Estamos en diálogo con justicia indígena por sanciones propias: magistrado de JEP

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 12 exintegrantes de la guerrilla de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad, luego de hallar que fueron responsables de al menos 14 crímenes enmarcados en 5.000 hechos violentos en el norte del Cauca y el su Valle del Cauca. Esta es la segunda imputación regional en el macrocaso 05, que investiga la situación territorial de ambos departamentos durante el conflicto. Raúl Sánchez Sánchez es magistrado de la JEP y relator de ese caso, quien, en diálogo con este diario, dio algunas puntadas sobre lo que fue el proceso interno para llegar a la imputación y contó si vienen nuevas decisiones judiciales tras las pesquisas en la materia que su despacho indaga.

¿Cómo fue el proceso que adelantó la Jurisdicción para llegar a la imputación de 12 exmiembros de las Farc por crímenes de guerra y lesa humanidad en Cauca y Valle del Cauca?

Empezamos a revisar los informes presentados por organizaciones de víctimas y observamos que hubo una altísima afectación por la guerra en el norte del Cauca y el sur del Valle. Aunque haya una división política y administrativa de dos departamentos, al final estamos hablando de una misma región, porque comparten aspectos geográficos, culturales, cosmogonía, la presencia de pueblos indígenas y comunidades afro. Eso nos llevó a que estableciéramos, por ejemplo, que el 33 % de los delitos y hechos violentos ocurridos durante el conflicto armado en el Cauca se realizaran en el norte del departamento. Con base en estos informes de las víctimas abrimos el macrocaso 05, que prioriza una situación territorial.

Una de las grandes ventajas de los casos territoriales es que no estamos hablando de víctimas individuales, una a una, como en otros casos, que son importantes, ni más faltaba, pero por ser regiones que han sufrido esta violencia se acerca a un mayor número de víctimas e, insisto, porque hay presencia de pueblos étnicos y raciales. Así, llegamos a tener casi 200.000 víctimas acreditadas, entre organizaciones, grupos, colectivos y víctimas individuales. Luego de esto, ubicamos unos 150 comparecientes de las extintas Farc, de todos los niveles: mandos altos y medios, que son los máximos responsables en una región; colaboradores, milicianos y guerrilleros rasos, y lo llamamos para que nos aportaran verdad y entregaran elementos para contrastar los informes presentados por las víctimas, más la información que nosotros teníamos de la justicia ordinaria.

Sobre esta investigación, ¿qué tanto había adelantado la Fiscalía?

Con esa información acudimos a los expedientes de la Fiscalía, de la justicia ordinaria. Fuimos e hicimos el trabajo de desarchivo de muchas investigaciones y uno observa que en la justicia ordinaria el avance era limitado. Con todo esto es que llamamos a versión voluntaria a más de 50 comparecientes de las Farc e hicimos el contraste. Teníamos una información clave, las víctimas participaron activamente en estas versiones voluntarias y, a partir de ahí, los exfarc aportaron mucha verdad. Algunos, incluso, hicieron reconocimientos tempranos de responsabilidad, otros hicieron aportes tempranos de reparación y, de esa forma, es que llegamos a este segundo auto de imputación, que tiene varias características. Primero, que con esto recogemos todas las estructuras de las extintas Farc en ese territorio; segundo, ya tenemos en ese segundo auto a las estructuras faltantes; y tercero, tenemos ya a un alto miembro del Secretariado que, por su rol y su condición de comandante del Bloque Occidental, también es llamado a imputación.

En ese orden ideas, hacemos esta imputación de 12 comparecientes, frente a nueve patrones macrocriminales, y de esta manera imputamos crímenes de guerra y de lesa humanidad. Ahora el paso a seguir es hacer las notificaciones respectivas, las notificaciones con pertinencia étnica, especialmente porque acá tenemos un trabajo absolutamente articulado, desarrollado y trabajado de la mano con los pueblos indígenas y las comunidades afro. Entonces tenemos que explicar en qué consiste este auto, socializarlo con ellos, que ellos a su vez se reúnan con sus autoridades tradicionales y étnicas, y de esta manera haya una comprensión clave de esta macroimputación.

¿Los comparecientes ya reconocieron su responsabilidad por escrito, previo a la audiencia pública de reconocimiento?

No, se han hecho reconocimientos tempranos en las diligencias de versión voluntaria. Pero no hay un reconocimiento formal o por escrito frente a las imputaciones. Cuando hablo de un reconocimiento es porque ellos dicen que sí reclutaron menores de edad o sembraron minas antipersonales, por ejemplo. Todo esto se hace dentro de un contexto de macroinvestigación donde le decimos a los comparecientes que sus acciones generaron afectaciones.

