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La Sala Plena de la Corte Constitucional se reunió este martes, para definir si revisarían de manera extraordinaria el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró el Estado de emergencia económica. Finalmente, el alto tribunal se decantó por empezar el estudio de las medidas gubernamentales a mediados de enero de 2026, cuando finalice la vacancia judicial. Estas son sus razones.
Desde las 10:00 a. m., aproximadamente, los magistrados de la Sala Plena de la Corte Constitucional se reunieron virtualmente y de manera extraordinaria para discutir qué hacer frente al recién expedido decreto del gobierno con el que se declaró el Estado de emergencia económica. La reunión se citó en medio de revuelo porque fue expedido apenas dos días después de que se cerraran los despachos judiciales del país.
En la reunión, los magistrados consideraron que aunque el decreto debe pasar automáticamente a revisión de la Corte Constitucional, no pueden hacer nada hasta que termine la vacancia. Según revisaron, hay antecedentes en los que decretos con los que se declararon estados de emergencia fueron expedidos por otros gobiernos también cuando no estaban en funcionamiento los despachos.
Por ejemplo, señalaron el Decreto 4975 del 23 de diciembre de 2009, el cual solo fue estudiado por la Corte el 10 de enero del año siguiente (2010), cuando la vacancia terminó. Por eso, en un comunicado, el alto tribunal señaló que solo “avocará el control judicial del decreto declarativo del estado de emergencia y de los decretos de medidas a cuyo amparo se dicten, una vez se reanude la actividad judicial al vencimiento de la vacancia judicial en curso”.
El pasado lunes se oficializó el decreto con el que el gobierno de Gustavo Petro declaró el Estado de emergencia económica, con el que busca imponer, vía decreto, nuevos impuestos para recaudar los COP 16,3 billones que faltan para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, según dijo Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante una rueda de prensa el pasado viernes.
Tras conocerse el decreto madre, que da lugar a otras medidas del gobierno en el Estado de emergencia, desde distintos sectores políticos le hicieron un llamado a la Corte Constitucional para que revisara de manera extraordinaria el documento. Por ejemplo, las senadoras Paloma Valencia (candidata presidencial) y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, le pidieron a la Corte que sesionaran pronto, para analizar el decreto que, para ellas, no tiene sustento jurídico.
Por su parte, el presidente Petro dijo que si la Corte Constitucional vuelve a tumbar una emergencia económica como esta, se generaría una crisis. Según dijo, la medida no tiene relación con los comicios del 2026 en los que busca que la izquierda se reelija.
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