Eln y disidencias se están disputando yacimientos de oro, plata y hierro en Cauca: vicefiscal

La Comisión Segunda del Senado convocó un debate virtual para analizar la situación humanitaria en el Cauca, departamento donde la violencia no cesa. Los grupos armados que han hecho presencia en el departamento, uno de los más militarizados, han incrementado sus operaciones durante la cuarentena afectando a la población que también lidian con la pandemia. Según el senador Iván Cepeda, el 60 % de los homicidios de defensores de derechos humanos que se han cometido desde que inició el aislamiento, han sido en territorio caucano.

Asimismo, “el Cauca tiene todos los grupos armados que pudieran existir y cualquiera que volviera a nacer estaría en este departamento”, dijo el congresista hoy. Ante este panorama, la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, aseguró que la Fiscalía ha intentado llegar a los lugares más lejanos. El esfuerzo, al parecer, no ha sido suficiente. 

(En contexto: La guerra en Colombia no se detiene, a pesar del coronavirus)

De acuerdo con Mancera, “en lo que nos hemos fijado estos últimos años y hoy más, es en lograr hacer investigaciones integrales que no solo afecte a las personas de estas estructuras que están haciendo mucho daño sino también afectando sus economías ilícitas”. La Fiscalía ha recibido en los dos últimos años 1.275 denuncias que involucran a estos grupos armados y aunque estas bajaron en tiempos de cuarentena, los homicidios se dispararon. A lo que la vicefiscal respondió que se deberían tener más herramientas y equipos para judicializar con más rapidez a los capturados.

Más de una decena de organizaciones armadas hacen presencia en el departamento, entre ellas Eln, Clan del golfo, Caparros, disidencias de las Farc e incluso Los Pelusos, disidencia del Epl. Según las investigaciones, los grupos armados se dividen el departamento y en medio de la cuarentena su poder ha crecido, por lo que más zonas del Cauca se han vito afectadas. Es el caso de el norte del Cauca, donde ni la pandemia ni la violencia dan tregua. 

Para hacerle frente a la crisis humanitaria, la Fiscalía dice que ha establecido estrategias basadas en la identificación no solo del modus operandi de estas organizaciones, sino también en la caracterización del territorio y las víctimas. "Históricamente en el departamento del Cauca hay una gran afectación, no solo a los lideres indígenas, sino a la población y defensores de derechos humanos" afirma Mancera. Y es que la violencia parece haberse ensañado con este departamento y reflejo de ello son las cifras que dejó el conflicto armado en este territorio.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, desde el comienzo del conflicto hasta el 1° de octubre de 2019, un total de 257.233 personas resultaron afectadas por este.  Además, de acuerdo con el Centro Memoria Histórica entre 1965 y 2013 el Cauca fue el lugar con más incursiones guerrilleras, 309 para ser más exactos, cifra que no tiene comparación con ningún otro departamento del país. (Le puede nteresar: Violencia y control social: lo que ha dejado la cuarentena en regiones, según la JEP)

“La Fiscalía ha advertido que, en mayor medida, los homicidios, los desplazamientos forzados y los actos de terrorismo ocurren en las zonas rurales. Mientras que las amenazas y los hostigamientos tienen que ver en los cascos urbanos”, explicó Mancera.  En estas zonas del departamento, el ente investigador ha ido adelantando procesos al disponer de fiscales regionales e investigaciones que le han seguido la pista a los jefes de estas bandas. Con esta estrategia se ha podido imputar cargos a líderes del Eln como alias Demetrio y alias Motorola.

Según el organismo investigativo, este grupo armado ejerce poder en el centro del departamento y se disputa con las disidencias de las Farc el control de los yacimientos de oro, plata, hierro y otros minerales. Así mismo, Mancera indicó que en la Fiscalía se está investigando con más ahínco a estos últimos, por ser “uno de los grupos de mayor afectación a la población". En las instalaciones de la Fiscalía reposan las investigaciones que dan con este grupo armado en los actos violentos en contra de desmovilizados de las Farc.

A pesar de contar con 10.000 hombres entre Ejército y Policía, organizaciones, líderes sociales y congresistas como Iván Cepeda denunciaron en la plenaria la existencia de “acciones selectivas de la fuerza pública con relación a los grupos armados ilegales”, las cuales le estarían permitiendo expandirse y ejecutar estas acciones violentas a cambio de dinero". Sin embargo, Mancera reconoció lo que ha significado en los dos últimos años el apoyo del Ejército y la inteligencia militar, acciones conjuntas que le han permitido a la Fiscalía cumplir con sus consignas.  

Según el pronunciamiento de la vicefiscal, se han podido capturar 39 narcotraficantes y doce de ellos han sido pedidos en extradición. Los procesos se han ido adelantando de la mano con las comunidades indígenas y que ha permitido la creación de la Mesa de Concertación que han expuesto las evidencias para adelantar capturas y condenas. De igual manera, la Unidad Especial se ha dedicado a desarticular organizaciones que atentan contra los derechos de las comunidades indígenas, afro y campesinas en este departamento.  

