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11 Sep 2021 - 12:06 a. m.

“Es significativo lo implementado”: Defensor del Pueblo sobre los Acuerdos de Paz

Desde Valencia, Córdoba, el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, resaltó los avances que ha tenido el Gobierno en la implementación de los Acuerdos de Paz. El órgano defensor adelantó seguimiento a lo pactado en materia de reforma rural integral y sustitución de uso ilícito.
Carlos Camargo
Carlos Camargo
Foto: El Espectador - Diego Cuevas

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, resaltó la labor del Gobierno para implementar el proceso de paz en zona rural. Un informe del órgano defensor, con corte al 30 de agosto, permitió visibilizar “avances significativos” que señalan la voluntad del Estado por cumplir. “Esto permite apreciar un esfuerzo en la planificación a largo plazo y la decisión de ampliar las garantías a los reincorporados, las cuales no estaban previstas en el Acuerdo Final”, agregó Camargo.

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Aunque el alto funcionario resaltó que durante la implementación se han presentado dificultades, las cuales, a su juicio, han sido atendidas para “enderezar” las políticas que desde el inicio del acuerdo supuestamente arrancaron con una indebida planeación, los avances han sido significativos. Frente a la velocidad con la que se ha venido trabajando en la implementación, el defensor destacó que se trata de un proceso de 15 años, en los cuales el ritmo de los últimos tres años ha sido mayor que el registrado en los primeros 20 meses.

“Es significativo lo implementado y, teniendo el marco temporal a 15 años, se espera que los compromisos en ese lapso vayan teniendo resultados conforme a la adecuada planeación que hoy se está efectuando”, dijo Camargo y añadió que en el informe de la entidad que preside se destaca el avance, durante 2021, en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET); la inversión hasta la fecha de $1,4 billones para cumplir a quienes se vincularon al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS); la implementación de proyectos productivos sostenibles en el marco de la reparación a las víctimas y la creación de programas alternativos.

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Además, la implementación de los planes regionales de desarrollo rural integral. Entre otras cosas, Camargo resaltó la participación de las comunidades en la implementación y seguimiento de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y manifestó que ese derecho a la participación debe continuar y ser reforzado. “Sobre el cierre de la frontera agrícola y la protección de zonas de reserva ambiental hacemos un llamado a la pronta expedición del Plan de Zonificación Ambiental, como insumo necesario para diseñar una estrategia integral, que ejecute políticas, planes, programas y reglamentos en atención a los compromisos en materia de cierre de la frontera agrícola y protección de las Zonas de Reserva Ambiental”, dijo el defensor.

Por último, Camargo manifestó que “el Plan Nacional Integral de Sustitución de Cultivos es el vehículo para lograr la solución integral al problema de los cultivos de uso ilícito y va más allá de la sola preocupación por la supresión de las plantaciones ilegales, debe aspirar a la transformación estructural de los territorios afectados por este flagelo y la población vulnerable debe tener protección constitucional”.

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Las declaraciones de Camargo se registraron un poco más de dos meses después desde que la Procuraduría radicó ante el Congreso el informe sobre la implementación de los acuerdos. En su documento, el Ministerio Público llamó la atención sobre los resultados de la Reforma Rural Integral; la participación política y las garantías de seguridad para los excombatientes. Sobre la Reforma Rural Integral el ente de control encontró que, de las más de un millón de hectáreas ingresadas al Fondo de Tierras, el 71% se concentran solo en 15 municipios del país, y las regiones más afectadas por el conflicto armado presentan la menor disponibilidad de tierra, por lo que, a su juicio, no se estaría garantizando la democratización del acceso a la tierra.

Para el órgano de control, si bien ya se cumplió con el proceso de formalización del 99.6% de las hectáreas de tierra previstas por entregar, tan solo el 0.4% han sido adjudicadas, por lo que la Procuraduría solicitó, en ese entonces, que se aclaren los procesos y fuentes para el cumplimiento de la meta de tres millones de hectáreas para adjudicar y siete millones para formalizar. Respecto de los PDET, si bien ya existen 7.282 iniciativas con ruta de implementación activada, de un total de 32.808, los PDET no cuentan con un sistema de información público que evidencie los avances de esa ruta, el estado actual de los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), sus resultados y los montos destinados desde todas las fuentes de financiación.

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El Ministerio Público también trajo a colación en su informe la participación política, en el que resaltó que el Sistema Integrado de Información para el Posconflicto (SIIPO) arrojó que se ha avanzado en el 32% de los compromisos, debido a la ausencia de reformas normativas como proyectos de ley para las garantías y promoción de la participación de organizaciones, movimientos, protesta social, entre otros. Además, entre otras cosas, reiteró la necesidad de una acción oportuna del Estado para fortalecer la seguridad en los territorios, teniendo en cuenta que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reportó que, desde 2016 hasta junio de este año, han sido víctimas de homicidio 500 líderes y defensores de derechos humanos, y según la Misión de Verificación de Naciones Unidas, a junio de 2021 se han registrado 278 homicidios contra personas en proceso de reincorporación.

En materia de reincorporación el ente de control resaltó avances en la compra de nueve predios para la consolidación de siete Antiguos Espacios Transitorios de Capacitación y Reincorporación (AETCR), no obstante, es objeto de preocupación para el Ministerio Público que estos no hayan sido titulados para proyectos de vivienda. “Los reincorporados tampoco cuentan con rutas de acceso a tierras que les permita realizar proyectos agrícolas o agropecuarios”, dice el documento e hizo un llamado a conformar el Sistema Nacional de Reincorporación, y a fortalecer los Consejos Territoriales y Mesas de Reincorporación como articuladores de actores y oferta.

En lo que concierne a la solución del problema de drogas ilícitas, la Procuraduría alertó que 3.600 familias fueron suspendidas y 10.248 excluidas del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), sin contar con un procedimiento que defina las causas de suspensión y retiro de los beneficiarios y una estrategia interinstitucional para la ejecución de los proyectos productivos.

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