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Más de 30 exconsejeros de Estado le enviaron una carta al presidente Gustavo Petro, en la que le piden respetar la separación de poderes y cumplir con su deber. Este llamado de los exmagistrados tuvo su origen en algunas declaraciones del primer mandatario en su visita a Barranquilla, pues , durante su discurso, señaló que no se había podido bajar las tarifas de energía, por cuenta de fallos judiciales que “los cierran jurídicamente”.
El presidente Petro, con esa afirmación, se refería directamente al exmagistrado Roberto Serrato que, en 2023, tumbó el decreto expedido por el Ejecutivo, y que buscaba otorgarle funciones regulatorias al jefe de Estado para intervenir en las tarifas de los servicios públicos. “Nos encerraron jurídicamente, como hizo el magistrado Roberto Serrato, amigo del (ex) procurador Alejandro Ordoñez, que lo último que hizo antes de salir de su puesto en el Consejo de Estado fue tumbar el decreto donde yo asumía las facultades constitucionales, como dice la Constitución, de ser el rector de los servicios públicos en Colombia”, señaló el presidente.
En la misiva, los exmagistrados del Consejo de Estado respondieron: “Quienes hemos cumplido con la sagrada función de administrar justicia en nuestro Estado de Derecho, desde la trascendental especialidad de ser los jueces del Estado, hemos actuado siempre con la total convicción de tomar las decisiones respaldados en la normativa que rige cada caso concreto. Por esa razón manifestamos nuestro asombro frente al hecho de que el Presidente de la República ponga en tela de juicio mediáticamente las decisiones tomadas legitima y jurídicamente por los jueces, pretendiendo ridiculizarlas”.
En la misiva, que reúne la firma de más de 30 exmagistrados, argumentaron que sobre el presidente Petro “recae la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir todo el ordenamiento jurídico. Lo invitamos a que no desconozca su deber de utilizar las vías estrictamente legales establecidas para controvertir las decisiones judiciales, vale decir las de los recursos e intervenciones dentro del respectivo proceso. Esa es la garantía del debido proceso, de la legalidad, y es lo que corresponde al Estado de Derecho”.
La carta, además, consigna un llamado de atención para el mandatario, pues, en concepto de los antiguos togados, el hecho de mencionar públicamente al magistrado ponente, podría poner en riesgo su seguridad y la de su familia, sobre todo “en un ambiente violento como el que agobia a nuestro país”. “Hacemos un llamado respetuoso a que el señor Presidente de la República sea garante de los derechos fundamentales de todos los colombianos y a que, como le corresponde, promueva el respeto por la integridad institucional, la separación de poderes, el acatamiento de la normativa que rige nuestro Estado, que es de Derecho, y la promoción de la paz social”, concluye la misiva.
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