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El pasado 8 de abril, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció una nueva imputación por crímenes de guerra y lesa humanidad en el macrocaso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército. Se trata de 28 exuniformados adscritos a las Fuerzas Militares y que ejercieron sus labores, así como sus presuntos crímenes, en las costas del Caribe colombiano. De acuerdo con el órgano de justicia transicional, los retirados integrantes de las fuerzas armadas serían responsables de al menos 604 ejecuciones extrajudiciales en Atlántico, Magdalena, Bolívar, Cesar, La Guajira, Córdoba y Sucre entre 2002 y 2008. Entre las víctimas se identificaron 26 menores de edad y 14 mujeres, una de ellas en estado de embarazo.
Este es el segundo auto de la JEP respecto al subcaso de la Costa Caribe en lo que tiene que ver con ejecuciones extrajudiciales. Anteriormente se identificaron 135 casos de falsos positivos cometidos por el Batallón La Popa, en el departamento del Cesar. Esos hechos tienen actualmente respondiendo ante la justicia al excomandante de esa unidad militar, Publio Hernán Mejía, quien ha reiterado no haber ordenado ni conocido estas prácticas, pese a las pruebas en su contra. Las investigaciones de la JEP en este subcaso, que ya cumplen siete años, indican que al menos otras 18 unidades militares replicaron la experiencia criminal de La Popa. Es decir, instauraron una política de incentivos, presiones y encubrimientos con el fin de presentar bajas como resultados operacionales exitosos. En su mayoría, eran personas inocentes presentadas como guerrilleros caídos en enfrentamientos.
El Espectador conoció la guía de responsabilidad de cada uno de los militares imputados por la justicia especial y los hechos concretos por los que son señalados de haber orquestado esta sangrienta práctica. Este es el listado:
Hernán Giraldo Restrepo
Hernán Giraldo Restrepo se desempeñó como segundo comandante de la Segunda Brigada del Ejército entre el 29 de enero de 2003 y el 20 de diciembre de 2004, fue comandante de la Décima Brigada Blindada (Cesar) entre el 27 de diciembre de 2004 y el 10 de junio de 2006 y hasta llegó a ser segundo comandante del Ejército Nacional en 2014. De acuerdo con las investigaciones de la JEP, el mayor general retirado tuvo conocimiento de múltiples denuncias sobre falsas bajas en combate durante su comandancia en la Décima Brigada. Según la justicia transicional, Giraldo Restrepo implementó presiones y estímulos para que los comandantes de los batallones compitieran por quién presentaba el mayor número de bajas y cumplieran con un mínimo de reportes que le permitieran demostrar que su brigada era una de las más exitosas a nivel nacional.
De esta forma, dice la Jurisdicción, el exuniformado fijó en los folios de vida de cada uno de los comandantes subalternos una cantidad de bajas específicas que debían reportarle, las cuales debían ir en incremento conforme el paso de los años. De acuerdo con la magistratura, Giraldo Restrepo, pese haber conocido las alertas de ilegitimidad de los “resultados”, no adelantó investigaciones ni tomó ningún tipo de medida para frenar esta sangrienta práctica que hoy lo tiene respondiendo ante la justicia. “La Sala de Reconocimiento y Verdad determinó que durante su comandancia de la Décima Brigada, las unidades subalternas asesinaron y reportaron falsamente como bajas en combate a 121 personas”, explicó la JEP.
Fabricio Cabrera Ortiz
El brigadier general Fabricio Cabrera Ortiz se desempeñó como comandante de la Décima Brigada Blindada entre el 7 de junio de 2006 y el 28 de diciembre de 2007. Durante ese periodo, las unidades tácticas adscritas a esa brigada reportaron un total de 256 bajas en combate, de las cuales, según la JEP, al menos 176 serían ejecuciones extrajudiciales. Las pesquisas de la JEP determinaron que Cabrera Ortiz tenía pleno conocimiento de las alertas de que emitieron organizaciones internacionales —como el Comité Internacional de la Cruz Roja— y otras entidades nacionales como la Defensoría del Pueblo, acerca de ejecuciones extrajudiciales. La JEP, además, señaló que el exuniformado también conoció de primera mano las denuncias de los familiares de personas desaparecidas.
La extensa investigación determinó que Cabrera Ortiz no solo desestimó las denuncias, sino que también se abstuvo de abrir investigaciones disciplinarias y ejercer los controles debidos en relación con los nodos criminales que operaban en su jurisdicción. Pero el tema no para ahí. La Jurisdicción encontró que, durante su último año en la comandancia, el brigadier actualmente retirado adoptó dentro del Plan de Moral y Bienestar un esquema de incentivos que privilegiaba las bajas en combate y otorgaba premios a la tropa que más “resultados” presentara. Esto, dicen fuentes cercanas al proceso, “dio lugar a un escenario de competencia entre los soldados con miras a alcanzar, sin importar la forma en que se hiciera, el número de bajas demandado”.
Jorge Enrique Navarrete Jadeth
El mayor general Jorge Enrique Navarrete Jadeth comandó el Grupo de Caballería Mecanizado Coronel Juan José Rondón (La Guajira) entre el 8 de julio de 2004 hasta el 16 de junio de 2006, periodo en el que ostentaba el grado de teniente coronel. La JEP encontró que el exuniformado, uno de los de más alto rango en ser imputado por estos hechos, utilizó las comunicaciones radiales para promover entre sus hombres la necesidad de generar iguales o mayores muertes que las que reportaban otras unidades militares, como el Batallón La Popa. Así mismo, Navarrete Jadeth habría hecho llamados de atención a sus subalternos ante la falta de “resultados”. Durante su comandancia en el Grupo de Caballería Mecanizado Coronel Juan José Rondón se presentaron 24 ejecuciones extrajudiciales.
