25 Jul 2018 - 10:00 a. m.

En completo sigilo y con interceptaciones, así investigó la Corte Suprema al senador Uribe

Por hechos ocurridos después de que el alto tribunal pidiera que el expresidente fuera investigado, el pasado 16 de febrero, la Corte dispuso escucharlo en indagatoria por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal.

Redacción Judicial

Elección de Fernando Carrillo como nuevo Procurador
Elección de Fernando Carrillo como nuevo Procurador
Foto: MAURICIO ALVARADO

Fue una investigación en total sigilo. Nadie, salvo seis funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, sabía que la Sala de Instrucción 2 de la Sala Penal tenía pistas para estructurar un nuevo expediente contra el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Interceptaron más de 10 celulares, hicieron seguimientos y escucharon a personas cercanas al exmandatario, hasta configurar indicios de que Uribe, después de que la Corte ordenara que fuera investigado el pasado 16 de febrero, habría tratado de manipular e incluso sobornar testigos. La información fue recopilada en tres cuadernos que hoy son la piedra angular del proceso.

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La nueva pesquisa tomó cinco meses y empezó después de que la Corte Suprema anunciara que archivaba la denuncia que presentó Uribe en contra del congresista Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos y dispuso que quien debía ser investigado era el propio Uribe. Al día siguiente, 17 de febrero, al alto tribunal llegaron anónimos e información de varias fuentes para advertirles a los magistrados que sus averiguaciones en realidad apenas estaban comenzando. Les aportaron, además, un nombre que hasta ahora no estaba en su radar y que fue clave para el nuevo expediente: Álvaro Hernán Prada.

Según le confirmaron fuentes del alto tribunal a El Espectador, el representante a la Cámara sería un enlace clave entre el senador Uribe y los testigos que hablaron en su contra. En concreto, Prada habría sido la persona que logró que Juan Guillermo Monsalve, uno de los testigos claves en el primer proceso contra Uribe, se pusiera en contacto con el abogado Diego Javier Cadena, quien en últimas era el encargado de ofrecer dinero o de manipular en favor del expresidente y hoy senador. Las evidencias en contra del representante llevaron a que el alto tribunal también lo llamara a indagatoria por los mismos hechos que a Uribe.

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La Corte Suprema de Justicia expidió un comunicado de prensa en el que aclaró que los congresistas Álvaro Uribe y Álvaro Hernán Prada serán escuchados en indagatoria por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, pero antes de presentarse a la diligencia tendrán la oportunidad de conocer las pruebas que los comprometen. Además, el caso tendrá el acompañamiento y la vigilancia de la Procuraduría General de la Nación y los dos congresistas contarán con tiempo suficiente para preparar su defensa frente a los cargos que el alto tribunal ahora les está imputando.

Las investigaciones contra el expresidente Álvaro Uribe forman parten de la confrontación política que de tiempo atrás sostiene con el senador Iván Cepeda. Justamente fue un debate de control político sobre el paramilitarismo en Antioquia, promovido por Cepeda el 17 de diciembre de 2014, el origen de las pesquisas. Ese mismo día, Uribe acudió a la Corte Suprema de Justicia para denunciar a Cepeda por los delitos de abuso de la función pública, fraude procesal y calumnia agravada, supuestamente derivados de la manipulación de testigos en contra de Uribe, aprovechando su condición de parlamentario.

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La Corte Suprema se tomó tres años y dos meses para examinar la denuncia de Uribe y el 16 de febrero de 2018, con ponencia del magistrado José Luis Barceló, en una decisión de 218 páginas, le dio la vuelta al caso. No sólo se abstuvo de abrir investigación contra Iván Cepeda, sino que determinó que quien debía ser investigado por presunta manipulación de testigos era el denunciante, es decir, el expresidente Uribe. En la misma decisión se ordenaron investigaciones a un abogado y la revisión de varios expedientes relacionados con Uribe, al tiempo que se pidió protección especial para tres testigos.

Es a partir de este momento cuando empezaron a configurarse los elementos de la nueva investigación. En su comunicación, la Corte señaló que, como reacción a la providencia judicial del 16 de febrero y, al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. “En la indagación preliminar, ordenada el pasado 22 de febrero, para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso”. Además, reiteró que, en respuesta a una petición del propio Uribe, se aceptó su versión libre por los hechos anteriores al 16 de febrero.

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En la misma declaración, la Corte también hizo público que le pidió a la Fiscalía indagar hechos relacionados con el mismo caso, y concretamente le remitió interceptaciones de llamadas telefónicas entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la exfiscal Hilda Janeth Niño Farfán. Según el alto tribunal, al parecer esta exfuncionaria se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra Santiago Uribe, hermano del expresidente, actualmente procesado por la justicia en el expediente judicial conocido como Los 12 Apóstoles, relacionados con crímenes en Yarumal en los años 90.

En su momento, el alto tribunal le solicitó a la oficina de protección de testigos de la Fiscalía y al Inpec que se intensificaran las medidas de seguridad en favor de los internos Juan Guillermo Monsalve, Pablo Hernán Sierra y Carlos Enrique Areiza Arango. Como es de conocimiento público, Areiza, quien aceptó haber mentido en el proceso contra el exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, fue asesinado el pasado mes de abril. Los otros dos testigos, Monsalve y Sierra, permanecen privados de la libertad y ahora serán claves para aclarar el nuevo capítulo judicial en contra del expresidente Uribe.

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La reacción del senador, en cuanto se enteró de la decisión, fue anunciar que renunciará. Según entendidos, se trata de una jugada estratégica, pues al salir del Congreso, el expresidente pierde el fuero que le permite a la Corte Suprema investigarlo y, ahora, el caso pasaría a ser del resorte de la Fiscalía. La palabra final, sin embargo, la tiene el alto tribunal que debe determinar si los delitos por los que es investigado el senador Uribe –soborno y fraude procesal– tienen relación con su investidura de congresista. Pero, además, debe hacer lo mismo con el otro proceso clave: la manipulación de testigos en que habría ocurrido en años anteriores.

El proceso por el que la Corte Suprema investiga a Álvaro Uribe

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