a qué les saben las matemáticas: yo digo que es lo más rico, como una coca-cola”. En 1990, a Pérez se le abrieron las puertas como docente en la UPTC, lugar que se convertiría en su hogar. Todo cambió para mal en 2008.
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El exprofesor de la UPTC y respetado erudito en ingeniería civil y ambiental, Héyder Carlosama, inició un proceso de beca para doctorarse en la prestigiosa Universidad de Berkeley (Estados Unidos), donde han pasado decenas de distinguidos con el premio Nobel, y que, incluso, dan clase. Carlosama pidió una comisión de estudios remunerada a la UPTC, la cual fue aceptada con el apoyo de Colciencias, bajo la condición de que debía terminar en cuatro años y medio, o a partir de ahí se le cobraría como un crédito educativo. Carlosama aceptó invertir el conocimiento adquirido como docente por, como mínimo, nueve años en la UPTC; y firmó el convenio especial de cooperación, no sin antes buscarse dos codeudores.
Para aceptar el convenio, la UPTC le dejó claro a Carlosama que necesitaba dos codeudores que, poniendo su firma y cédula, se comprometieran a pagar el dinero del doctorado, en dado caso de que el profesor incumpliera su obligación. Carlosama tocó las puertas de la casa de Ana Mercedes Pérez, quien para entonces era casi de su familia. “Yo firmé papeles. Yo solo miré el programa que él tenía que hacer, el proyecto que tenía me parecía muy interesante y acorde con la escuela de Ingeniería Geológica”, dijo en entrevista. Sin saberlo, Pérez había firmado su sentencia. Llegó el 2012, año en el que se supone que Carlosama debía graduarse, pero el caso se complicó y hasta llegó a la Corte Constitucional.
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Carlosama aseguró en 2012 que no había terminado su tesis doctoral y UPTC le concedió una prórroga por un año, remunerada. Como en 2013 tampoco terminó, se le otorgó un año más, pero sin salario. Aun así, no se doctoró. La UPTC, entonces, lo requirió para que se reintegrara a sus funciones en octubre de 2014, pero tampoco quiso volver de Estados Unidos. Y, desde entonces, no aparece. La UPTC inició un proceso disciplinario contra el profesor, pero Carlosama logró tumbar el caso en 2016 con un fallo de tutela de la Corte Constitucional, que protegió su derecho al debido proceso. El alto tribunal, sin embargo, no lo salvó de pagar la deuda de entonces $320 millones, correspondientes a lo que valía doctorarse en Berkeley.
Justo ahí inició el viacrucis de la profesora Pérez. Como Carlosama se despareció, la UPTC apuntó a los dos codeudores, entre ellos Segundo Jacob Rodríguez Guzmán, de quien tampoco se tiene información desde entonces. Pérez quedó, al final, como la única responsable de la millonaria obligación. “En el 2016, la universidad me embargó un porcentaje del sueldo. Me asusté mucho y la única solución que tuve fue renunciar y pensionarme. Fue muy duro porque me tocó salir de un momento a otro de la universidad, cuando esta era mi vida y donde podía trabajar en lo que amo hasta los 75 años. Con el tiempo me diagnosticaron con neuropatía periférica por el estrés, tuve problemas con mi familia y me separé”, agrega.
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Pérez vive en un apartamento que arrienda en Paipa, donde guarda las cartas que estudiantes le hicieron en su despedida. Se quiebra con recordando las veces que guardaba 15 minutos de su clase para hablar de los problemas del país, o cuando se empeñó en hacerles comprender las matemáticas a estudiantes que, al borde del suicidio, clamaban por ayuda para pasar el semestre. Su tesis de maestría, de hecho, exploró las emociones del estudiante de ciencias exactas. Cuenta que la única salida que tuvo fue pasar las pocas propiedades que tenía a nombre de sus hijas. Aun así, la notaria del pueblo le dijo que no podía quedarse en la calle, por lo que conservó únicamente los derechos de disfrute del lote planeado para pasar su vejez.