Raúl Antonio Rodríguez Arévalo
El mayor general retirado Raúl Antonio Rodríguez Arévalo ocupó varios cargos en distintas unidades tácticas y operativas, entre los cuales se resalta su paso por el Batallón La Popa desde el 8 de julio de 2005 hasta el 4 de diciembre de 2006, periodo en el cual ocupó el cargo de comandante de esa unidad militar. Rodríguez Arévalo, otro de los imputados de mayor rango, dice la JEP, se valió de desmovilizados para señalar víctimas que serían presentadas como falsas ilegítimas en combate; dictó órdenes encaminadas a que se dieran dichas ejecuciones; encubrió e ignoró denuncias de familiares de víctimas y ordenó realizar pagos de información a informantes inexistentes. El compareciente fue hallado responsable de 28 falsos positivos.
Adolfo León Hernández Martínez
Otro de los uniformados de mayor rango en ser imputado por la JEP es Adolfo León Hernández Martínez, quien se retiró el Ejército en 2019. Se desempeñó como comandante del Batallón La Popa entre el 15 de diciembre de 2007 hasta el 19 de junio de 2009. Además, pasó por la jefatura de Derechos Humanos y DIH del Comando del Ejército. Según la JEP, el brigadier retirado, cuyo rostro aparece en los murales y pancartas de “¿Quién dio la orden?”, en los que se hace alusión a los militares que orquestaron los falsos positivos, realizó actos de encubrimiento con base en su conocimiento de la unidad. De acuerdo con la magistratura, a través de ocultamientos, Hernández Martínez permitió la comisión de por lo menos 24 falsos positivos durante su comandancia en La Popa.
Julio César Parga Rivas
El mayor Julio César Parga Rivas, entre el 20 de enero y el 3 de noviembre de 2006, fue comandante de la Fuerza de Reacción Divisionaria (Fured). Posteriormente, entre el 7 de enero y el 30 de noviembre de 2007, comandó el Gaula Córdoba. El exuniformado fue uno de los que más detalles entregó a la JEP, reconociendo haber diseñado un “sistema que tenía un orden”. De acuerdo con la Jurisdicción, “con los aprendizajes de la Fured, especialmente en materia de encubrimiento, consolidó una organización al interior del Gaula, en la que cada uno de sus integrantes ‘cumplía un rol determinante y particular’, coordinado por él y dirigido a asesinar personas para presentarlas como bajas en combate”. Bajo su comandancia en la Fured, la JEP identificó al menos 41 ejecuciones extrajudiciales y otras 100 mientras estuvo al mando del Gaula Córdoba.
Luis Fernando Borja Aristizábal
El teniente coronel Luis Fernando Borja Aristizábal cuenta con una trayectoria de 25 años en el Ejército. Fue comandante del Batallón de Infantería Sumapaz entre 2005 y 2006 y comandó la Fuerza de Tarea Conjunta Sucre entre 2007 y 2008. La JEP encontró que el exuniformado conocía de estas escabrosas prácticas antes de su llegada a la Fuerza de Tarea Conjunta, pues participó de estas junto al mayor retirado Julio César Parga Rivas durante su paso por el Batallón Rifles. “Borja Aristizábal instrumentalizó el dinero asignado a la unidad y las demás fuentes de financiación para el avance de la causa criminal; suscribió documentos espurios como las órdenes de operaciones y omitió conscientemente la adopción de sanciones y medidas para detener estos hechos en la unidad militar”, agregó la justicia especial. Bajo su comandancia se reportaron al menos 64 ejecuciones extrajudiciales.
William Hernán Peña Forero
El coronel William Hernán Peña Forero fue comandante de la Décimo Primera Brigada del Ejército desde el 22 de diciembre de 2006 hasta el 29 de noviembre de 2007. La JEP lo señala de desestimar denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales acudiendo al discurso de “guerra jurídica”. También, dice la justicia transicional, realizó actos de encubrimiento sobre otros hechos de falsos positivos cometidos por sus subalternos. Peña Forero, además, habría realizado conteos de los días que sus hombres llevaban sin combatir, exigía resultados operacionales de éxito y únicamente felicitaba la presentación de muertos en combate. Durante su comandancia, al menos 102 personas fueron asesinadas y presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Los otros imputados
La extensa lista también incluya los exuniformados Edgar Humberto León Terán, Juan Carlos Bustamante Rodríguez, César Oswaldo Morales Ramírez, Gustavo Ovidio Díaz Tamayo, Jorge Iván Monsalve Hernández, Alejandro Robayo Rodríguez, Rubén Briam Blanco Bonilla, Juan Guillermo Múnera Piedrahita, Orlando Arturo Céspedes Escalona, Luis Fernando Campuzano Vásquez, Luis Fernando Báez Angarita, Antonio Rozo Valbuena, Nelson Mauricio Molano Calderón, Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo, Diego Armando Junco Parra, Joaquín Alfonso Moreno Gómez, Germán Custodio Tovio Moreno, Claudio Verú Gómez, Orlando Enrique Castillo Royero y Pilides José Torres Monterroza.
Los nombres anteriormente mencionados son responsables de 523 ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe, según los resultados de las investigaciones de la JEP. Su responsabilidad estuvo orientada no solo a presionar y exigir bajas, sino también a engañar a personas vulnerables con ofertas de empleo para luego asesinarlas y presentarlas como bajas en enfrentamientos con grupos insurgentes. También fueron responsables, dice la justicia especial, de haber determinado a los reclutadores a conseguir perfiles específicos de personas que después se convertirían en falsos positivos. Algunos de ellos, como el teniente Juan Pablo Gutiérrez Jaramillo, son señalados de haber ejecutado a personas inocentes por mano propia.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Santiago Díaz Gamboa
