En masacre en Alto Remanso, hubo graves violaciones de derechos humanos: Fiscalía

Aunque todo está listo para que la Fiscalía le impute cargos a 25 uniformados que participaron en un polémico operativo militar en la vereda Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), un recurso judicial que busca que la Justicia Penal Militar sea la encargada de llevar el proceso frenó esa audiencia. Sin embargo, el fiscal que coordina la investigación, Hugo Tovar, dio detalles de los hallazgos que logró su equipo y que serían claves para vincular a los militares a una investigación penal por homicidio.

En diálogo con la revista Cambio, el fiscal, que además es el director especializado contra las violaciones de los derechos humanos de la Fiscalía, explicó que, aunque no se puede referir puntualmente a las pruebas, pues podría poner en riesgo la investigación, sí reveló que hay evidencia para afirmar que el Ejército y la Armada estuvieron a cargo de un operativo militar en el que hubo graves violaciones de derechos humanos. Por eso mismo, la Fiscalía busca imputar a 25 uniformados el delito de homicidio en persona protegida.

La operación militar ocurrió el 28 de marzo de 2022 y fue celebrada por el gobierno de ese entonces, en cabeza del presidente Iván Duque. Sin embargo, horas después se supo que era poco lo que había que celebrar. La comunidad denunció que, en medio del operativo, murieron 11 personas, entre ellas, al menos cinco civiles y otras cuatro quedaron heridas. Periodistas de El Espectador, Vorágine y Cambio fueron hasta Alto Remanso y revelaron detalles sobre las inconsistencias y las irregularidades de la operación.

(En contexto: Masacre en Alto Remanso: piden que Justicia Penal Militar investigue las 11 muertes)

Los hallazgos de la Fiscalía y las declaraciones del fiscal Tovar confirmarían lo publicado por esa alianza. Por ejemplo, que hubo manipulación de los cuerpos; que fue el Ejército quien disparó sin distinguir que en el lugar había personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas; y que la Fuerza Pública violó reglas del Derechos Internacional Humanitario (DIH), pese a que el entonces ministro de Defensa, Diego Molano (hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá) siempre dijo que no se había violado ninguna de esas normas.

“Encontramos una escena con varios cuerpos de personas que habían muerto en desarrollo de la operación. Reconstruimos la escena con un equipo interdisciplinario compuesto por expertos balísticos, médicos forenses y topógrafos, entre otros. Recogimos testimonios de quienes se encontraban en ese momento en El Remanso. Y, como los cuerpos también hablan, hicimos un ejercicio muy serio para establecer desde dónde se habrían hecho los disparos que derivaron en la muerte de las 11 personas”, explicó el fiscal Tovar en diálogo con la revista Cambio.

(Lea la investigación completa: Las inconsistencias del operativo militar en Putumayo que cobró la vida de civiles)

De esta manera, la Fiscalía logró establecer que los disparos no se originaron desde un solo lugar, sino de dos puntos diferentes. “Lo que permite saber que el Ejército realizó una maniobra envolvente, disparando desde dos puntos opuestos”, detalló el fiscal. Los investigadores forenses también fueron claves en la investigación, y fueron los encargados de recoger las vainillas de las balas, que después cotejaron con los fusiles que utilizaron los integrantes del Ejército.

“Un elemento determinante en esta investigación fue la obtención de muestras biológicas, como por ejemplo, las practicadas a las manchas de sangre que encontramos en las armas. Con esto establecimos quién accionó las armas encontradas, y si pertenecían a las personas que resultaron muertas. Lo hicimos, porque desde el principio se dijo que los muertos eran integrantes de un grupo armado, entonces la Fiscalía se dedicó a confirmar o descartar esa hipótesis”, agregó el fiscal Tovar.

(Lea también: Estos son los 25 militares que serán imputados por masacre en Puerto Leguízamo)

Sobre esta tesis, el director señaló que quedó claro que entre los muertos hubo civiles que nada tenían que ver con alias Bruno, jefe de los Comandos de la Frontera, el hombre que, supuestamente, estaba buscando la Fuerza Pública y la razón del polémico operativo militar. Sobre las armas y las balas, la revista Cambio reveló un dato clave: según las pruebas de la Fiscalía, Pablo Paduro, el gobernador indígena que fue asesinado durante esa operación, murió por el disparo por una bala disparada por uno de los uniformados.

