Estado reclama a Pretelt la devolución de una isla declarada predio baldío

Sumado a las denuncias por haber recibido supuestamente $500 millones a cambio de favorecer una tutela de Fidupetrol e investigaciones por la adquisición de predios relacionados con el despojo de tierras, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt enfrenta un litigio en el que el Estado le reclama la devolución de predios declarados baldíos de la Nación.

Así lo dio a conocer Noticias Uno, al revelar que, en momentos en los que Pretelt prepara una ponencia en la Corte sobre una demanda contra la Ley de Tierras, enfrenta un litigio desde 2008 –que sigue sin resolverse– respecto a la ocupación ilegal de una isla en el parque archipiélago de San Bernardo, la cual le sirve para pasar vacaciones y organizar reuniones.

Se trata del terreno Las Gaviotas, ubicado a 50 kilómetros de Cartagena: “la clarificación la hicieron y saben que esa isla está en un terreno baldío y ese terreno es del Estado”, aseguró a Noticias Uno Carlos Carmona, subgerente de tierras del Incoder.

Según registra el medio de comunicación, en febrero de 2008 el Ministerio de Agricultura, a través de la Unidad de Tierras Rurales, ordenó recuperar la isla, cuando Pretelt no era magistrado pero sí aspiraba a fiscal: “con una resolución de 2008, comienza la recuperación de ese baldío”, agrega Carmona.

A través de una carta enviada a Pretelt, se le notifica de la determinación de iniciar las diligencias para recuperar la isla y se le da la oportunidad de asistir al Incoder en Cartagena o Bogotá para rendir descargos; sin embargo –sostiene Noticias Uno– el ahora magistrado no apareció ni se dejó notificar.

Ante ello, fue necesario que el Estado nombrara un curador ‘ad litem’ para llevar el proceso: “es como un defensor de oficio, un abogado que va, se notifica y responde”, explica el subgerente de tierras del Incoder. No obstante, a la abogada que asumió el caso –María Eugenia Rodríguez– nunca le pagaron por su labor, por lo que no siguió con el proceso.

Adicionalmente, sobre la isla hay otro proceso que emprendió en 2008 el Ministerio de Ambiente, que le formuló cargos por la violación a la normatividad ambiental, “por la construcción de una especie de barreras de protección contra olas”, indicó Luz Elvira Angarita, directora Caribe Parques Nacionales.

A raíz de los hechos, el magistrado de la Corte Constitucional –quien continúa en posesión del predio– fue sancionado con una multa superior a los cuatro millones de pesos.

En marzo pasado, El Espectador conoció que, a raíz de las dudas que han surgido sobre las propiedades de Pretelt Chaljub, en la subdirección de tierras del Incoder se pusieron en la tarea de revisar con lupa los folios de los predios que figuran a su nombre y encontraron que uno de 155 hectáreas y otro de 68 hectáreas inicialmente fueron baldíos. (Lea: Pretelt y el nuevo frente de batalla: baldíos)

Los terrenos, según muestran los registros de instrumentos públicos, están en el municipio Los Córdobas, ubicado a 57 kilómetros de Montería y cuya economía, indica la página web de la Alcaldía, se basa en la agricultura y la ganadería.

En esa región, de acuerdo con las normas, las UAF pueden ser de 17 a 23 hectáreas. Partiendo de que Pretelt se habría adueñado de 223 hectáreas que tenían origen baldío, el Incoder estima que el integrante de la Corte Constitucional habría acumulado nueve unidades agrícolas familiares cuando el límite es una.

Según explicaron fuentes del Incoder, Pretelt Chaljub en realidad tiene un predio de 255 hectáreas y 8.612 metros cuadrados (allí cabrían unas 309 canchas de fútbol ajustadas a las medidas máximas de la Fifa) en el que se englobaron tres terrenos, dos de los cuales alguna vez fueron baldíos. El primero, de 155 hectáreas, fue adjudicado por la Gobernación de Córdoba en 1965. El segundo, de 68 hectáreas, fue adjudicado por el Incora (ambos suman 223 hectáreas). El tercero, de 32 hectáreas, es un lote de tradición privada que no presenta objeciones. 

