La Fiscalía General de la Nación judicializó al exalcalde de Mistrató (Risaralda), Francisco Javier Medina Carvajal; al exsecretario de Planeación municipal, Óscar Darío Franco Giraldo; y al particular César Augusto Ortega Ramírez, por su presunta participación en irregularidades dentro de un contrato que ascendió a COP 2.936 millones y tenía como objeto la construcción de placa huella en zonas rurales del municipio.
Los recursos provenían del Sistema General de Regalías (SGR), asignados por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto.
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De acuerdo con los elementos de prueba recopilados por el ente acusador, en la etapa precontractual se habrían presentado irregularidades en la planeación, estructuración y elaboración de los estudios previos. En esa fase, en la que participó el entonces secretario de Planeación, presuntamente se restringió la participación de oferentes y se habrían incluido requisitos orientados a favorecer a un único proponente.
La investigación también señala a César Augusto Ortega Ramírez, representante de una de las empresas del consorcio contratista, de haber presentado una oferta con documentos como hojas de vida y cartas de compromiso sin autorización de algunos profesionales, quienes no tenían vínculo con la firma o desconocían su inclusión en la propuesta.
Por su parte, el exalcalde Medina Carvajal, en su rol de ordenador del gasto, habría tenido conocimiento de las presuntas irregularidades, pero permitió la continuidad del proceso y la posterior firma del contrato, según la Fiscalía.
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Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó a los tres hombres el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Adicionalmente, a Ortega Ramírez le fueron formulados cargos por falsedad en documento privado y violación de datos personales.
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