Además, que, por el grado de alcohol que tenía en la sangre, él mismo no pudo accionar ninguna arma de fuego. Los hallazgos en este caso son cruciales, pues al lado de su cuerpo, el Ejército había reportado el hallazgo de una pistola. Para la Fiscalía, esa arma fue implantada y, al parecer, también se habría manipulado el cuerpo del gobernador. Todos los detalles de ese caso, y los demás restos que fueron movidos sin que existiera una razón para hacerlo, se conocerán en la audiencia de imputación de cargos contra los uniformados.

(Le puede interesar: Los papeles secretos de la cuestionada operación militar en Putumayo)

El fiscal Tovar agregó en la revista Cambio, que “tras el primer disparo del tirador de alta precisión se presenta una acción de disparos que trae como consecuencia la muerte de once personas, igualmente, resultan cinco personas heridas (un soldado profesional y cuatro civiles). La acción de disparos y sus trayectorias permiten demostrar que sí había presencia de presuntos miembros del GAOR E-48, y también que se presentó vulneración a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución que gobiernan el DIH, en el que estaba enmarcada dicha Operación Táctica Militar”.

Por eso mismo, la Fiscalía está tras la pista de la cadena de mando que permitió la realización de la operación en Alto Remanso. Eso sí, Hugo Tovar fue claro: “La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación en contra de los integrantes del Ejército Nacional, toda vez que la investigación arrojó responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos”.

(En contexto: Ejército se contradice y no despeja dudas sobre operativo en Putumayo)

En estos momentos, el avance de este proceso depende de la Corte Constitucional, pues debe definir si esta investigación la debe adelantar la Justicia Penal Militar o, por el contrario, puede quedarse en la justicia ordinaria y en manos del fiscal Tovar. Esa situación jurídica tiene un antecedente clave: la propia justicia castrense ya había dicho que no iba a llevar el caso, pues había evidencia de que la fuerza pública llevó a cabo tareas que nada tenían que ver son su servicio. La alta corte tiene la última palabra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Aunque todo está listo para que la Fiscalía le impute cargos a 25 uniformados que participaron en un polémico operativo militar en la vereda Alto Remanso, del municipio de Puerto Leguízamo (Putumayo), un recurso judicial que busca que la Justicia Penal Militar sea la encargada de llevar el proceso frenó esa audiencia. Sin embargo, el fiscal que coordina la investigación, Hugo Tovar, dio detalles de los hallazgos que logró su equipo y que serían claves para vincular a los militares a una investigación penal por homicidio.

En diálogo con la revista Cambio, el fiscal, que además es el director especializado contra las violaciones de los derechos humanos de la Fiscalía, explicó que, aunque no se puede referir puntualmente a las pruebas, pues podría poner en riesgo la investigación, sí reveló que hay evidencia para afirmar que el Ejército y la Armada estuvieron a cargo de un operativo militar en el que hubo graves violaciones de derechos humanos. Por eso mismo, la Fiscalía busca imputar a 25 uniformados el delito de homicidio en persona protegida.

La operación militar ocurrió el 28 de marzo de 2022 y fue celebrada por el gobierno de ese entonces, en cabeza del presidente Iván Duque. Sin embargo, horas después se supo que era poco lo que había que celebrar. La comunidad denunció que, en medio del operativo, murieron 11 personas, entre ellas, al menos cinco civiles y otras cuatro quedaron heridas. Periodistas de El Espectador, Vorágine y Cambio fueron hasta Alto Remanso y revelaron detalles sobre las inconsistencias y las irregularidades de la operación.

(En contexto: Masacre en Alto Remanso: piden que Justicia Penal Militar investigue las 11 muertes)

Los hallazgos de la Fiscalía y las declaraciones del fiscal Tovar confirmarían lo publicado por esa alianza. Por ejemplo, que hubo manipulación de los cuerpos; que fue el Ejército quien disparó sin distinguir que en el lugar había personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas; y que la Fuerza Pública violó reglas del Derechos Internacional Humanitario (DIH), pese a que el entonces ministro de Defensa, Diego Molano (hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá) siempre dijo que no se había violado ninguna de esas normas.

