“Es triste ver que extranjeros saben más que los colombianos sobre la realidad del país”

Entre 2016 y el primer semestre de 2017, un total de 101 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Esa es la cifra que reveló esta semana un informe publicado por el Cinep, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas, que se suma a otras investigaciones sobre el tema, como la de la Defensoría del Pueblo, que este año señaló que 156 líderes sociales habían sido asesinados en Colombia entre 2016 y marzo de 2017. Para la muestra un botón, el informe se lanzó el mismo día en que fue asesinado en Tumaco Jair Cortés, del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

Trabajos como el divulgado esta semana por las tres organizaciones dejan entrever la crisis que se está viviendo en la periferia rural del país en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Las impactantes cifras luchan contra la indiferencia de las ciudades, las cuales están muy lejos de entender lo que se vive en los rincones del país que pocos conocen. Y es que alrededor de la sangre derramada por los líderes sociales y defensores de derechos humanos existe un desconocimiento general sobre los responsables, exactamente del 57%, como afirma el informe.

Mientras los números de víctimas del conflicto armado descienden rápidamente, los que buscan defender los derechos humanos son asesinados o desaparecidos cada vez más. Camilo Bonilla, coordinador del informe habló con El Espectador y explicó cómo se desarrolló esta investigación: “Lo que hicimos nosotros fue llamar a las organizaciones y llamar a personerías. Se construyeron las listas, hicimos un ejercicio de comparar las listas y sacamos los nombres que teníamos en común”.

(Vea: Indígenas del Cauca y campesinos, principales víctimas del exterminio de líderes sociales)

Las cifras de muertos entre los diferentes informes suelen variar. Uno de los motivos para explicarlo puede estar en cómo se entiende el término "líder social" o "defensor de derechos humanos". Para aclarar esto, el coordinador dice: “Tomamos como definición el concepto amplio de Naciones Unidas sobre defensor de derechos humanos, el concepto de la CIDH y también ahora este año la Procuraduría sacó una directiva referente al tema. Es un ejercicio interesante porque también da luces sobre qué entiende el Estado de quien es un defensor de derechos humanos.”

El informe, dice Bonilla, busca luchar contra la impunidad, la cual acecha la implementación de los acuerdos de La Habana cada vez que un líder social muere. Justo esta semana se radicó un proyecto de ley que busca declarar el 19 de mayo -día en que los defensores Mario Calderón y Elsa Alvarado fueron asesinados- como Día Nacional de la Lucha Contra la Impunidad. Camilo Bonilla ve este tipo de iniciativas como “un comienzo de reparación simbólica y desestigmatizacion a la labor de líderes sociales y defensores de derechos humanos.” Sin embargo, aclaró que “la medida está bien, pero tienen que ir más allá y pronunciarse en medios abiertos, respaldando la labor de estas personas”.

Minimizar la distancia entre ciudad y campo es fundamental para entender la magnitud del fenómeno y comenzar a romper con los estigmas que puede generar. El coordinador del informe menciona dos puntos importantes para evitarlo. El primero es la necesidad de fortalecer los medios comunitarios y que estos, desde la periferia se sumen al discurso nacional. El segundo es incluir en el pensum escolar material histórico sobre el conflicto armado en Colombia. (Le puede interesar: BiblioDat, la biblioteca virtual para el análisis del conflicto y la construcción de paz)

Sobre este último punto, concluyó: “Los textos ya están producidos, inclúyanlos para que las futuras generaciones sepan qué fue lo que pasó y con base en eso yo creo que saber esto es un paso fundamental para que no se repita.  Es muy triste ver como personas que no son colombianas tienen más conocimiento de la realidad colombiana que la misma gente que vive acá en el país”.

Entre 2016 y el primer semestre de 2017, un total de 101 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados. Esa es la cifra que reveló esta semana un informe publicado por el Cinep, Indepaz y la Comisión Colombiana de Juristas, que se suma a otras investigaciones sobre el tema, como la de la Defensoría del Pueblo, que este año señaló que 156 líderes sociales habían sido asesinados en Colombia entre 2016 y marzo de 2017. Para la muestra un botón, el informe se lanzó el mismo día en que fue asesinado en Tumaco Jair Cortés, del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera.

Trabajos como el divulgado esta semana por las tres organizaciones dejan entrever la crisis que se está viviendo en la periferia rural del país en el marco de la implementación de los acuerdos de paz. Las impactantes cifras luchan contra la indiferencia de las ciudades, las cuales están muy lejos de entender lo que se vive en los rincones del país que pocos conocen. Y es que alrededor de la sangre derramada por los líderes sociales y defensores de derechos humanos existe un desconocimiento general sobre los responsables, exactamente del 57%, como afirma el informe.

Mientras los números de víctimas del conflicto armado descienden rápidamente, los que buscan defender los derechos humanos son asesinados o desaparecidos cada vez más. Camilo Bonilla, coordinador del informe habló con El Espectador y explicó cómo se desarrolló esta investigación: “Lo que hicimos nosotros fue llamar a las organizaciones y llamar a personerías. Se construyeron las listas, hicimos un ejercicio de comparar las listas y sacamos los nombres que teníamos en común”.

(Vea: Indígenas del Cauca y campesinos, principales víctimas del exterminio de líderes sociales)

Las cifras de muertos entre los diferentes informes suelen variar. Uno de los motivos para explicarlo puede estar en cómo se entiende el término "líder social" o "defensor de derechos humanos". Para aclarar esto, el coordinador dice: “Tomamos como definición el concepto amplio de Naciones Unidas sobre defensor de derechos humanos, el concepto de la CIDH y también ahora este año la Procuraduría sacó una directiva referente al tema. Es un ejercicio interesante porque también da luces sobre qué entiende el Estado de quien es un defensor de derechos humanos.”

El informe, dice Bonilla, busca luchar contra la impunidad, la cual acecha la implementación de los acuerdos de La Habana cada vez que un líder social muere. Justo esta semana se radicó un proyecto de ley que busca declarar el 19 de mayo -día en que los defensores Mario Calderón y Elsa Alvarado fueron asesinados- como Día Nacional de la Lucha Contra la Impunidad. Camilo Bonilla ve este tipo de iniciativas como “un comienzo de reparación simbólica y desestigmatizacion a la labor de líderes sociales y defensores de derechos humanos.” Sin embargo, aclaró que “la medida está bien, pero tienen que ir más allá y pronunciarse en medios abiertos, respaldando la labor de estas personas”.

Minimizar la distancia entre ciudad y campo es fundamental para entender la magnitud del fenómeno y comenzar a romper con los estigmas que puede generar. El coordinador del informe menciona dos puntos importantes para evitarlo. El primero es la necesidad de fortalecer los medios comunitarios y que estos, desde la periferia se sumen al discurso nacional. El segundo es incluir en el pensum escolar material histórico sobre el conflicto armado en Colombia. (Le puede interesar: BiblioDat, la biblioteca virtual para el análisis del conflicto y la construcción de paz)

Sobre este último punto, concluyó: “Los textos ya están producidos, inclúyanlos para que las futuras generaciones sepan qué fue lo que pasó y con base en eso yo creo que saber esto es un paso fundamental para que no se repita.  Es muy triste ver como personas que no son colombianas tienen más conocimiento de la realidad colombiana que la misma gente que vive acá en el país”.