El bombardeo militar en el Guaviare que posiblemente, y según denuncias ciudadanas, habría causado la muerte de al menos una adolescente envolvió al país en un asunto que ya había discutido ampliamente a finales de 2019. Es decir, no han pasado ni siquiera dos años desde que se conoció que en un bombardeo en el Caquetá, realizado por las Fuerzas Militares en contra del líder disidente Gildardo Cucho, murieron tanto él como ocho menores de edad. La situación fue tan grave, que mientras el asunto se debatía, el entonces ministro de Defensa, Guillermo Botero, dimitió del cargo. (Lea también: “Son máquinas de guerra”: así defendió el ministro de Defensa bombardeo a adolescentes)
Hoy la historia parece repetirse. Un grupo de uniformados de las Fuerzas Militares bombardearon un campamento en el municipio de Calamar, Guaviare, con el objetivo de afectar la organización criminal que está al mando de alias Gentil Duarte. Se trata de uno de los jefes de las disidencias de las Farc más poderosos de la zona a quien se le responsabiliza por una larga lista de crímenes cometidos contra la población civil, militares y policías. La operación se realizó y lejos de convertirse en un gran logro para las autoridades, terminó siendo el epicentro de una delicada discusión que detonó con mayor fuerza tras las declaraciones del ministro de Defensa, Diego Molano.
Denuncias ciudadanas y de personalidades políticas como Hollman Morris y Roy Barreras señalaron que había una gran posibilidad de que menores de edad hubieran resultado muertos en medio de la operación militar. Desde muy temprano, el ministro Diego Molano le salió al paso a estas versiones y señaló que, si bien en el campamento se detectó la presencia de adolescentes durante las labores de inteligencia previas al ataque, se trataba de “jóvenes reclutados y convertidos en máquinas de guerra”. De esta forma justificó el líder ministerial el cuestionado bombardeo.
Molano, además, aseguró que la operación cumplió con todas las disposiciones que exige el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que, por ende, no se debía atacar la actuación de las Fuerzas Militares que, a su juicio, cumplen con el deber de desarticular bandas que representan un riesgo para la ciudadanía. Frente a este escenario, vale la pena preguntarse: ¿es legítimo el uso de fuerza letal durante operaciones militares en zonas donde se encuentren menores de 18 años? Expertos consultados por El Espectador coinciden en que el discurso del ministro Molano, aunque funciona como estrategia política, se encuentra muy alejado de las disposiciones del DIH.
“El DIH es un marco para regular la guerra que implica que se aminoren a la mayor medida los sufrimientos o padecimiento, no solo de los civiles, sino incluso de quienes participan en las hostilidades. Eso quiere decir que el DIH no autoriza cualquier forma del uso de la fuerza, sino con unos requisitos muy particulares. Además, el DIH no se debe leer solo, sino en concordancia con las obligaciones de derechos humanos que son complementarias. Eso quiere decir que el Estado no tiene abierta licencia para matar a través del DIH, sino que esa prerrogativa tiene unas limitaciones y unas reglas muy específicas”, explicó Camilo Umaña, doctor en criminología y profesor del Externado en temas de derechos humanos y de DIH.
Según Umaña, el hecho de que en este caso el ministro ni siquiera tenga certeza de la edad de las personas muertas en combate indica que la información que poseían las Fuerzas Militares antes de realizar el bombardeo no era del todo clara. “Las personas menores de edad reclutados por grupos armados ilegales son víctimas de reclutamiento forzado. Por ende, el Estado tiene el deber de protegerlos y de prevenir que puedan ser reclutados o que continúen en esos grupos. El Estado, además, tiene un deber reforzado en cuanto a niños y niñas en el cual prevalecen sus derechos y, por ende, debe privilegiar medidas de atención y no medidas de combate”, indicó.
En ese sentido, el docente señala que si hay la información que indique que hay víctimas en cierto campamento como niños reclutados forzosamente, personas secuestradas o mujeres esclavizadas, hay un deber del Estado de proteger a las víctimas, no de bombardear. Umaña explica que un bombardeo no es la medida adecuada de protección para quienes son víctimas de un crimen y, aunque el Estado tiene la obligación de prever seguridad, la única forma de lograr este fin no es el uso de fuerza letal. (Le puede interesar: Medicina Legal no confirma aún las edades de muertos en bombardeo en Guaviare)
“El dilema que se propone en cuanto a que si no se bombardea se da licencia para que estos grupos actúen es falso, porque existen muchos medios militares para atacar a los diferentes grupos. Lo que dice el DIH es que se deben escoger los medios que permitan distinguir a la población civil de las personas que participan en hostilidades y, además, que se permita prevenir al máximo los daños y sufrimientos no solamente de civiles sino de quienes participan de las hostilidades. La vida sigue siendo un derecho aun en el marco de un conflicto armado”, explicó.
