En el ojo de los entes de control está la financiación de las sanciones propias que este mes empezará a emitir la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Luego de que la semana pasada se conociera que el Gobierno Nacional desembolsó los primeros $20.000 millones para el cumplimiento de las sentencias restaurativas, desde distintos sectores se empezó a alertar que, en medio de la crisis fiscal, esos recursos no serían suficientes.
Fue la Contraloría General de la República el primer ente de control que levantó una bandera de alerta tras ese primer desembolso de recursos a la JEP. El 28 de agosto, dos días después de anunciarse el reembolso de los primeros $20.000 millones, el ente de control emitió un pronunciamiento diciendo que, en realidad, son $500.000 millones los que el Estado necesita para el cumplimiento de las sentencias de la JEP y la reparación de las víctimas.
En su pronunciamiento, la entidad señaló que no es claro si en el presupuesto de 2026 ya se puso a consideración cuánto dinero necesita la justicia transicional para garantizar el cumplimiento de las sentencias, en principio, de dos expedientes: el que investiga los secuestros cometidos por exintegrantes de las antiguas Farc y el que busca esclarecer los casos de falsos positivos cometidos en el Batallón La Popa, de Valledupar (Cesar).
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“La Contraloría observa que presupuestalmente no se encuentran los recursos para los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador-Reparador (de donde saldrán las sanciones restaurativas) y no se vislumbra la financiación ni la sostenibilidad a mediano y largo plazo de las mismas. Así mismo, no se tiene certeza de la financiación de los proyectos que las entidades tienen definidos para la implementación y ejecución de las sanciones propias”, dijo la entidad.
A esas alertas se suma la preocupación compartida de la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) y la propia JEP, pues no es claro cómo el próximo año, cuando se hayan ejecutado los $20.000 millones que ya desembolsó el Gobierno Nacional y se empiecen a conocer nuevas sentencias, se financiará la aplicación de las sanciones y proyectos que defina la instancia especial.
En diálogo con El Espectador, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, hizo eco de esa incertidumbre financiera que hay de cara a 2026, como lo viene haciendo desde hace varios meses. Dijo, además, que la justicia transicional ha hecho gestiones propias para que, por vías extras a la del Gobierno Nacional, las víctimas acreditadas y los comparecientes sancionados vean cumplidas las sanciones propias en las que ese tribunal está trabajando desde hace ya más de siete años.
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El magistrado Ramelli empezó explicando, como ya lo había hecho también Tania Rodríguez, directora programática de la ARN, que la razón por la que el Gobierno Nacional solo consignó $20.000 millones para el cumplimiento de las sentencias en 2025 es que, por la premura del tiempo, ese es el aproximado de recursos que se alcanzarían a ejecutar en lo que queda de este año. A ese acuerdo llegaron en una reunión con funcionarios del Ministerio de Hacienda.
Desde la JEP señalaron que, luego de esa reunión de la Instancia de Articulación, el tribunal ha tenido comunicación con el Ministerio de Hacienda. Esa cartera sí les ha informado de nuevos avances en la proyección de recursos específicos, que se asignarán mediante el Fondo Colombia en Paz —que administra, coordina y ejecuta los dineros destinados al cumplimiento del Acuerdo de 2016—; pero han hecho un llamado para que se prioricen los recursos relacionados con las sentencias.
“Pese a la Circular Externa 012 de 2025, en la que el Ministerio de Hacienda les recomendó a las entidades del Gobierno que en su presupuesto se atendieran los gastos priorizados para el cumplimiento de las sentencias, el actual proyecto de presupuesto no prevé esos rubros”, dijo el magistrado Ramelli.
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Agregó: “Esto es muy preocupante, confiamos en que las entidades corregirán este vacío, pues sin esos montos a futuro para la ejecución de las sanciones será muy difícil la materialización de las sentencias con las que se busca la garantía de los derechos de las víctimas”. Señaló que la incertidumbre de que los recursos no estén asegurados para el futuro es grave en un momento clave para la JEP e histórico para el país, pues es la primera vez que se emitirán y ejecutarán sentencias de tipo restaurativo.
“La falta de financiación sí puede arriesgar el cumplimiento de las sanciones. Lo que resulta preocupante en torno al tema de la financiación es que se requieren recursos para el cumplimiento de sanciones que tomarán entre cinco y ocho años, y estos no se han previsto aún”, señaló el togado. No obstante, Ramelli y su equipo están buscando caminos alternos para que, en caso de que los recursos para la paz se queden varados en las discusiones del Ejecutivo, no se estanque el cumplimiento de las sentencias.
“Estamos buscando alternativas. Justamente al ver cuán difícil ha sido lograr la financiación gubernamental, la JEP ha entablado conversaciones con cooperación internacional y con el sector privado nacional e internacional”, dijo Ramelli. Destacó que, hasta ahora, el apoyo de la cooperación internacional ha sido muy importante y “será vital” a la hora de cumplirle a víctimas y comparecientes con la ejecución de las sanaciones propias.
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“Los empresarios han entendido que los proyectos restaurativos son una oportunidad para construir país y se quieren sumar a este esfuerzo”, agregó el magistrado sobre el resultado de las conversaciones con el sector privado, en pro del mismo objetivo. Pero agregó que le seguirán insistiendo al Ejecutivo para que cumpla sus compromisos con la paz: “Haremos todo lo que esté en nuestras manos para que el gobierno cumpla con su obligación de financiar los proyectos restaurativos”.
Finalmente, se refirió a otro reto que han tenido los proyectos de sentencias restaurativas y que no es menos importante que el asunto de los recursos: el nivel de satisfacción de las víctimas. Durante las audiencias de verificación de los dos casos que serán resueltos a mediados de este mes, una parte importante de las víctimas acreditadas expresaron que no se sienten completamente reparadas por los proyectos que adoptará la JEP en sus sanciones.
Ante esa crítica, el magistrado Ramelli dijo que, dado el tamaño del universo de víctimas que ha dejado la guerra en Colombia, es muy difícil que se logren altos niveles de satisfacción con la reparación en cada caso particular. “Entendemos y respetamos las opiniones de las víctimas; hacemos lo posible por tramitar sus peticiones. Sin embargo, en un escenario tan complejo, con miles de víctimas muy diversas entre sí, es imposible lograr el consenso”, concluyó.
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