La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria contra León Fredy Muñoz Lopera, en su condición de embajador extraordinario en la embajada de Colombia ante el gobierno de la República de Nicaragua. La entidad lo pone en el foco por su presunta participación en una marcha el pasado 7 de julio a favor del Frente Sandinista de Liberación, el movimiento que llevó al poder al régimen de Daniel Ortega. Por la misma causa, la Cancillería ya le hizo un llamado al orden.
De acuerdo con información de la Procuraduría, el funcionario estuvo presente en una movilización “a favor de la revolución que tumbó al presidente Anastasio Somoza Debayle” y, además, utilizó símbolos del Frente Sandinista de Liberación Nacional durante su recorrido.
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Por los mismos hechos, la Cancillería ya le había hecho un llamado al orden al embajador y lo citó el pasado miércoles 12 de julio en Bogotá para que explicar su controversial actitud. En efecto, la Cancillería buscasaber de primera mano por qué el delegado diplomático de Bogotá, quien debe ejercer una postura neutral frente al Estado ante el cual está acreditado, terminó metido en una movilización.
De igual manera, el organismo de control investigará las circunstancias de tiempo, modo y lugar de las declaraciones que hizo el embajador Muñoz Lopera, en las que manifestó que es “embajador desde el 30 de septiembre y es un pueblo alegre, bonito, amable y sobre todo convencido de su revolución. Estoy gratamente sorprendido”. Al respecto, la entidad sostuvo que, como garantía al derecho de defensa, Muñoz podrá ser escuchado en versión libre y espontánea si así lo solicita.
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Desde que era congresista por el Partido Alianza Verde, en 2018, Muñoz fue vinculado a un proceso por tráfico de estupefacientes. El caso nació después de que la Policía lo sorprendió con poco más de media libra de cocaína en el aeropuerto de Rionegro (Antioquia). Aunque él siempre ha dicho que es inocente, la Corte Suprema lo llamó a juicio en 2020. Desde entonces, el expediente no se ha movido y está a punto de cumplir dos años sin que se cite una sola audiencia.
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