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El Frente de Guerra Oriental del Eln divulgó nuevas pruebas de supervivencia de Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, los dos funcionarios del CTI de la Fiscalía que permanecen secuestrados desde el 8 de mayo de 2025. A través de un video de 16 minutos, grabado el pasado 10 de julio, el grupo armado reiteró su disposición a adelantar un intercambio humanitario, aunque señaló que hasta el momento no ha recibido respuesta del Gobierno nacional sobre la situación de los dos hombres.
En la grabación, ambos funcionarios hicieron un llamado directo al presidente Gustavo Petro, a la fiscal general Luz Adriana Camargo y a otros altos funcionarios del Ejecutivo para que gestionen su liberación antes de que termine la actual administración.
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Pacheco Oviedo pidió al mandatario que no los deje en esa situación cuando entregue el poder, y recordó que ya suman 14 meses en cautiverio en medio de la selva colombiana. El funcionario también responsabilizó a algunos sectores del Pacto Histórico de haberse convertido, a su juicio, en un obstáculo para avanzar en un acuerdo con el Eln.
Por su parte, López Estrada expresó la incertidumbre y la angustia que ha significado para él y su familia este tiempo de secuestro, y pidió tanto al presidente Petro como a la fiscal Camargo un esfuerzo adicional para lograr su liberación antes del cambio de gobierno.
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El Frente de Guerra Oriental advirtió, además, que hará responsables tanto al Gobierno saliente de Petro como a la administración entrante de Abelardo De La Espriella de cualquier situación que ponga en riesgo la vida o la seguridad de los dos secuestrados en caso de un intento de rescate militar.
La divulgación de estas pruebas de supervivencia se produce semanas después de la liberación, el pasado 16 de junio, de los agentes de la Dijín Franque Esley Hoyos Murcia y Yordin Fabián Pérez Mendoza, quienes también habían sido retenidos por el Eln desde julio de 2025 en la vía entre Tame y Arauca.
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La Defensoría del Pueblo, que confirmó esa liberación gracias a una misión humanitaria conformada por la Cruz Roja, la Iglesia Católica, la MAPP/OEA y la Misión de la ONU en Colombia, rechazó entonces que el ELN se atribuyera la facultad de imponer condenas, al recordar que ningún grupo armado puede juzgar personas ni utilizar el secuestro como mecanismo de presión o negociación.
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