“Encontramos una escena con varios cuerpos de personas que habían muerto en desarrollo de la operación. Reconstruimos la escena con un equipo interdisciplinario compuesto por expertos balísticos, médicos forenses y topógrafos, entre otros. Recogimos testimonios de quienes se encontraban en ese momento en El Remanso. Y, como los cuerpos también hablan, hicimos un ejercicio muy serio para establecer desde dónde se habrían hecho los disparos que derivaron en la muerte de las 11 personas”, explicó el fiscal Tovar en diálogo con la revista Cambio.

(Lea la investigación completa: Las inconsistencias del operativo militar en Putumayo que cobró la vida de civiles)

De esta manera, la Fiscalía logró establecer que los disparos no se originaron desde un solo lugar, sino de dos puntos diferentes. “Lo que permite saber que el Ejército realizó una maniobra envolvente, disparando desde dos puntos opuestos”, detalló el fiscal. Los investigadores forenses también fueron claves en la investigación, y fueron los encargados de recoger las vainillas de las balas, que después cotejaron con los fusiles que utilizaron los integrantes del Ejército.

“Un elemento determinante en esta investigación fue la obtención de muestras biológicas, como por ejemplo, las practicadas a las manchas de sangre que encontramos en las armas. Con esto establecimos quién accionó las armas encontradas, y si pertenecían a las personas que resultaron muertas. Lo hicimos, porque desde el principio se dijo que los muertos eran integrantes de un grupo armado, entonces la Fiscalía se dedicó a confirmar o descartar esa hipótesis”, agregó el fiscal Tovar.

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Sobre esta tesis, el director señaló que quedó claro que entre los muertos hubo civiles que nada tenían que ver con alias Bruno, jefe de los Comandos de la Frontera, el hombre que, supuestamente, estaba buscando la Fuerza Pública y la razón del polémico operativo militar. Sobre las armas y las balas, la revista Cambio reveló un dato clave: según las pruebas de la Fiscalía, Pablo Paduro, el gobernador indígena que fue asesinado durante esa operación, murió por el disparo por una bala disparada por uno de los uniformados.

Además, que, por el grado de alcohol que tenía en la sangre, él mismo no pudo accionar ninguna arma de fuego. Los hallazgos en este caso son cruciales, pues al lado de su cuerpo, el Ejército había reportado el hallazgo de una pistola. Para la Fiscalía, esa arma fue implantada y, al parecer, también se habría manipulado el cuerpo del gobernador. Todos los detalles de ese caso, y los demás restos que fueron movidos sin que existiera una razón para hacerlo, se conocerán en la audiencia de imputación de cargos contra los uniformados.

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El fiscal Tovar agregó en la revista Cambio, que “tras el primer disparo del tirador de alta precisión se presenta una acción de disparos que trae como consecuencia la muerte de once personas, igualmente, resultan cinco personas heridas (un soldado profesional y cuatro civiles). La acción de disparos y sus trayectorias permiten demostrar que sí había presencia de presuntos miembros del GAOR E-48, y también que se presentó vulneración a los principios de distinción, proporcionalidad y precaución que gobiernan el DIH, en el que estaba enmarcada dicha Operación Táctica Militar”.

Por eso mismo, la Fiscalía está tras la pista de la cadena de mando que permitió la realización de la operación en Alto Remanso. Eso sí, Hugo Tovar fue claro: “La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de imputación en contra de los integrantes del Ejército Nacional, toda vez que la investigación arrojó responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos”.

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En estos momentos, el avance de este proceso depende de la Corte Constitucional, pues debe definir si esta investigación la debe adelantar la Justicia Penal Militar o, por el contrario, puede quedarse en la justicia ordinaria y en manos del fiscal Tovar. Esa situación jurídica tiene un antecedente clave: la propia justicia castrense ya había dicho que no iba a llevar el caso, pues había evidencia de que la fuerza pública llevó a cabo tareas que nada tenían que ver son su servicio. La alta corte tiene la última palabra.

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