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12 Jan 2023 - 4:18 p. m.

Excongresista Roberto Herrera pagará más de ocho años de cárcel por corrupción

El “zar de las libranzas”, como es conocido Herrera, según la justicia, recibió beneficios económicos de varias personas por haber gestionado recursos ante entidades gubernamentales y haberlos entregado a varios contratistas.
El “zar de las libranzas”, como es conocido Herrera, recibió beneficios económicos de varios particulares por haber gestionado recursos ante entidades gubernamentales y haberle entregado estos recursos a varios contratistas.
El “zar de las libranzas”, como es conocido Herrera, recibió beneficios económicos de varios particulares por haber gestionado recursos ante entidades gubernamentales y haberle entregado estos recursos a varios contratistas.
Foto: Cortesía

Por su participación en un entramado de corrupción en la contratación de obras públicas en el departamento de Magdalena, el excongresista Roberto José Herrera Díaz fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a ocho años y 10 meses de prisión. El político aceptó su responsabilidad ante el alto tribunal y se acogió a sentencia anticipada una vez aceptó cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

En el fallo de más de 200 páginas conocido por este diario, la Corte le ordenó al político pagar una multa por un poco más de $5.000 millones al Consejo Superior de la Judicatura. Además, deberá pagar alrededor de $9.000 millones a los municipios de Salamina, El Piñón, Pivijay, Guamal, Cerro de San Antonio y Santa Bárbara de Pinto por los daños ocasionados. En la misma decisión, el alto tribunal compulsó copias a la dirección de extinción de dominio de la Fiscalía para que indague si los bienes de Herrera fueron adquiridos de forma ilegal.

El político está ante los estrados judiciales porque la Corte halló que consiguió recursos para entes privados que terminaron siendo los únicos oferentes en los procesos de licitación en varios contratos que se suscribieron en municipios de Magdalena y Bolívar entre 2012 y 2016 para adelantar obras de infraestructura. Lo que trascendió en la investigación es que el político realizó gestiones ante el Instituto Nacional de Vías (Invías), el Fondo Financiero de Desarrollo (Fonade), el Departamento Administrativo del Deporte (Coldeportes) y el Ministerio de Vivienda.

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Lo que reposa en el fallo es que Herrera, a cambio de esa gestión, recibió coimas a través de tres modalidades: entregando dinero en efectivo, comprando bienes y servicios a su favor, o cubriendo sus deudas. Para la Sala de Primera Instancia está claro que el objetivo del pacto delictivo entre el exrepresentante y los contratistas consistió en ejercer su poder e influencia, derivada de su condición de congresista, para obtener los recursos que permitieran financiar proyectos de infraestructura en varios municipios de la costa.

“Cuando el procesado empezó la gestión a favor de los contratistas sabía que estaba liderando una empresa criminal con tentáculos en las grandes esferas del poder público nacional y local, que permeaba la Rama Ejecutiva, así como el Gobierno Nacional y municipal. No hay duda de su pertenencia y liderazgo de la agrupación criminal desde su creación”, explicó el fallo de 200 páginas con ponencia del magistrado Ariel Torres.

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Lo que dice la sentencia es que la red de corrupción tenía un “modus operandi” que vinculaba al grupo de contratistas que, directamente o por medio de la conformación de uniones temporales o consorcios, participaban en los procesos licitatorios iniciados con los recursos obtenidos, apareciendo como únicos proponentes para el mejoramiento o construcción de vías terciarias, polideportivos y acueductos.

La Corte le reprocha a Herrera que él conocía del “entramado criminal” respecto de los anticipos que había sobre las obras y que, además, los mismos contratistas trasladarían a través de consignaciones a sus cuentas bancarias el pago de pasivos y bienes a su servicios. Por estos hechos, Herrera, en junio de 2020 se entregó a la justicia después de que la Corte Suprema impusiera medida de aseguramiento.

Para ese entonces, la Sala de Instrucción de la Corte afirmó que Herrera representaba un peligro para el desarrollo del proceso, ya que podría comprometer varias pruebas recogidas por la justicia. Además de este proceso, el excongresista resultó salpicado dentro del escándalo de las libranzas en Colombia. En 2016 fue señalado de participar en un desfalco a miles de inversionistas a través de la empresa “Elite”, que captó alrededor de $1.2 billones, haciendo que alrededor de 6.000 de sus inversores perdieran sus ahorros.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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