En una operación con fines de extinción de dominio, la Fiscalía y la Policía ocuparon 36 bienes que, tras ser sellados por su actividad ilegal, seguían funcionando para organizaciones dedicadas al hurto de teléfonos celulares. Las propiedades quedaron en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad designada por el Estado para administrar bienes.+
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En estos inmuebles y establecimientos comerciales, según la Fiscalía, los equipos reportados llegaban, eran manipulados y puestos a la venta como artículos libres. Varios de los bienes fueron sellados o multados anteriormente porque las autoridades incautaron celulares robados y equipos utilizados para la alteración de los sistemas de identificación.
Sin embargo, los ocupantes o las personas que tomaron en arriendo estos inmuebles, avaluados en más de $8.000 millones, habrían continuado este negocio ilegal. Las diligencias de ocupación se cumplieron en Bogotá, Medellín (Antioquia), Villavicencio (Meta), Manizales (Caldas), Neiva (Huila), Pasto (Nariño), Popayán (Cauca); y en los municipios de Palmira, Alcalá y Cerrito (Valle del Cauca).
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De acuerdo con el ente investigador, muchos de los bienes afectados eran explotados por los mismos propietarios y otros estaban en manos de terceras personas por medio de contrato de arriendo. En cualquiera de los dos casos, la Fiscalía dijo que proceden las medidas cautelares.