La Comisión Segunda del Senado convocó un debate virtual para analizar la situación humanitaria en el Cauca, departamento donde la violencia no cesa. Los grupos armados que han hecho presencia en el departamento, uno de los más militarizados, han incrementado sus operaciones durante la cuarentena afectando a la población que también lidian con la pandemia. Según el senador Iván Cepeda, el 60 % de los homicidios de defensores de derechos humanos que se han cometido desde que inició el aislamiento, han sido en territorio caucano.

Asimismo, “el Cauca tiene todos los grupos armados que pudieran existir y cualquiera que volviera a nacer estaría en este departamento”, dijo el congresista hoy. Ante este panorama, la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, aseguró que la Fiscalía ha intentado llegar a los lugares más lejanos. El esfuerzo, al parecer, no ha sido suficiente. 

(En contexto: La guerra en Colombia no se detiene, a pesar del coronavirus)

De acuerdo con Mancera, “en lo que nos hemos fijado estos últimos años y hoy más, es en lograr hacer investigaciones integrales que no solo afecte a las personas de estas estructuras que están haciendo mucho daño sino también afectando sus economías ilícitas”. La Fiscalía ha recibido en los dos últimos años 1.275 denuncias que involucran a estos grupos armados y aunque estas bajaron en tiempos de cuarentena, los homicidios se dispararon. A lo que la vicefiscal respondió que se deberían tener más herramientas y equipos para judicializar con más rapidez a los capturados.

Más de una decena de organizaciones armadas hacen presencia en el departamento, entre ellas Eln, Clan del golfo, Caparros, disidencias de las Farc e incluso Los Pelusos, disidencia del Epl. Según las investigaciones, los grupos armados se dividen el departamento y en medio de la cuarentena su poder ha crecido, por lo que más zonas del Cauca se han vito afectadas. Es el caso de el norte del Cauca, donde ni la pandemia ni la violencia dan tregua. 

Para hacerle frente a la crisis humanitaria, la Fiscalía dice que ha establecido estrategias basadas en la identificación no solo del modus operandi de estas organizaciones, sino también en la caracterización del territorio y las víctimas. "Históricamente en el departamento del Cauca hay una gran afectación, no solo a los lideres indígenas, sino a la población y defensores de derechos humanos" afirma Mancera. Y es que la violencia parece haberse ensañado con este departamento y reflejo de ello son las cifras que dejó el conflicto armado en este territorio.

De acuerdo con la Unidad de Víctimas, desde el comienzo del conflicto hasta el 1° de octubre de 2019, un total de 257.233 personas resultaron afectadas por este.  Además, de acuerdo con el Centro Memoria Histórica entre 1965 y 2013 el Cauca fue el lugar con más incursiones guerrilleras, 309 para ser más exactos, cifra que no tiene comparación con ningún otro departamento del país. (Le puede nteresar: Violencia y control social: lo que ha dejado la cuarentena en regiones, según la JEP)

“La Fiscalía ha advertido que, en mayor medida, los homicidios, los desplazamientos forzados y los actos de terrorismo ocurren en las zonas rurales. Mientras que las amenazas y los hostigamientos tienen que ver en los cascos urbanos”, explicó Mancera.  En estas zonas del departamento, el ente investigador ha ido adelantando procesos al disponer de fiscales regionales e investigaciones que le han seguido la pista a los jefes de estas bandas. Con esta estrategia se ha podido imputar cargos a líderes del Eln como alias Demetrio y alias Motorola.

Según el organismo investigativo, este grupo armado ejerce poder en el centro del departamento y se disputa con las disidencias de las Farc el control de los yacimientos de oro, plata, hierro y otros minerales. Así mismo, Mancera indicó que en la Fiscalía se está investigando con más ahínco a estos últimos, por ser “uno de los grupos de mayor afectación a la población". En las instalaciones de la Fiscalía reposan las investigaciones que dan con este grupo armado en los actos violentos en contra de desmovilizados de las Farc.

A pesar de contar con 10.000 hombres entre Ejército y Policía, organizaciones, líderes sociales y congresistas como Iván Cepeda denunciaron en la plenaria la existencia de “acciones selectivas de la fuerza pública con relación a los grupos armados ilegales”, las cuales le estarían permitiendo expandirse y ejecutar estas acciones violentas a cambio de dinero". Sin embargo, Mancera reconoció lo que ha significado en los dos últimos años el apoyo del Ejército y la inteligencia militar, acciones conjuntas que le han permitido a la Fiscalía cumplir con sus consignas.  

Según el pronunciamiento de la vicefiscal, se han podido capturar 39 narcotraficantes y doce de ellos han sido pedidos en extradición. Los procesos se han ido adelantando de la mano con las comunidades indígenas y que ha permitido la creación de la Mesa de Concertación que han expuesto las evidencias para adelantar capturas y condenas. De igual manera, la Unidad Especial se ha dedicado a desarticular organizaciones que atentan contra los derechos de las comunidades indígenas, afro y campesinas en este departamento.