¿Podría dar un ejemplo?

Por ejemplo, si se siembra una mina antipersonal se está generando confinamiento, desplazamiento, afectaciones a la naturaleza y una serie de circunstancias que eso es lo que toca entrar a explicarle a los comparecientes.

¿Es un riesgo que los comparecientes reconozcan en versión voluntaria pero se arrepientan durante la audiencia de reconocimiento?

No, porque ya la audiencia pública de reconocimiento parte justamente de ese supuesto. La audiencia se hace con quienes reconocieron su responsabilidad previamente. Entonces, hablar de que en la audiencia pública rechacen algo que ya aceptaron, aunque podría pasar, lo veo un poco complejo.

¿Se conoce alguna reacción de las víctimas ante esta decisión?

Sí, nosotros hemos venido hablando con las víctimas desde el día uno en que abrimos el macrocaso. Este auto se hace gracias también a ellas, porque, en primer lugar, aportaron los informes. Segundo, porque han participado activamente en todas las diligencias judiciales. Tercero, hicimos cuatro diligencias con la jurisdicción especial indígena, una diligencia con la justicia afro en Colombia, algo que nunca antes se había visto en ningún caso en el país, ni siquiera en la JEP. En cuarto lugar, todo esto ha sido fruto de las observaciones, sugerencias, memoriales y complementos que realizaban las víctimas. Al final, es un trabajo que es gracias a las víctimas y que se compadece con el dolor que ellos han venido sufriendo.

¿Qué han mencionado las víctimas cuando se habla de que las sanciones contra estos 12 comparecientes pueden ser bajo el modelo restaurativo?

Aquí todo se ha venido trabajando de las manos con las víctimas. Yo entiendo el rol de las víctimas, ellas siempre querrán más y están en su derecho. Siempre querrán más verdad, más reparación, eso es indudable, pero nosotros hemos trabajado permanentemente con las víctimas y no hubiéramos llegado hasta acá sin el apoyo de ellas.

En el caso de la justicia especial indígena, por ejemplo, ellos tienen sus mecanismos de sanción propia. ¿Los comparecientes también podrán recibir una sanción desde esa orilla? ¿Eso se ha tenido en cuenta en esta discusión?

Sí, eso es muy interesante. Primero, porque este auto recoge las sugerencias planteadas por los pueblos indígenas, de que acudiéramos al derecho propio. Nosotros como jueces acudimos al Derecho Internacional Humanitario, al Código Penal, a la Constitución, lo cual hay que hacerlo porque estamos sujetos a esa clase normativa. Pero también estamos en ese diálogo abierto que tenemos con la justicia especial indígena. Nosotros tenemos la misión constitucional y legal de imponer las sanciones que nos competen, pero los pueblos indígenas, las autoridades, los cabildos, seguramente también están en un proceso muy exhaustivo de acogimiento de estas personas, de rendición de cuentas y de hacer cumplir las sanciones que también les correspondan a ellos. No se nos olvide que muchos de estos comparecientes que versionamos fueron miembros de los pueblos indígenas. Esto, tristemente, se da porque fueron reclutados y obligados a pertenecer a las filas.

¿Viene alguna otra imputación en el macrocaso 05?

Sí, tenemos ya una agenda de imputaciones. En este auto ya hicimos un balance de las afectaciones que en materia de violencia sexual se llevaron a cabo y estamos pendientes de sacar un auto exclusivamente sobre ese tema dentro del macrocaso 05 contra miembros de las extintas Farc. En segundo lugar, también vendrán, por el principio de simetría que nos obliga a nosotros investigar tanto a miembros de Fuerza Pública como a miembros Farc, un auto que recoja las graves violaciones a los derechos humanos y al DIH por parte de los primeros.

¿En esa imputación, que incluye casos de violencia sexual, van a llamar a algún miembro del Secretariado?

Estamos trabajando en eso. No le doy detalles por varias razones. Primero, porque el auto no está definido. Segundo, porque está sujeto a revisión al interior del despacho. Tercero, porque tengo que presentar el proyecto ante la Sala de Reconocimiento. Ahí pueden salir mil cambios, sugerencias, contrapropuestas, críticas. Simplemente le digo en qué vamos y hacia dónde vamos, pero no voy más allá porque eso tiene un largo trámite.

Y respecto a la Fuerza Pública, ¿hay algún indicio?

Sí, ya tenemos bastantes. Pero, como le digo, queremos ser muy cautos con eso porque ya tenemos identificadas las estructuras del Ejército que hicieron actos violatorios a derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. Ya hemos hecho actos de reparación temprana con la entrega de unas medallas en el macrocaso 05.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.