Estos son los 25 militares que serán imputados por masacre en Puerto Leguízamo

Operativo militar realizado por unidades del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea que derramó la sangre de civiles lo que terminó como una masacre en esta vereda de Puerto Leguízamo, Putumayo.

Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en modalidad de tentativa son los dos delitos que la Fiscalía le imputará este 1° de agosto, a las 9 de la mañana, a 25 militares que habrían participado del operativo militar en la vereda Alto Remanso, el 28 de marzo de 2022. La investigación preliminar, que tardó más de un año, busca esclarecer los hechos en los que murieron 11 personas en medio de un bazar comunitario.

Según denuncias de organizaciones sociales y de una investigación periodística de El Espectador, Vorágine y revista Cambio, al menos cinco de las víctimas serían civiles, y fueron reseñadas, en documentos oficiales del Ministerio de Defensa y del Ejército, como guerrilleros muertos en medio de un combate. El documento en poder de este diario, fue emitido por el fiscal Hugo Tovar Pérez, director contra violaciones a los Derechos Humanos y acredita a 78 personas como víctimas dentro del proceso.

Este diario pudo establecer que la investigación llegó a la justicia ordinaria seis meses después de los hechos, luego de que un juez de la Justicia Penal Militar ordenó trasladar el expediente a la Fiscalía. Desde entonces, el caso reposa en el despacho de Luis Alfonso Cabezas Guzmán, fiscal 150 Especializado Delegado de Ibagué. La fecha y hora de la diligencia, que será virtual y que, por ahora, no será reservada, fue confirmada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Leguízamo el pasado miércoles 21 de junio.

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Los militares investigados, por ahora, son un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales. Se trata del teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Michael Andrés Quiñonez Mendoza, el cabo primero Wilmer Leonardo Rodríguez Arango, el cabo primero Wilson Andrés Santamaría Ramos, Cristian Pérez Galindo, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Hernando Cucunuba Olmos, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santander Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexánder Villa Ciro, Fenancio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Róbinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, Jhon Freddy Hoyos Quiñónez, Carlos Alberto Perdomo Romero, Jeisson Rico Soto y Yeison Andrade Rivera Holguín.

Los hechos que investiga la Fiscalía sucedieron el 28 de marzo de 2022 por hombres que hacían parte del Batallón contra el Narcotráfico No. 3. En la mañana de ese día, el Ejército llegó a la vereda Alto Remanso de Puerto Leguízamo y ejecutaron una operación militar en la que once personas resultaron muertas y al menos cuatro más fueron heridas. El entonces comandante del Ejército, general Eduardo Zapateiro, aseguró que se trató de una operación planeada por más de 15 días, dentro del respeto a todos los protocolos, y que además tenía un blanco identificado, que eran los líderes de la estructura 48 de la ‘Segunda Marquetalia’ (Comandos de la Frontera): Carlos Emilio Loaiza Quiñónez (conocido como Bruno), y otro hombre, conocido en la guerra como “Managua”.

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En enero pasado, El Espectador reveló cuáles fueron las movidas al interior del Ejército luego de que el escándalo apareció en medios de comunicación. Este diario contó cómo los altos estamentos de las Fuerzas Militares siempre defendieron a los uniformados de la cuestionada operación, pese a las denuncias de excesos, los papeles confirman una serie de señalamientos que hizo la comunidad de posibles irregularidades en la operación y revelan detalles desconocidos sobre los objetivos por los que se iba.

Una de las víctimas mortales del operativo fue el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche (48 años), la máxima autoridad del resguardo indígena Bajo Remanso y a quien la comunidad llamaba de cariño Pantalón. Sin embargo, esa palabra fue el alias que el Ministerio de Defensa reseñó en uno de los informes de prontuario de las once personas para legitimar el operativo.

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Las otras víctimas eran el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Alto Remanso, Divier Hernández (35 años); su esposa, Ana María Sarrias Barrera (24 años); Brayan Santiago Pama Pianda (16 años); Rubén Peña (21 años); Óscar Oliva (40 años); Luis Guerrero (32 años); Enuar Ojeda (23 años); José Peña (40 años); Alexander Peña (30 años) y Jhon Jairo Silva (34 años). Este último era firmante de Paz, según confirmó la Agencia Nacional de Reincorporación.

El pasado mes de mayo la Procuraduría General de la Nación también abrió una investigación disciplinaria contra varios oficiales del Ejército Nacional, por las presuntas irregularidades en que incurrieron durante este operativo. La investigación de la Entidad incluyó al brigadier general, Walther Adrián Giraldo Jiménez, al coronel Carlos Mauricio Salgado Romero, al teniente coronel Néstor Andrés Cadena Bautista, el capitán Jorge Erney Marroquín Cadena, el teniente Julián Ernesto Ávila Martínez, el sargento segundo Andrés Quiñonez Mendoza, y los cabos primeros Wilson Santamaría Ramos y Wilmer Rodríguez Arango.