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El CTI de la Fiscalía capturó en Barranquilla y Medellín al representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque y al empresario Emilio Tapia, condenado hace unos años por el “carrusel de la contratación” en Bogotá. Otro de los capturados relacionados en el escándalo del contrato firmado con el Ministerio de las Tecnologías de la Información (MinTIC), fue el representante legal de Rave Seguros, Juan José Laverde. En El Espectador les explicamos quién es quién en este escándalo.
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El ingeniero Luis Fernando Duque, representante de la Unión Temporal Centros Poblados, fue uno de los tres primeros capturados por el escándalo de la firma del contrato por más de un billón de pesos con MinTIC para llevar conexión de internet a más de un millón de estudiantes en diferentes municipios del país. Duque, quien puso su firma en el polémico acuerdo, aseguró en una entrevista con este diario hace un par de semanas, que fue engañado y que ha sido víctimas de presiones políticas después de que estallara el escándalo.
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En la mencionada entrevista, el representante legal aseguró que, “la unión temporal Centros Poblados está conformada por cuatro empresas y de ellas, yo sólo conocía a una de esas cuatro. Mi llegada al proyecto y a la oportunidad que había en ese momento se da un par de días antes de entregar la oferta”. Así mismo, dijo Duque, que cuando el llegó al proyecto, “solo les faltaba el representante legal. Yo llego directo a presentar la oferta. Tenía la tranquilidad de que, si algo no estaba bien, pues la entidad lo iba a detectar, lo iba a devolver y lo íbamos a subsanar”.
Por su parte, el segundo capturado por este escándalo es el empresario Emilio Tapia, quien fue condenado por un hecho de corrupción en el pasado: el “Carrusel de la contratación” durante la alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá. A Tapia se le relacionó con el escándalo que involucra a Centros Poblados porque, supuestamente, manejaría los hilos de la empresa ICM Ingenieros, que hace parte de esa unión temporal y cuyo representante legal es otra persona, según explicó W Radio.
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Aún así, esta supuesta participación de Emilio Tapia en el escándalo no fue confirmada por Duque, ya que, en la entrevista que sostuvo a inicios de mes con El Espectador, manifestó que, “no soy yo quien tiene que ir a investigar y si así fuera, son las autoridades quienes tendrán que determinar si Emilio Tapia puede o no ser dueño de una empresa. No me corresponde a mí”. El empresario Tapia, conocido como el Zar de la contratación, había sido condenado en el pasado a siete años de prisión por su participación en el “carrusel de la contratación”, por los delitos de cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
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El último de los recientemente capturados fue Juan José Laverde, representante de la empresa Rave Seguros, empresa que fue señala por Centros Poblados de expedir una garantía bancaria en el marco del controvertido contrato con el MinTIC para la conexión internet y la operación de más de 7.000 escuelas rurales públicas durante 11,5 años. Según dijo Luis Fernando Duque, “Juan José Laverde fue quien hizo el contacto con la persona que finalmente terminó encontrando las garantías. Yo tengo mis chats con él y los correos con Rave y ellos fueron los que nos hicieron el puente con el avalista. Rave ya tenía un caso similar a este en el que también resultaron unos documentos falsos”.
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Voceros de Rave Seguros manifestaron a finales de agosto de este año que, “no ha ingresado un solo peso por conceptos diferentes a nuestro objeto social, que es la intermediación de pólizas de seguro. Así lo demuestran claramente los estados financieros de RAVE Agencia de Seguros Ltda que fueron entregados a la Superintendencia Financiera, entidad que vigila a la compañía, para corroborar que la única fuente de ingresos es el corretaje de seguros”.
La manifestación de la empresa aseguradora se dio después del señalamiento que les hizo Centros Poblados, ante esto, sostuvieron que, “sorprende que los representantes de la Unión Temporal Centros Poblados insistan en confundir a la opinión pública al mezclar el concepto de pólizas de seguro con garantías bancarias, cuando son cosas totalmente diferentes. Como compañía, hemos solicitado formalmente la rectificación de la información falsa o inexacta emitida por su abogado”.