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Ante la pregunta del juez de control de garantías el empresario colombo-israelí Alberto Aroch Mugravi aceptó su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito agravado imputado por la Fiscalía. Sin embargo, se declaró inocente de los cargos de lavado de activos y concierto para delinquir.
En la diligencia judicial que se adelanta en los juzgados de Paloquemao el empresario, capturado el pasado lunes, reconoció su responsabildiad en este delito por lo que recibirá una sentencia anticipada. La Fiscalía General solicitará en los próximos minutos que sea cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario.
Según la investigación de la Fiscalía General el empresario, uno de los dueños del edificio de Gran Estación II donde funcionó al sede de la Contraloría General, habría adelantado actividades ilegales para el "blanqueo de capitales" mediante exportaciones fícticias y el lavado de activos con empresas fachada.
“Dio apariencia de legalidad a un dinero que es de origen ilícito mediante la utilización de empresas que aparentan desarrollar un objeto social y desarrollaron toda su arte de maniobras contables para elevar las cifras en determinadas cuentas con miras a justificar ingresos y soportar operaciones en el marco de una actividad económica regular cuando ello no fue así”, precisó la fiscal.
En la investigación se pudo establecer que Aroch era el líder de la operación del blanqueo de capitales con diferentes empresas adelantando “toda una clase de irregularidades contables y financieras para fines ilícitos, utilizando empresas a nombre de terceros.
En la audiencia se nombraron varias empresas que habrían sido utilizadas para el ingreso de altas sumas de dinero producto del contrabando. Estas irregularidades fueron la piedra angular de la investigación para establecer la inyección de capital injustificada, manipulación de cuentas bancarias y presentación de documentos falsos.
En este sentido señaló que se realizaron inversiones inmobiliarias por medio de una empresa de construcción por medio de la cual se crear fiducias en las que aparecían proyectos inmobiliarios inexistentes con el fin de dar una apariencia de legalidad. Se simularon estas acciones para ocultar el origen delictivo de los recursos inyectados.
Por Redacción Judicial
