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“Es sorpréndete y no tenemos antecedentes de algo así. Además de lamentar lo sucedido, estamos aquí para buscar soluciones”. Con estas frases, el relator para la Defensa de los Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, admitió la situación inexplicable que se dio al interior del organismo en 2001, respecto al trámite del proceso que se adelantaba para evaluar la responsabilidad del Estado en el caso Guillermo Cano Isaza.
Como ha sido informado por este diario, a pesar de que en febrero de 2001, la CIDH concluyó que el Estado colombiano había incumplido su obligación de garantizar el derecho a la vida de Guillermo Cano y que tampoco había atendido su deber de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, y brindar protección a la víctimas y a sus familiares, el trámite del caso se detuvo. La última actuación fue una respuesta dada por la cancillería en julio del mismo año en la que insistía que el caso no debía ser admitido.
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Hoy, a instancias de la CIDH, se realizó una reunión de alto nivel para evaluar el tema. La reunión fue presidida por el comisionado Eguiguren, quien calificó de lamentable e incómodo lo sucedido, pero se mostró dispuesto a encontrar soluciones. Enseguida intervino en relator para la Libertad de Expresión, Edinson Lanza, quien manifestó estar comprometido “en recuperar la verdad de lo que sucedido, y reemprender un camino para reparación debida del caso”. Tras la intervención de los dos dignatarios, participaron dos integrantes de la familia Cano.
Inicialmente, la señora Ana María Busquets, viuda de Guillermo Cano, quien hizo énfasis en la necesidad de que la sociedad colombiana y los medios de comunicación resalten lo que significó para el país la lucha del director de El Espectador sacrificado en 1986. También intervino su nieta, María José Medellín, quien insistió en la necesidad de que haya justicia, recalcando los múltiples errores en los que se incurrió en el poder judicial hasta llegar a los niveles de impunidad a los que quedó sometido el caso.
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En representación de la Sociedad Interamericana de Prensa participó Ricardo Trotti, quien explicó que la SIP ha presentado más de 20 casos ante la CIDH, y nunca había sucedido algo como lo que aconteció con el expediente Guillermo Cano. Además, agregó que lo último que supieron del caso fue el planteamiento de una solución amistosa, opción que se declinó. A partir de ese año, en más de cinco ocasiones, la SIP intentó saber que estaba sucediendo con este caso, pero soplo obtuvieron respuesta hasta abril de 2018.
En la sesión a nombre del gobierno intervino Francisco Barbosa, consejo presidencial para los Derechos Humanos, quien admitió que el asesinato de Guillermo Cano marcó una historia nefasta de violencia contra los periodistas en Colombia. El delegado Barbosa recalcó que el gobierno de Iván Duque está comprometido con seguir las recomendaciones formuladas por la CIDH y estará atento al caso. El enviado de la Fiscalía se limitó a recordar que por el hecho fueron condenados, un autor material y un cómplice.
Foto: Cortesía / Angelita Baeyens, Ricardo Trotti, Ana María Busquets de Cano, Paula Cano y en manos está Elisa Hurtado-Cano, María José Cano y Pedro Vaca.
En la sesión intervinieron también la abogada Angela Baeyens y el abogado Pedro Vaca. La primera recalcó en detalle los errores que se cometieron en el caso, y solicitó formalmente que el trámite del proceso se retrotraiga a 2001. A su vez el director ejecutivo de la FLIP le pidió a la CIDH un reconocimiento claro de los errores en el caso. Cuando concluyó la intervención de la familia Cano y de los abogados de la FLIP, el comisionado Eguiguren pidió disculpas por lo sucedido, y el representante del gobierno manifestó que su compromiso con el caso será indeclinable.
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El grupo de la familia Cano, la FLIP, la Sociedad Interamericana de Prensa y el Centro Robert F. Kennedy Human Rights valoró el reconocimiento que la CIDH hizo sobre los errores que se cometieron en el trámite, respecto a las víctimas y sus representantes, e insistió en su solicitud de recobrar la investigación a partir del momento en que se cometieron esos yerros. De igual manera, resaltó que de la información aportada por el Estado queda claro que la investigación por el caso Guillermo Cano no tuvo avances significativos. No obstante, valoró la voluntad del Estado por cumplir las recomendaciones de la CIDH.