Umaña también habló sobre el calificativo “máquinas de guerra”, utilizado por el ministro Molano para referirse a los adolescentes reclutados por grupos armados ilegales. El docente aseguró que se trata de una expresión política que busca que la opinión pública apruebe los actos militares ejecutados frente a personas que aparecen deshumanizadas en la guerra. “A la luz del DIH no tiene ningún efecto llamarlos máquinas o no. Pero sí indica una forma de organizar la guerra que aminora el margen de reconocimiento de la humanidad de esas personas a quienes se está combatiendo y de, incluso, esas personas que están siendo víctimas de esa situación”, concluyó.
El profesor de la Universidad Javeriana, Andrés Valdivieso, también cree lo dicho por el ministro obedece a un discurso que tiene “efectos sociológicos porque está prácticamente abriendo nuevos ciclos de violencia. En temas jurídicos, además, está desconociendo las bases constitucionales que nos diferencian de los malos, por decirlo de alguna forma. En realidad todos somos víctimas y victimarios al mismo tiempo, pero si no abordamos esto desde los derechos constitucionales, estamos generando un problema de legalidad”, señaló el docente.
Valdivieso reiteró que la actuación de la fuerza pública no es consistente con las disposiciones del DIH pues, al parecer, se habría desconocido el principio de precaución que obliga a las Fuerzas Militares a utilizar diversas metodologías para obtener información precisa de los factores relacionados con la operación. “Si hay menores de edad, no deben atacar porque el DIH está sujeto al principio de la no reciprocidad, según el cual el respeto a las normas humanitarias no depende de que la otra parte las respete. Es apenas lógico y también constitucional porque entonces en qué nos diferenciamos de ellos. Por otro lado, todo menor de edad, y sobre menor de 14 años, es una víctima que tiene que tener tratamiento diferencial”, dijo.
Con esta perspectiva coincide el exmagistrado de la Corte Constitucional, Alfredo Beltrán: bombardear una zona donde probablemente hay menores de edad “es una conducta inaceptable”. Asegura que, si bien el reclutamiento de menores es una cultura delictiva, esos menores aun participando en combate son víctimas del conflicto y no son sujetos activos principales del conflicto por su propia voluntad. “El Gobierno no puede poner en riesgo la vida de personas que, a la luz del derecho internacional, merecen la protección del Estado. El Ejército no puede combatir haciendo de cuenta que no hay menores de edad, si hay menores no pueden atacar”, afirmó. (Noticia relacionada: “Lo que debería hacer el país es rodear al ministro de Defensa”: próximo presidente del Congreso)
Beltrán asegura que así como no se puede bombardear una zona donde hay un hospital porque los enfermos son sujetos de especial protección, los menores de edad que fueron reclutados forzosamente también son sujetos de especial protección pues, de lo contrario ocurrirían situaciones parecidas a las de Siria o Palestina donde se bombardea sin importar quién esté presente. “Ni son actores armados, ni son máquinas de guerra, al contrario son seres humanos en formación y sujetos de especial protección. No olvidemos que el primer derecho que tiene el menor es a la protección y al desarrollo en todas sus facetas, físicas y psicológicas” señaló el exmagistrado.
Quien también se ha referido al tema es el perito en derecho operacional, Jean Carlo Mejía, quien a través de su cuenta de Twitter, señaló que “es muy difícil hacer un debate informado sobre una operación militar ofensiva en una Colombia que sigue en guerra y donde los ilegales reclutan y usa niños en hostilidades y como escudos humanos”. Además, aseguró que las declaraciones oficiales “no ayudan” y, en esa línea, enumeró dos lecciones que un servidor público, en este caso el ministro de Defensa, tuvo que considerar antes de referirse al tema.
La primera lección que, según Mejía, debe tener un funcionario en un puesto de alto impacto es que si no sabe de un tema, ayuda más no hablando de ello; y la segunda, que “pregunte a sus asesores antes de hablar el público y si no tiene buenos asesores, busque urgente, y aprenda a escuchar”. Finalmente, con respecto a ese último punto, agregó que las Fuerzas Militares y la Policía cuentan con “sobresalientes oficiales y suboficiales expertos en derecho operacional, el DIH y en DIDH, es urgente que por favor antes de salir a hablar a nivel estratégico nacional escuche, entienda, comprenda, asimile”. (En contexto: De Guillermo Botero a Diego Molano: bombardeos a campamentos con menores)
Las @FuerzasMilCol y la @PoliciaColombia tienen sobresalientes oficiales y suboficiales expertos en derecho operacional, en DIH y en DIDH, es urgente que por favor antes de salir a hablar el nivel estratégico nacional escuche, entienda, comprenda, asimile.
— Jean C. Mejia A. (@jeanmejia3) March 10, 2021