La defensa del presidente Gustavo Petro anunció este jueves una denunciada ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia contra la representante Gloria Arizabaleta. La decisión se da tras la orden de suspensión presentada por la funcionaria, en el marco de la investigación que enfrenta el mandatario por una presunta participación indebida en política.
De acuerdo con el abogado Alejadro Carranza, las actuaciones de Arizabaleta resultan “inexplicables para la presidente de una Comisión de Acusaciones” y señaló que el auto es “un golpe de Estado, porque ordena la suspensión del presidente, le da órdenes al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), diciéndole que tiene que desvincularlo. Además dice que es un auto de impulso y que no procede ningún recurso contra él. Eso lo denominó jurídicamente como una vía de hecho, pero políticamente creemos que es un intento de golpe de Estado”.
La controversia surgió luego de que Arizabaleta promoviera una iniciativa para suspender provisionalmente al presidente Petro por una presunta participación en política, el pasado 10 de junio. La propuesta generó un amplio debate jurídico y político, pues distintos sectores cuestionaron su viabilidad constitucional.
El documento presentado por la congresista fue interpretado como una orden directa de suspensión provisional. No obstante, horas después Arizabaleta radicó una modificación en la que reconoció que la propuesta debía ser estudiada y avalada previamente por la Comisión de Acusaciones, la plenaria de la Cámara y, finalmente, el Senado.
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El abogado Carranza señaló que desde ayer “se formuló una aclaración por parte de la defensa del presidente de la República, y una nulidad de lo que ella (Arizabaleta) supuestamente ordenó”. En esa línea, aseguró que “hay intereses oscuros” tras las actuaciones de la representante: “Razones por las cuales el presidente, antes de sus palabras desde la ONU, me dio la instrucción precisa de formular denuncia ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema en su contra”.
Desde Nueva York (Estados Unidos), el presidente Gustavo Petro afirmó que la representante habría realizado varias solicitudes a miembros de su gabinete que calificó como “extorsiones”. En ese sentido, pidió a los ministros involucrados rendir declaración ante el alto tribunal sobre esos hechos.
Por su parte, el abogado Carranza afirmó que la congresista habría intentado gestionar reuniones con funcionarios del Gobierno a través suyo. “Aquí hay una un patrón de comportamiento que hay que poner públicamente. Varias veces intentó contactar funcionarios a través de mí. Ante mi negativa insistió. Le dije que era abogado, no conductor para servir de vehículo a sus pedidos”, expresó.
El defensor respondió a El Espectador que los siguientes pasos en la investigación serán anunciados por la Corte Suprema y, frente a la posible responsabilidad de Arizabaleta por el presunto delito de prevaricato, declaró que: “la doctora es conocedora de la responsabilidad de lo que hacía. Ella inclusive estaba tratando de ser parte de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Además, estaba enfrentando algo porque el hermano de ella fue electo y seguramente tienen deudas de ahí”.
Carranza también sostuvo que varias de las actuaciones impulsadas durante los últimos días, entre ellas la propuesta para llamar a indagatoria al mandatario y la solicitud de suspensión, harían parte de una estrategia para ejercer presión sobre el Gobierno y afectar la aspiración presidencial de Iván Cepeda.
La representante Arizabaleta, elegida por el Pacto Histórico, sustentó su iniciativa en las presuntas intervenciones del presidente en asuntos políticos. Asimismo, la Comisión de Acusaciones acumula múltiples investigaciones relacionadas con Petro que aún no registran avances significativos, incluidas algunas asociadas a la financiación de la campaña presidencial de 2022 y a los presuntos excesos en los topes electorales.
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