El excongresista del Centro Democrático, Gustavo Londoño García, compró votos para llegar al Congreso en las elecciones legislativas de 2018. Así lo determinó la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que acaba de condenarlo a cinco años y cinco meses de prisión domiciliaria por el delito de corrupción al sufragante. De acuerdo con el expediente, el exrepresentante a la Cámara entregó títulos académicos falsos para incentivar a ciudadanos a que votaran por él.
El alto tribunal encontró que el político entregó títulos de bachillerato y cursos de capacitación expedidos por el instituto Petroschool, en medio de la campaña proselitista. La Sala afirmó que el Congresista “no solo consintió, sino que se benefició directamente de la entrega masiva de títulos académicos sin respaldo legal, como forma de captar apoyo electoral en comunidades vulnerables del departamento del Vichada”.
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Asimismo, la Corte encontró que todo estuvo enmarcado en una “estrategia, diseñada y ejecutada desde la sede misma de su campaña y en coordinación con el rector del establecimiento educativo Petroschool, transformó una necesidad social del acceso a la educación, como forma de desarrollo, en un instrumento de manipulación clientelista, donde el conocimiento fue sustituido por el cálculo electoral.
El alto tribunal reprochó que “el voto ciudadano constituye un derecho y su ejercicio libre e informado es la base de la democracia, por lo que ofrecer dádivas o beneficios a cambio de sufragios constituye una grave afectación a la transparencia electoral y a la legitimidad de las instituciones”. Por eso, le impuso a Londoño García una condena de 66 meses más un día de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, igual al de la pena principal impuesta.
Por otra parte, la Sala le ordenó pagar una multa de 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos. Aunque el excongresista pidió ser absuelto, la Corte negó su petición, pero accedió a la sustitución de la pena privativa de la libertad en establecimiento carcelario por la prisión domiciliaria.
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