Sumado a las denuncias por haber recibido supuestamente $500 millones a cambio de favorecer una tutela de Fidupetrol e investigaciones por la adquisición de predios relacionados con el despojo de tierras, el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt enfrenta un litigio en el que el Estado le reclama la devolución de predios declarados baldíos de la Nación.

Así lo dio a conocer Noticias Uno, al revelar que, en momentos en los que Pretelt prepara una ponencia en la Corte sobre una demanda contra la Ley de Tierras, enfrenta un litigio desde 2008 –que sigue sin resolverse– respecto a la ocupación ilegal de una isla en el parque archipiélago de San Bernardo, la cual le sirve para pasar vacaciones y organizar reuniones.

Se trata del terreno Las Gaviotas, ubicado a 50 kilómetros de Cartagena: “la clarificación la hicieron y saben que esa isla está en un terreno baldío y ese terreno es del Estado”, aseguró a Noticias Uno Carlos Carmona, subgerente de tierras del Incoder.

Según registra el medio de comunicación, en febrero de 2008 el Ministerio de Agricultura, a través de la Unidad de Tierras Rurales, ordenó recuperar la isla, cuando Pretelt no era magistrado pero sí aspiraba a fiscal: “con una resolución de 2008, comienza la recuperación de ese baldío”, agrega Carmona.

A través de una carta enviada a Pretelt, se le notifica de la determinación de iniciar las diligencias para recuperar la isla y se le da la oportunidad de asistir al Incoder en Cartagena o Bogotá para rendir descargos; sin embargo –sostiene Noticias Uno– el ahora magistrado no apareció ni se dejó notificar.

Ante ello, fue necesario que el Estado nombrara un curador ‘ad litem’ para llevar el proceso: “es como un defensor de oficio, un abogado que va, se notifica y responde”, explica el subgerente de tierras del Incoder. No obstante, a la abogada que asumió el caso –María Eugenia Rodríguez– nunca le pagaron por su labor, por lo que no siguió con el proceso.

Adicionalmente, sobre la isla hay otro proceso que emprendió en 2008 el Ministerio de Ambiente, que le formuló cargos por la violación a la normatividad ambiental, “por la construcción de una especie de barreras de protección contra olas”, indicó Luz Elvira Angarita, directora Caribe Parques Nacionales.

A raíz de los hechos, el magistrado de la Corte Constitucional –quien continúa en posesión del predio– fue sancionado con una multa superior a los cuatro millones de pesos.

En marzo pasado, El Espectador conoció que, a raíz de las dudas que han surgido sobre las propiedades de Pretelt Chaljub, en la subdirección de tierras del Incoder se pusieron en la tarea de revisar con lupa los folios de los predios que figuran a su nombre y encontraron que uno de 155 hectáreas y otro de 68 hectáreas inicialmente fueron baldíos. (Lea: Pretelt y el nuevo frente de batalla: baldíos)

Los terrenos, según muestran los registros de instrumentos públicos, están en el municipio Los Córdobas, ubicado a 57 kilómetros de Montería y cuya economía, indica la página web de la Alcaldía, se basa en la agricultura y la ganadería.

En esa región, de acuerdo con las normas, las UAF pueden ser de 17 a 23 hectáreas. Partiendo de que Pretelt se habría adueñado de 223 hectáreas que tenían origen baldío, el Incoder estima que el integrante de la Corte Constitucional habría acumulado nueve unidades agrícolas familiares cuando el límite es una.

Según explicaron fuentes del Incoder, Pretelt Chaljub en realidad tiene un predio de 255 hectáreas y 8.612 metros cuadrados (allí cabrían unas 309 canchas de fútbol ajustadas a las medidas máximas de la Fifa) en el que se englobaron tres terrenos, dos de los cuales alguna vez fueron baldíos. El primero, de 155 hectáreas, fue adjudicado por la Gobernación de Córdoba en 1965. El segundo, de 68 hectáreas, fue adjudicado por el Incora (ambos suman 223 hectáreas). El tercero, de 32 hectáreas, es un lote de tradición privada que no presenta objeciones.