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En la noche del pasado miércoles 12 de febrero, agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía ingresaron al Hotel Courtyard, al occidente de Bogotá, donde se encontraban reunidos miembros del gobierno y de la autodenominada Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, disidencia de las extintas Farc que se separó, a su vez, de la Segunda Marquetalia, grupo dirigido por Iván Márquez. Allí se adelantaba el tercer ciclo de diálogos entre el Ejecutivo y el grupo armado, con la presencia de su líder: Geovanny Andrés Rojas, más conocido como Araña. Los agentes, en una sorpresiva entrada, lo capturaron.
Mucho se habló del tema, pues Araña tendría suspendidas las órdenes de captura en su contra por ser un miembro negociador de ese grupo. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que la “aprehensión” de Rojas no tuvo nada que ver con su pertenencia a la disidencia, sino que se adelantó debido a una circular roja de Interpol en su contra. Esa solicitud internacional tendría que ver con una presunta actividad delictiva ligada al narcotráfico entre el 11 de enero de 2017 y el 11 de febrero de 2025. Sumado a esto, Araña cuenta con varios expedientes por su extenso paso en el mundo criminal, y uno de ellos aterrizó en 2017 en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), de donde fue expulsado por autoincriminarse públicamente. Fue reseñado como “desertor armado manifiesto”.
El Espectador conoció la resolución de la Sala de Amnistía e Indulto de la jurisdicción especial, en donde se exponen los detalles que llevaron a la magistratura a determinar que el líder disidente incumplió de manera “extremadamente grave las condiciones constitucionales y legales otorgadas por el Sistema Integral de Paz para mantener y acceder a los distintos beneficios instituidos en virtud de la suscripción del Acuerdo de Paz”. La JEP identificó, en primer lugar, inconsistencias y contradicciones en sus versiones, que entregó desde 2017 cuando fue designado gestor de paz tras la firma de los acuerdos en La Habana. Eso afectó su credibilidad ante el tribunal, el cual también determinó que Araña no aportó información relevante que permitiera esclarecer crímenes o la responsabilidad de otros actores en el conflicto armado.
El punto clave del asunto tiene que ver con un reportaje realizado por Colombia +20 de El Espectador, en el cual Rojas habla sin tapujos sobre la relación entre los Comandos de la Frontera y la Segunda Marquetalia, antes de desligarse, todo luego de haberse comprometido con la justicia especial: “Nosotros somos de la Segunda Marquetalia. Es una alianza que hicimos en el año 2020. Somos dos organizaciones hermanas que nos identificamos en lo político, lo económico y lo social. No somos independientes porque estamos en coordinación con ellos en todo este tema, mantenemos comunicación fluida. En este momento somos una sola organización la Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera”, dijo en marzo de 2023.
Cuando se le preguntó a Araña si su organización esta dispuesta a aceptar un sometimiento a la justicia para entrar a la política de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, el líder disidente respondió con un rotundo no. “No estamos dispuestos a un sometimiento a la justicia. Tenemos derecho a una segunda oportunidad. Somos una organización político-militar. Nosotros al sometimiento no estamos dispuestos. Que nos den un reconocimiento político a los Comandos de la Frontera y a la Segunda Marquetalia. Necesitamos que nos traten como políticos que somos”, señaló. En ese momento, el grupo liderado Araña no se había separado del todo de la Segunda Marquetalia, hecho que sucedió en octubre del 2023.
En el reportaje publicado por este diario, el ahora capturado también entregó detalles sobre la conformación de los Comandos de la Frontera y precisó que, en su mayoría, estaba integrada por excombatientes de las Farc que, a pesar de haber firmado el Acuerdo de Paz en 2016, decidieron rearmarse y volver a la guerra. Todos estos elementos, según la JEP, fueron suficiente evidencia para demostrar que “el compareciente hizo una declaración pública, clara y rotunda de su participación en una disidencia armada con intereses político-militares. De esta manera, no dejó dudas de haber abandonado el proceso de paz, así como su reincorporación a la vida civil”.
Es decir, para la Sala de Amnistía e Indulto de la Jurisdicción, Rojas aceptó a través de esa entrevista que volvió a la lucha armada de manera pública y voluntaria, por lo que la JEP decidió apartarlo del sistema y negarle cualquier tipo de beneficio. Con esa decisión, la JEP envió copias a diferentes autoridades, como la Fiscalía General de la Nación, para que adelantaran, bajo sus competencias, las labores pertinentes. El ente investigador, entonces, ordenó su captura, pero luego fue cancelada una vez Araña se sentó a dialogar con el gobierno ya como líder de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. Ahora su situación está a la espera de ser resuelta tras su captura del pasado miércoles.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