La UPTC no se quedó de brazos cruzados y, con el visto bueno el Juzgado 4 Civil del Circuito de Tunja, desde 2016 consumó un proceso ejecutivo contra Pérez. En palabras sencillas, le embargaron lo único que tiene, los derechos del lote, como garantía por la deuda de Héyder Carlosama. Puesto que en Colombia los procesos ejecutivos caducan si no se mueven, cada tanto, como si se tratara de una gota fría en la frente, el Juzgado expide memoriales con la actualización de la deuda. Nadie quisiera tener un papel judicial de esos en las manos, teniendo en cuenta que el valor total adeudado va en $1.209′053.422, con cobros por intereses mensuales que han llegado hasta los $12 millones. E, insiste este diario, contando día a día.
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“No me imagino pagando eso. Tendría que tener cinco reencarnaciones. Me da risa irónica que, por un acto de generosidad y desinterés, me haya cambiado tanto la vida. No puedo tener cuentas bancarias y hago cosas esporádicas para vivir. Sacarle jugo a mi doctorado, siendo directora de tesis. Escribiendo artículos. Y recuperándome”, agrega Pérez. El abogado James Romero, defensor de la profesora, agrega que “si yo fuera el jurídico de la UPTC y mi jefe, el rector, me pregunta qué ha pasado con el proceso, a mí me daría vergüenza profesional y personal decirle que sigue igual, pero se tiene embargado el usufructo de un lote. Era lo fácil. Ellos hicieron lo más mínimo esperable. Y para mí esto es una absoluta injusticia legal”.
El Espectador contactó al abogado Carlos Paz, defensor de Carlosama. Dijo que la última noticia que tiene del deudor es de hace tres años, cuando lo encontró en un estado de salud delicado desde lo emocional. “Respecto a los codeudores, lo último que Héyder me expresó fue que estaba bastante abrumado por la situación; pero que sus circunstancias de salud y económicas le impedían adoptar cualquier solución. Este es un caso dramático, pues ha dejado no sólo a Héyder y su familia desprotegidos, sino a varias personas que creyeron y confiaron en la sola capacidad académica e intelectual de Héyder, sin contemplar las múltiples interferencias y complejidades que se dan en el desarrollo de una beca doctoral”, dijo.
La Universidad Nacional exploró esta problemática en el artículo “La tarea pendiente del Congreso: una ley de becas para doctorado”, de 2020. En la investigación se exponen las dificultades de la financiación de estudios de posgrado a través de créditos condonables. Entre ellos, que las convocatorias no tienen en cuenta los tiempos y dinámicas de la investigación científica. “Priman las consideraciones burocráticas que poco o nada tienen que ver con criterios científicos. Aumenta la presión psicológica, ya de por sí alta, de los estudiantes doctorales, pues el crédito se puede convertir en una deuda de hasta $500 millones en caso de no cumplir con condiciones que no siempre están bajo su control”, expone.
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Y agrega: “Esta presión añadida juega en contra de las investigaciones y de la formación de un cuerpo de científicos que puedan dinamizar y estimular la construcción de conocimiento en el país. Diversos estudios han demostrado que los estudiantes doctorales son más propensos a sufrir depresión y ansiedad. Si a estos tres puntos añadimos la ausencia de una política discernible a mediano y largo plazo que facilite la vinculación de los doctores al sector productivo y a los sistemas de investigación, es claro que los colombianos empiezan su vida profesional no tienen incentivos para iniciar y llevar a término estudios doctorales. Por estos motivos, Colombia no se encuentra más cerca de solucionar su atraso histórico en ciencia e investigación“, señala.
La UPTC fue invitada a la conversación, pero se negó argumentando que prefieren estar al margen de los medios de comunicación. La defensa de Pérez le propone a la universidad que, a través de un semillero de investigación, lidere una estrategia para hacer comparecer a Carlosama al proceso. O, de otro lado, que las partes logren conciliar para despejar a la matemática de este problema. Al final, el “proceso solo terminaría si aparece Héyder, si hay una conciliación, si se paga la obligación o con la muerte de todos”, concluye el abogado Romero. Sea cual sea la solución, a futuro, en el mejor de los casos, la profesora Pérez hace cálculos para la construcción de su cabaña y, así, pasa su vejez en tranquilidad.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Jhoan Sebastian Cote
